En la sesión ordinaria de la 64 Legislatura celebrada este 2 de mayo, el diputado Ernesto González Romo presentó un paquete de 12 iniciativas con proyecto de decreto, por las que plantea reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado en distintas materias. El cual denominó el “Plan C Zacatecas”, destacando que es el primer legislativo en presentar un paquete tan grande de iniciativas que respaldan la ideología de la cuarta transformación en la región.
Gonzáles Romo dijo que el propósito es “garantizar que las próximas generaciones en Zacatecas tengan en nuestra Constitución el legado que ha dejado la cuarta transformación a nivel federal con una serie de reformas”, estas con la visión del futuro de la comunidad que se quiere crear.
El primer planteamiento es la propuesta de establecer un apoyo económico mensual para jóvenes desempleados, que busca no solo brindar un sustento económico necesario, sino también fomentar la capacitación laboral y contribuir a la erradicación del crimen organizado al ofrecer alternativas de desarrollo y crecimiento personal. En segundo lugar, se contempla la garantía de pensiones no contributivas para personas discapacitadas mayores de 65 años, acompañadas de servicios de rehabilitación, como parte del compromiso con la inclusión y el respeto a la dignidad de todas las personas. Para lograr lo anterior, plantea que el Estado deberá destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio de progresividad y no regresión.
En el ámbito judicial, y como tercer planteamiento, se propone homologar el sistema local con las reformas nacionales, promoviendo la participación ciudadana en la elección de magistrados y asegurando su responsabilidad ante la sociedad, con el fin de fortalecer la justicia y garantizar el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, y como cuarto punto se plantea la prohibición de la producción y comercialización de ciertos productos nocivos para la salud, como cigarrillos electrónicos y sustancias ilegales, como una medida de protección a la salud pública y prevención de enfermedades asociadas al consumo de dichos productos.
En el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, siendo la quinta iniciativa se busca fortalecer el IZAI a través de ciertos preceptos promoviendo el acceso a la información pública y la protección de datos personales, como herramientas fundamentales para la rendición de cuentas y la construcción de una sociedad más informada y participativa. A través del sexto planteamiento, se busca reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con el fin de garantizar su pleno ejercicio de derechos y su participación en la vida política, social y cultural del estado.
Como séptimo planteamiento y en el ámbito ambiental, se pretende declarar al estado libre de maíz genéticamente modificado y promover el consumo responsable del agua, como medidas para proteger el medio ambiente y asegurar el acceso a recursos naturales indispensables para la vida. En la octava propuesta se busca prohibir el maltrato animal y garantizar su protección, como parte del compromiso con el bienestar animal y el respeto a todas las formas de vida.
Por otro lado, y siendo la novena iniciativa se plantea mejorar las condiciones laborales mediante salarios dignos y revisiones anuales que no estén por debajo de la inflación, como una medida para promover la justicia social y el bienestar de los trabajadores zacatecanos. Como decimo punto, se propone determinar los casos en los que se debe dictar prisión preventiva derivado de que otras medidas cautelares resulten insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado en juicio.
Propuso asimismo que la Constitución del Estado de Zacatecas garantice atención médica completa y gratuita, incluyendo exámenes, cirugías y medicamentos. Finalmente planteó fortalecer los mecanismos para hacer cumplir los límites salariales de los funcionarios públicos, promoviendo el principio de austeridad para combatir la desigualdad social, la corrupción y el derroche de recursos. Esto incluye la limitación de viáticos y gastos de representación al 10% del salario o dieta para funcionarios de confianza y electos.
