Llega caso de la muerte de Marcos a San Lázaro

■ Grupo Parlamentario de Morena presenta un Punto de Acuerdo que estará a consideración de la Comisión Permanente

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■ Exhorta a la FGR a que “en el marco de sus funciones” ejerza su facultad para atraer el caso e investigar la muerte del joven, el 10 de abril de 2019

Ayer el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión propuso un Punto de Acuerdo a consideración de la Comisión Permanente, en el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a que “en el marco de sus funciones” ejerza su facultad para atraer el caso e investigar la muerte del joven Marcos García, quien falleció el 10 de abril de 2019 a manos de la Policía Ministerial de Zacatecas, e impulse los procedimientos jurisdiccionales en contra de quienes estime responsables de su muerte.

Asimismo, pidió que se exhorte a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) a que emita a la brevedad posible la recomendación sobre la muerte del joven y que la haga de conocimiento de la soberanía, acción que igualmente ayer la comisión local hizo en la que responsabiliza al gobernador Alejandro Tello Cristerna, el fiscal general de Justicia del estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco; el Ministerio Público, los agentes de la Policía de Investigación y al director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), lugar del asesinato de Marcos, por negarse a entregar los videos para la investigación.

El Punto de Acuerdo se presentó con la proposición de urgente y obvia resolución “en memoria de todas aquellas víctimas que han sufrido violencia por parte de autoridades y que no han recibido justicia”, pues se recordó que el 10 de abril de 2019, Marcos García Benavides de 30 años, fue asesinado cuando caminaba por las instalaciones universitarias y que el titular de la Dirección General de Servicios Periciales, informó que los resultados de la necropsia indicaron que falleció debido a “asfixia por sofocación en su modalidad de compresión torácica y abdominal” que le habrían causado los agentes al tenerlo esposado en el suelo y colocársele encima.

“A más de un año de este atroz asesinato este sigue impune”, se leyó en el documento, ya que hasta el momento no existe ningún detenido ni fueron separados del cargo los policías ministeriales como medida cautelar; además de que la Fiscalía no ha dado a conocer a la familia de la víctima los resultados de las indagatorias, por lo que se exige justicia.

Este caso de brutalidad policiaca, se escribió en las consideraciones del Punto de Acuerdo, recuerda al asesinato del afroamericano George Floyd quien murió a manos del agente Derek Chauvin el pasado 25 de mayo tras ser arrestado por presunto uso de un billete falso, y que al ser presionado con la rodilla del agente por más de ocho minutos, ignorando las súplicas del detenido, murió. Pero también se recordó el caso reciente de Giovanni López, albañil jalisciense, quien murió también debido al exceso de la fuerza policial por no portar cubrebocas; y el último acaecido en Acatlán de Pérez, Oaxaca, donde policías municipales dispararon a un grupo de jóvenes ocasionando la muerte de un menor de 16 años, de nombre Alexander, truncando su sueño de ser futbolista.

“En el caso de Zacatecas, pareciera que existen elementos probatorios como lo menciona en entrevista el Director de Servicios Periciales para demostrar que estamos ante un probable caso de tortura, y como legisladores no podemos ser omisos ante ello”, se aseveró en el documento presentando ayer, en el que además se hace un llamado para castigar este delito, ya que constituye una ofensa directa a la dignidad humana y por ende, una de las “más graves violaciones de derechos humanos”.

Finalmente se recordó que a más de un año de este homicidio la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no ha entregado a los familiares de las víctimas los resultados de las indagatorias, por lo que se pide a Fiscalía General de la República para atraer el caso ya que esta tiene la facultad de atraer casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, y en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente, “garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente”.