La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma de un paquete de reformas secundarias en materia energética. Con lo que se busca recuperar el carácter de empresas públicas de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal Electricidad, al igual que otorgar a la Secretaría de Energía la capacidad de planeación y supervisión en el desarrollo de este sector garantizando la transición energética. En este contexto, figuras como la doctora Imelda Ortiz Medina, investigadora docente de la BUAZ, y las diputadas locales Ruth Calderón Babún e Isadora Santibáñez han expresado sus posturas.
Ortiz Medina señaló en primera instancia que la reforma energética de 2013 prometió una mayor eficiencia en la administración de estos recursos, pero dicha promesa no se cumplió. Por lo que consideró que la decisión de Sheinbaum de revertir esta reforma es acertada y demuestra su firmeza para enfrentar los desafíos económicos de México, destacando que Pemex y la CFE son fundamentales para la identidad nacional.
Por ende, afirmó que esta medida fortalecerá el control de México sobre sus propios recursos, lo cual es esencial para la estabilidad y el desarrollo del país. En su opinión, la soberanía energética es una prioridad que no debe perderse, ya que, al depender de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, México corre el riesgo de verse subyugado a sus intereses.
“Permitirá tener el control ante la toma de decisiones tanto en el ámbito económico como político. En lo económico, a aparte de mayores recursos para el Estado, también, ayuda a no depender de la importación de hidrocarburos, y a un precio más asequible para los mexicanos. Además de que, el gobierno mantendrá el control de la inversión privada y transparente, simplificará tramites, etc.”
“Tomemos como referencia lo que pasó en España, donde este, al ser privatizado este recurso, se volvió excesivamente caro para la población” afirmó.
La doctora también comentó sobre la viabilidad de la propuesta de Sheinbaum de operar bajo el principio de austeridad republicana. A pesar de que las empresas estatales pueden enfrentar problemas de eficiencia por la falta de control sobre los recursos, la académica considera que el éxito de este enfoque depende de tres factores: una mayor inversión en desarrollo tecnológico y energías limpias, la creación de instrumentos jurídicos que aseguren la eficiencia y transparencia, y la implementación de mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de estos principios.
Aunque, reconoció que los problemas de corrupción y opacidad en México son desafíos estructurales importantes que deben ser enfrentados para lograr el éxito de estas reformas.
Por su parte, la diputada local por MORENA, Ruth Calderón Babún, destacó igualmente que al retomar el control de la producción de combustibles y energéticos bajo la rectoría del Estado, México podrá regular mejor la distribución y los precios de la energía, sin depender de las condiciones impuestas por la iniciativa privada. Esto permitirá al gobierno tomar decisiones más justas y eficientes en beneficio de la nación, garantizando que los recursos estratégicos del país no estén al servicio de unos pocos intereses privados.
La diputada enfatizó que no se trata de una nacionalización, sino de abrir las puertas a la inversión privada bajo un esquema justo y transparente. Aseguró que este enfoque evitará la discrecionalidad y el abuso económico que se ha visto en el pasado, al tiempo que permitirá una participación externa controlada.
Sin embargo, la viabilidad de esta estrategia dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar el control estatal con la inversión privada, asegurando que ambas partes trabajen en conjunto para el desarrollo energético del país, sin caer en prácticas corruptas o ineficientes.
Por último, Calderón Babún subrayó que, lejos de comprometer su operación, la austeridad puede promover una mayor eficiencia y transparencia. Señaló que la clave para que esta medida sea exitosa radica en encontrar un equilibrio entre la reducción de gastos innecesarios y la inversión estratégica, lo cual permitirá a las empresas operar de manera efectiva, con seguridad financiera y sostenibilidad a largo plazo.
Finalmente, la diputada local por el PRI, Isadora Santibáñez, expresó su preocupación por el proceso legislativo actual, en el que las reformas y propuestas enviadas por el Ejecutivo Federal se aprueban rápidamente, sin permitir un análisis detallado ni la posibilidad de proponer cambios.
En cuanto a la reversión de las reformas neoliberales en el sector energético, Santibáñez destacó que, como oposición, no se oponen a todo, pero consideró que el gobierno está buscando armonizar todo a su conveniencia, lo que podría llevar al país hacia un control absoluto del estado, limitando las posibilidades de la oposición y de los ciudadanos que no comparten las políticas del gobierno.
Respecto a la soberanía energética, la diputada reconoció que algunas reformas propuestas por el gobierno no son del todo negativas, pero advirtió que reformas anteriores, como el INSABI, no habían dado buenos resultados, dejando a millones de mexicanos sin acceso adecuado a servicios de salud, además de que ha aumentado la pobreza energética.
“Quiero comentarte que de acuerdo a México Evalúa, del 2020 al 2022, el número de hogares en pobreza energética aumentó de 4.8 a 4.9 millones, lo que afecta a 14.1 por ciento de la población, equivalente a 17.9 millones de personas”
En este sentido, señaló que Zacatecas tiene el potencial de ser líder en estas áreas, aunque se necesita un presupuesto adecuado y la colaboración de todos los involucrados.
“Desde la legislatura del estado estaremos procurando estos temas y lograr colocar a Zacatecas como punta de lanza, sin embargo, se necesita presupuesto, porque consciente estoy que hay gestiones por parte de la secretaria Susana Rodríguez, quien está al frente de la SAMA, pero se necesita de las voluntades de todos los involucrados en la materia” concluyó.
