El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mediante el comunicado N. 9 el día 30 de agosto del 2024 ha presentado su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 (IEPDS). Este informe pone en evidencia las principales carencias y desafíos que enfrenta la población mexicana, con un enfoque particular en los Grupos Históricamente Discriminados (GHD), como niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, personas indígenas y personas con discapacidad.
El informe destaca que, a nivel nacional, las carencias por acceso a la seguridad social y a la salud son las más prevalentes, afectando de manera desproporcionada a los grupos históricamente discriminados. En el ámbito de la educación, se señala que en el ciclo escolar 2022-2023, sólo el 66.6% de los niños de 3 a 5 años estaban matriculados en preescolar, mientras que la tasa neta de matriculación en media superior, entre los 15 y 17 años, fue de apenas 62.5%. En 2022, el 25.6% de los adolescentes de 15 a 17 años y el 16.7% de los niños de 5 a 14 años no asistían a la escuela, principalmente por la necesidad de trabajar o la falta de recursos económicos.
En cuanto a la población joven, el informe subraya que solo el 41.9% de quienes tienen educación media superior asisten a la educación superior, lo que limita su acceso a empleos formales y los expone a condiciones laborales precarias. De los 31.9 millones de personas ocupadas en el sector informal en 2022, 9.6 millones eran jóvenes. Esta situación no solo afecta sus ingresos y acceso a seguridad social, sino también su capacidad para acumular experiencia laboral y asegurarse un retiro digno.
También se aborda la situación de las personas adultas mayores, destacando que en 2022, el 97.9% de las mujeres indígenas mayores que viven en áreas rurales nunca habían cotizado a una institución de seguridad social. Para el 39.9% de esta población, los programas sociales fueron la principal fuente de ingreso monetario, lo que refleja su alta vulnerabilidad ante riesgos como enfermedades y la falta de un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas. A pesar de los esfuerzos para universalizar las pensiones no contributivas, en 2022, 1.9 millones de personas adultas mayores aún no recibían jubilación o pensión.
El informe concluye que, si bien se han hecho esfuerzos por aumentar la cobertura y el alcance de los programas sociales, su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo requiere del fortalecimiento del sistema tributario mediante medidas progresivas y la diversificación de fuentes de ingresos. También se enfatiza la necesidad de priorizar el gasto en desarrollo social, especialmente en los grupos más vulnerables, y de fortalecer los servicios de salud para garantizar el acceso efectivo a este derecho, dado que la carencia en salud es la que más ha aumentado en los últimos años.
CONEVAL recomienda que el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND) incorpore un enfoque de curso de vida para abordar las inequidades en el ejercicio de los derechos sociales a lo largo de las distintas etapas de la vida, y que se considere la implementación de un sistema de cuidados universal que responda a las necesidades de los grupos más vulnerables, como la primera infancia, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Además, se sugiere que el sistema de pensiones se fortalezca con nuevas vías de financiamiento que prioricen la equidad tributaria y la protección de los grupos vulnerables, y que se incremente el presupuesto destinado al sector salud, con especial atención a las personas que no cuentan con seguridad social.
