■ Comentarios Libres
Hay un texto denominado Los compromisos con la Nación, de la Editorial Plaza & Janés, y sus coautores son: Carlos Fuentes; Lorenzo Meyer; Jorge G. Castañeda; Adolfo Aguilar Zínser; Enrique González Pedrero; Ricardo García Sáinz; Julieta Campos; Raúl Padilla; Clara Jusidman; Elba Esther Gordillo; Carlos Montemayor; David Ibarra; Jacobo Zaidenweber; Vicente Fox; Santiago Creel; Víctor Flores Olea; Manuel Camacho Solís y Porfirio Muñoz Ledo.
En el orden, cada uno aborda los siguientes temas: Hacia el milenio; Estado, soberanía y nacionalismo; El TLC y las relaciones México-Estados Unidos; E. compromiso de combatir la corrupción; Escenarios de la política mexicana; El compromiso social del Estado mexicano; El compromiso con “el otro México”; Educación y cultura en México: retos y compromisos; Hacia nuevas relaciones de género; Los compromisos con los trabajadores; Los compromisos con los pueblos indígenas y la paz social; México en crisis: reforma, instituciones y transición; Los compromisos con la producción; Los compromisos para el desarrollo social regional y el federalismo; La democracia electoral; ¿Qué democracia?; La transición democrática y los Compromisos con la transformación democrática del Estado.
Muy importantes todos sin restar mérito a ninguno de los coautores.
Yo considero actual y de suma importancia, Escenarios de la política mexicana, cuyo autor es Enrique González Pedrero. Inclusive, retomo uno de los subtítulos de su trabajo para denominar a esta colaboración.
Textualmente, transcribo una parte del tema que con todo profesionalismo aborda el licenciado González Pedrero:
Para incidir en la vida política de las sociedades de masas contemporáneas, el ciudadano ha de escoger a quienes lo representarán en la gestión de asuntos públicos a los que, en lo personal, no puede o no desea dedicarse.
Cuando se eligen representantes mediante la división del territorio nacional en circunscripciones o distritos electorales, ¿a quién representa el representante?, ¿a la mayoría que lo ha elegido o al conjunto de los electores?, ¿toman en cuenta los representantes la religión, las etnias, las regiones, el ingreso, los problemas del medio, el sexo, la formación de los representados? Y en cuanto al mandato, ¿es preciso o general? ¿Puede revocarse? Y, si así fuera, ¿cuál sería su duración? ¿Es el representante vocero de los representados o, una vez que ha recibido el mandato por virtud de la representación misma tiene capacidad para decidir motu proprio? ¿Representan los elegidos al conjunto de sus electores (a la nación), o a los partidos que los postulan, como suele ocurrir en la práctica en la moderna sociedad de partidos y, en consecuencia, sólo a una parte de la nación?
Tales interrogantes nos conducen a “modelos” diversos; la representación como delegación; la representación como una relación fiduciaria y la representatividad sociológica, según la consigna el Diccionario de política de Norberto Bobbio y Niccola Matteuci. En el primer caso, el representante es un delegado y, como tal, no actúa por sí mismo. Es, simplemente, un ejecutor de instrucciones de sus representados. Este fue el Caso de los diputados que elaboraron nuestra Constitución Federal de 1824. El segundo modelo sí le reconoce autonomía al representante: actúa según el interés de los representados, pero tal y como lo percibe o lo interpreta. El tercer esquema, del representante-reflejo, supone en quien recibe el mandato popular la capacidad de actuación suficiente para asimilar el conjunto de características del cuerpo social que deberá reflejar durante su periodo de representación.
De cualquier manera, resulta claro que un representante requiere siempre de un margen de libertad, sin que llegue a ser tan laxa que signifique una ruptura de los vínculos que han de mantenerse siempre con los representados. Y cuando existen grupos poco integrados o marginales, sin adhesiones políticas muy definidas, se vuelve operante la representatividad-reflejo, que permite a muchos reconocerse en uno o varios actores políticos.
Para que una representación sea efectiva, tiene que ser electiva. Y las elecciones han de ser competitivas, y ofrecer garantías de libertad del sufragio; si esto no se cumple, las elecciones pierden todo carácter de otorgadoras de representatividad. A ese requisito esencial hay que añadir el de ser equitativas, incluyendo el financiamiento público y privado y la participación equivalente en los medios de comunicación.
Ahora bien, en la medida en que las elecciones son también un juicio y una opción selectiva, hay que entender que no sólo entran en juego los candidatos como personas, sino los programas que representan y las decisiones y los actos en los que están comprometidos como miembros de un partido. Los candidatos juegan un papel importante, pero también las ideologías y los programas que compiten, y las decisiones y actos políticos que implican.
Más que una competencia entre candidatos, la confrontación suele darse entre ejércitos partidarios. A esos actores políticos (los partidos) los llama a responder el electorado, reclamándoles responsabilidad por sus actos y, en su caso, pasándoles facturas por sus omisiones.
La competencia electoral permite al elector elegir a los gobernantes y controlar sus acciones. El aspirante a obtener la representación debe pasar a través de un doble filtro: el del partido y el del electorado. El electorado elige, pero elige entre los candidatos que los partidos seleccionan. (pp. 115-117). ■
