La insuficiencia de recursos para el gasto social, después de la caída del precio y producción petrolera, puso al descubierto la ausencia de contribuciones al fisco por parte de los grandes capitales. El grueso del peso fiscal cae en las capas medias de la población que tienen empleo formal ya que a estos se les quita (en automático) el 30 por ciento de impuesto sobre la renta y 16 por ciento a su poder de compra por vía del impuesto al consumo o al valor agregado. Es decir, una persona física de clase media con ingresos formales fijos, contribuye al gasto social con más de 45 por ciento de sus percepciones. ¿Y por qué empresas extranjeras que se hacen inmensamente ricas con los recursos de nuestro subsuelo pagan 8 por ciento? Asimismo, las leyes que no gravan las herencias y sub-gravan las operaciones de bolsa y tampoco obligan la contribución al capital, son injustas. Por eso se entiende que estos grandes capitales hayan quintuplicado sus volúmenes de ganancia en los últimos 30 años, mientras el conjunto del país apenas crece a 2 por ciento. Y hasta les sobró capacidad de ahorro e inversión que se fueron a invertir a Centro y Sudamérica. En suma, el petróleo cubría su omisión tributaria.
Los grandes tiburones del capital no contribuyen al desarrollo del país por medio del gasto público, se guardan todas sus ganancias que los convierten en integrantes del selecto grupo de los hombres más ricos del mundo, dentro de los países más desiguales del mundo. La sobreacumulación de capital se provoca porque no hay una medida que les haga distribuir esa riqueza en el país que se las ha generado. No es lo mismo el impuesto a los ingresos que el impuesto al capital. Este segundo está fuera de la mirada de hacienda, mientras el resto del país sufre por causa de su omisión, que bien está decirlo, han sido protegidos por la clase política comprada por los encantos de los ‘regalos’.
En el caso del impuesto ecológico, se supone es el cobro de un costo social (o costo de resiliencia) de los impactos ambientales negativos. Se llevan las riquezas y dejan los costos ambientales a la responsabilidad del Estado. Es la expresión de la injusticia sólo comparable a las economías coloniales. ¿Somos acaso una colonia? De hecho, podemos reclamar la ejecución de ese impuesto pero por insuficiente y tibio. Se debe exigir a la clase política mexicana que grave con el 30 por ciento de sus ganancias totales a las empresas mineras. Aunque hay quienes argumentan que debe ser el 50 por ciento porque el origen de su riqueza es un recurso nacional finito; y ponen de ejemplo, a los medieros agrícolas: quien pone el terreno recibe el 50 por ciento de las ganancias, así de la misma manera, la nación está poniendo el terreno, pero además de recursos no renovables, algo más grave que la agricultura, que trabaja con recursos relativamente renovables. Así las cosas, queda al descubierto la causa de las enormes fortunas de los dueños de los grandes capitales nacionales (y algunos extranjeros que trabajan en México): la omisión tributaria y el despojo de los recursos naturales y la fuerza de trabajo nacional. NO más: ya basta. Deben pagar.
