Integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac tomaron nuevamente este miércoles las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en Ciudad Administrativa, ante la falta de diálogo con su titular, Ernesto González Romo, y advirtieron que podrían recurrir a nuevas acciones jurídicas y movilizaciones.
La protesta, la segunda realizada la última semana, provocó la suspensión de actividades en la dependencia. Los inconformes, en su mayoría trabajadores jubilados, exigieron ser recibidos por González Romo para discutir las publicaciones que ha realizado sobre las llamadas “pensiones doradas” del Issstezac.
Recordaron que desde la semana pasada solicitaron un encuentro con el secretario para conocer directamente sus argumentos respecto a la difusión de información de pensionados que reciben montos elevados, pero hasta este miércoles no habían conseguido concretarlo.
Los manifestantes consideran que la información ha sido presentada de manera sesgada y rechazaron que el monto de una pensión pueda ser considerado, por sí mismo, una irregularidad cuando el beneficio fue obtenido conforme a las disposiciones vigentes y después de años de servicio, cotizaciones y aportaciones al instituto.
También cuestionaron que la atención pública se concentre en las percepciones de los jubilados y exigieron que se revisen con el mismo criterio los salarios de funcionarios de la administración estatal y del propio Issstezac.
Los integrantes del movimiento sostuvieron que, además de señalar las pensiones de mayor cuantía, las autoridades deberían investigar y, en su caso, proceder legalmente contra servidores públicos de administraciones pasadas y actuales que pudieran tener responsabilidad en el deterioro financiero del organismo.
Asimismo, señalaron que las consecuencias de la crisis del Issstezac continúan repercutiendo en sus derechos y prestaciones, y afirmaron que algunos pensionados todavía enfrentan retrasos en pagos que les corresponden.
Durante la protesta fueron colocadas pancartas y lonas en el exterior del inmueble con críticas contra autoridades estatales y directivos del instituto. Los participantes reiteraron que las pensiones que reciben fueron obtenidas legalmente después de décadas de trabajo.
También cuestionaron que González Romo haya divulgado en redes sociales nombres y otros datos de beneficiarios de las denominadas “pensiones doradas”, algunas de las cuales superan los 100 mil pesos mensuales.
En contraste, los manifestantes demandaron que también se transparenten lo que denominaron “sueldos dorados” de funcionarios públicos y que la revisión de percepciones no se limite a quienes ya se encuentran jubilados.
Ante la falta de un encuentro con el titular de la SFP, advirtieron que el movimiento se reserva el derecho de recurrir nuevamente a tribunales o continuar con las movilizaciones.
La decisión será tomada de manera colectiva en asamblea, en la que también se determinará la continuidad de la toma de las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública.
