Delegados del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) reiteraron la intención de someter a votación, en Asamblea General, la destitución del secretario general, José Juan Martínez Pardo, debido a que realizó acciones contrarias a las disposiciones estatutarias, entre ellas, conjurar el emplazamiento a huelga sin consultar a los agremiados.
En conferencia de prensa, informaron que la Asamblea General será convocada por el Comité Ejecutivo, ya que seis de los 11 integrantes votaron a favor de efectuarla, y se espera que se realice este miércoles o jueves,
Verónica Aguilar Vázquez, del Archivo General; Raúl Morones, de Preparatoria 4; Elva Jiménez, de Preparatoria 2, y Carlos Ríos Martínez, de Estudios Nucleares, quienes fungieron como voceros de los delegados, señalaron que el secretario general firmó el desistimiento de huelga días antes de su vencimiento y sin consultarlo a través de un plebiscito.
Sobre los argumentos que les ha presentado Martínez Pardo, indicaron que, si bien las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo modifican algunos de los contenidos anteriores por la vía de la redefinición de atribuciones o de cambios procedimentales, “ello no supone atribuirse la capacidad de firmar un convenio de conjuramiento por decisión unipersonal y previo a la fecha establecida para la consulta, como lo hizo el secretario general”.
Según expusieron, “el desistimiento consistió en la realización de un convenio definitivo de conjuración del proceso de huelga en el que participaron las dos partes, la emplazada y la emplazadora, mediante el cual acordaron admitir como suficientes y satisfactorios los ofrecimientos de la Rectoría. Una vez firmado con la contraparte y entregado el documento a las instancias correspondientes, quedó asentado legalmente el desistimiento”.
A pesar de que el secretario general está facultado para signar documentos desde una perspectiva jurídica, ya que tiene la representación legal del sindicato, “desde la perspectiva estatutaria del Spauaz violó el espíritu del clausulado. En particular, transgredió las facultades del Comité de Huelga y de la Asamblea General, y desacató los acuerdos desarrollados en el proceso de prehuelga en materia de consulta y aprobación”.
Además, señalaron que los ofrecimientos de Rectoría desde el inicio se valoraron en su mayor parte como violatorios al Contrato Colectivo de Trabajo o al menos insuficientes, incluso por el secretario general, ya que algunos perjudican a todos los afiliados como el incremento salarial, mientras que otros lo hacen a los sectores más vulnerables como la no basificación.
“Por la forma como se desarrolló el convenio, a espaldas de los afiliados y de miembros del Comité Ejecutivo para luego esconder el documento, se traicionó la confianza de los representados, en especial de esa mayoría de escasa o nula participación en la vida sindical”, dijeron los voceros.
Asimismo, señalaron que Martínez Pardo, antes de este acto de conjuramiento, “ha entorpecido y retrasado el desarrollo de la reforma estatutaria que debería haber culminado en 2021 bajo condiciones de trabajo armónicas y que, gracias a diversas participaciones, preveía el saneamiento de prácticas hasta ahora observables en nuestra organización”.
Una vez admitido el conjuramiento por las instancias correspondientes, comentaron que los procedimientos legales se encuentran agotados, motivo por el que 17 delegaciones ya se pronunciaron formalmente por promover su remoción.
Para ello, el artículo 31 de los estatutos refieren que «los secretarios y coordinadores del Comité Ejecutivo durarán en su cargo tres años y podrán ser renovados por persistente incumplimiento en sus responsabilidades, por tomarse atribuciones que correspondan a otra instancia y que afecten gravemente la vida sindical».
“Defendemos que la esencia de la vida sindical es la libertad de pensamiento, como también lo es la solidaridad. Por tal motivo, no buscamos imponer nuestra propia lectura de los acontecimientos sino compartirla a través de los medios para que llegue a la opinión pública, la sociedad y la comunidad universitaria. Tampoco pretendemos forzar ninguna acción, pero sí llamar a la respuesta que favorezca a la defensa de nuestros derechos contractuales e intereses académicos, la mejora de las condiciones de trabajo y el fortalecimiento de la vida sindical”.
Sobre los mecanismos de destitución del secretario general, informaron que, en el plano legal, el recurso es la consulta a la Asamblea General a fin de que en ella se decida si se avala su destitución.
Sin embargo, expusieron que, una vez conseguida la destitución, hay tareas pendientes importantes que deben ser atendidas a la brevedad, entre ellas culminar la propuesta de reforma estatutaria, votarla y registrar los estatutos resultantes; preparar y realizar nuevos emplazamientos a huelga por violaciones persistentes; y rescatar y transparentar la Fundación sindical.
