Los pocos equilibrios y contrapesos institucionales que nos quedan en México recibieron dos bocanadas de oxígeno en los últimos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente procedió en contra de la Ley Bonilla, por unanimidad, al mostrarla como un intento injustificado, inconstitucional y, por ende, ilegal, de modificar la soberanía popular expresada en las urnas.
De que el Gobierno de México consintió la posibilidad de ratificar la extensión de mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez, queda constancia en el video que captó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando se pronunciaba porque la norma perviviera en la ponencia de alguno de los ministros.
No fue así. Finalmente, el criterio de inconstitucionalidad fue compartido por el pleno de la Suprema Corte de forma homogénea. Días antes, el Instituto Nacional Electoral dictó medidas cautelares en contra de la entrega de cartas firmadas a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, con las que se informaban sobre los créditos solidarios que actualmente otorga el IMSS.
Previo a que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE desahogara la procedencia de las medidas cautelares, el Instituto Mexicano del Seguro Social envió un correo electrónico para comunicar que se había desistido de enviar las misivas con el componente de propaganda personalizada a nombre del presidente de la república.
Así lo informaron los consejeros antes de declarar un receso en la sesión de la Comisión de Quejas. Y no obstante que el Seguro Social acordó eliminar la publicidad con elementos personales el 30 de mayo, luego, el 5 de abril, por instrucciones de la presidencia, el IMSS entregó a la oficialía de partes del Tribunal Electoral la impugnación a dichas medidas cautelares.
Al día siguiente, 6 de mayo, en sesión privada, la Sala Superior del TEPJF confirmó y sostuvo la decisión de INE. El poder ejecutivo federal no podría ir a contrasentido del artículo 134 constitucional, al promocionar la entrega de apoyos sociales con su nombre membretado. Una reforma electoral trascendente que provino de las dudas de la elección del 2006.
De la decisión del Tribunal Electoral no hay nada que aplaudir después de la evidente discrecionalidad con la que condujeron la elección interna de Morena en la Sala Superior. A tal grado que, recordemos, el mismo Alfonso Ramírez Cuellar solicitó a los magistrados aclararan un par de criterios contradictorios en sus resoluciones.
Esto a causa de un presidente centralizador de la vida democrática. Andrés Manuel olvida los pasajes históricos que construyeron el camino a su triunfo. En su nociva retórica prefiere el a favor o en contra de su “transformación”. Quienes no quepan en ella, leyes e instituciones incluidas, o son traidores u obedecen a intereses ocultos que lo persiguen de forma permanente.
Este mismo martes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública podría caer en la categoría de una institución que guardó silencio en otros sexenios, que está infiltrada por la corrupción, o que simplemente es una herencia del neoliberalismo. Y es que, según el CONEVAL, en los dos primeros años de su gobierno la pobreza no sólo se redujo, sino que ha ido en incremento.
De acuerdo con las estimaciones prospectivas del porcentaje de inflación, y el decrecimiento económico en México esperado por distintas instituciones financieras (causados por la crisis sanitaria), se espera que en nuestro país entre 6.1 y 10.7 millones de personas no cuenten con ingresos suficientes para adquirir una canasta básica alimentaria.
Mientras que otras 8.9-10 millones de personas tendrán ingresos insuficientes para, además de adquirir una canasta alimentaria, cubrir el costo de distintos bienes y servicios básicos. De ese total, la población más vulnerable es la que se concentra en zonas urbanas que es donde ha habido una notable desaceleración de la actividades comerciales.
Más allá de las transferencias monetarias que contienen el aumento de la pobreza, el CONEVAL señala que, actualmente, no hay estrategias gubernamentales dirigidas a proteger a la clase trabajadora que, en este contexto de crisis, verá afectados sus ingresos al punto en que enfrenten condiciones de vulnerabilidad o de franca pobreza.
Las condiciones están puestas para un incremento en el índice delictivo, especialmente en lo que se refiere a los delitos del fuero común (los robos a casa habitación y de vehículos tendrán un mayor repunte). En paralelo, el 2020 ha roto todos los registros mensuales de la tasa de homicidios dolosos, pese a que la Guardia Nacional patrulla las calles desde hace 11 meses.
El CONEVAL también fue consistente en un dato en el que hemos insistido en varios ocasiones aquí. La operación de los Servidores de la Nación se desarrolla en completa ausencia de capacitación en temas de protección a la salud para hacer frente a posibles infecciones de COVID-19. Además, estos funcionarios no cuentan ni con viáticos, ni con seguridad social, y aportan de sus ingresos para cumplir con los objetivos.
Twitter: @GabrielConV
