En “Diálogos en Redes”, el maestro José Enciso preguntó a los candidatos a gobernador sobre su postura alrededor de cuatro temas: abrió con su postura frente al Estado Laico, y siguió con algunas definiciones que han sido polémicas en los últimos años, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción del embarazo. Me parece que la pregunta ya venía cargada con cierta “trampa” virtuosa, por la implicación de aceptar el Estado Laico con respecto a la postura de las restantes definiciones. Creemos que aceptar el Estado Laico predispone a la respuesta positiva a las siguientes posturas. Veremos por qué es así.
El Estado Laico tiene la misión de conciliar la diversidad de valores al interior de esta sociedad plural. Y no puede hacerlo imponiendo un valor de origen confesional al resto de la sociedad, aun con los mecanismos constitucionales existentes. Para realizar la mencionada misión, el Estado Laico debe respaldarse de un Ética Cívica que garantice la posibilidad de realización de los diversos valores pugnados por los diferentes grupos éticos de la sociedad. Una de las maneras de alcanzar este objetivo es haciendo uso de la ética formal alineada con la tradición liberal. Ética formal se refiere a formas y procedimientos de tomar decisiones sin comprometerse con el contenido de los valores particulares reivindicados. A las éticas que ponen la primacía en el contenido de algún valor específico, se le llama “ética material”. Pero como una ética cívica debe ser una que cumpla la posibilidad de ser aceptada racionalmente por toda la población aun con sus diferencias internas, es muy difícil que exista una ética material universal. Cuando se ha intentado, lo que ha ocurrido es un simple acto de imposición de los valores del grupo hegemónico al resto de la población. Por ello, la única manera de construir una ética cívica universal, es con éticas formales.
Toda comunidad confesional quiere o tiene la tendencia de elevar a universal sus valores particulares. Así, los grupos que dicen que la familia heterosexual es la “familia natural”, lo que hacen es afirmar que es la única que ‘debe’ establecerse como deseable, y cualquier otra opción es declarada, por tanto, como una desviación o perversión anti-natural. Declarar natural a una conducta humana específica es para dotarla de universalidad en el deber-ser. Pero no sólo la ética, sino la antropología se ha encargado de exhibir la gigantesca falacia de este mecanismo: no hay nada “natural” en las conductas humanas, todas son de origen cultural, y por tanto, su diversidad es tan amplia como culturas existentes. Y querer elevar a universal las pretensiones de una de las culturas no es más que el ya conocido etnocentrismo con el que actúa occidente. Los valores de origen confesional no pueden, lícitamente, elevarse a deber obligatorio para todos. Si una comunidad nos dice que es contra-natura o maligno comer cerdo, no nos lo pueden imponer a todos por vía de la ley. Si para algunos cristianos (porque no es para todos) la familia debe ser heterosexual, tampoco se puede imponer eso lícitamente a todos los grupos sociales existentes usando los mecanismos coercitivos del Estado.
Una ética cívica proclama como universal el ejercicio de la libertad para todos los miembros de la sociedad, siempre y cuando no se impida este mismo ejercicio a terceros. Eso lo podemos aceptar racionalmente como válido para todos; es decir, el enunciado “todos tenemos derecho a ejercer nuestra libertad”, es aceptado por todos. Hace consenso. Así pues, el Estado Laico lo que debe garantizar es este deber universal que, a su vez, preserva el derecho a la diversidad. Al momento de romper con esta condición formal e imponer a todas las personas un valor de origen confesional, es romper con el Estado Laico. Aun cuando esos valores particulares sean aceptados por la mayoría de la población, no deja de ser una imposición, y una práctica éticamente ilícita.
Es claro que los políticos se quieren congraciar con las mayorías para atraer el mayor número de votos. Pero esta práctica puede romper con los pilares esenciales del Estado Laico y su necesaria ética cívica. Y en ese último sentido, se oponen a la conveniencia de toda la sociedad. Ocurre así una paradoja: por querer congraciarse con las supuestas mayorías, terminan oponiéndose al interés general de la sociedad.
El señor Alejandro Tello afirmó estar de acuerdo con el Estado Laico, y se pronunció en contra del ejercicio de la libertad de grupos particulares de la sociedad, como las parejas del mismo sexo a casarse. Es una abierta contradicción. No se trata de estar personalmente de acuerdo con ciertos valores particulares, sino de estar de acuerdo en la Ley que reconoce la legitimidad de valores diversos. Esto es, estamos ante dos niveles del debate: la particular afinidad a los valores concretos (nivel de la moralidad), y la aceptación como figura pública (eso es un candidato) de los requisitos del Estado Laico (nivel de ética cívica). La pregunta va dirigida ‘al candidato’, esto es, a la posición de la figura pública frente a cuestiones públicas (leyes que reconocen derechos). Así las cosas, se puede no gustar de ciertos valores particulares, pero Sí aceptar que las comunidades que los reivindican, tienen legítimo derecho a ejercerlos con legal libertad. En el caso, cabe mencionar la conducta atroz de un candidato independiente, que incluso justificó abiertamente su posición “por sus creencias religiosas” (¡Puff!). O el intencional ocultamiento del señor Rafa Flores que no muestra el mínimo valor civil de responder a dicho cuestionamiento. Peor señal que la del contador Alejandro Tello. ■
