Justicia y género

Justicia y género

La justicia social es probablemente la mayor meta a seguir por las estructuras e instituciones gubernamentales; con ella se garantiza que a través de una redistribución más justa de la riqueza de una comunidad, todas y todos puedan tener acceso a oportunidades y a condiciones más equitativas e igualitarias de condiciones de vida que a su vez, se traduzca en vidas más dignas dentro de una comunidad.

Lamentablemente, son múltiples y muy extensas las causas que provocan las condiciones de desigualdad dentro de los pueblos; entre ellas, la cobertura y calidad de educación, salud, empleo, grado de marginalidad urbana y rural, desarrollo regional, comunicaciones, acceso a tecnologías de información, entre otras, y precisamente por la gran extensión de dichas causas es que ningún esfuerzo encaminado a garantizar el bienestar más amplio de las personas puede ir aislado. Es imperante que no sólo en el diseño de las políticas públicas, sino que además en la percepción del beneficiario y la ciudadanía en general, exista el sabor palpable de la transversalidad y las perspectivas de aplicación de las intervenciones públicas.

Entre la lista de situaciones urgentes en Zacatecas, se encuentra el debate sobre la calidad de vida de las niñas y mujeres, su derecho humano a vivir una vida libre de violencia y el combate sistemático a los modelos, roles, conductas y acciones que signifiquen patrones de violencia de género. Por ello, es que este tema en particular por tratarse de la forma más sistemática de violencia que vivimos hoy día, es urgente que la iniciativa pública no sólo esté revestida de fundamento científico y de perspectiva académica, sino que además las propuestas que pretendan combatir las causas o mitigar los efectos de la violencia de género -por obligación- deben tener una óptica transversal y con una amplia noción de justicia social.

De manera particular, hemos encontrado que en Zacatecas, como en todo el país, una de las situaciones que originan conductas de violencia contra las niñas y mujeres, es el hacinamiento: el poco espacio y escasa distribución con la que cuentan los hogares en zonas de alta vulnerabilidad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la vulnerabilidad es medible ya sea por carencias sociales o por ingresos; la primera hace referencia al grupo de personas que aun cuando su ingreso es superior a la línea del bienestar, sus condiciones de vida lo sitúan dentro de quienes ostentan una o más deficiencias sociales. Asimismo, la carencia por ingresos tiene que ver intrínsecamente con el salario y con las ganancias económicas que las personas generan y que incluso cuando no presentan carencias sociales, su ingreso monetario es inferior a la línea de bienestar. Estas dos grandes divisiones de la <<vulnerabilidad>> nos permiten dimensionar la enormidad de las causas que terminan lastimando a las personas a raíz de muchos factores. Pero, si bien este diagnóstico y recorrido técnico es indispensable para la propuesta de política pública, este reconocimiento debe ser aterrizado por las estructuras del aparato estatal en propuestas claras, concisas, objetivas y medibles.

Por ello, derivado del conjunto de esfuerzos de diversos niveles gubernamentales, es que hoy se considera en Zacatecas Capital que las niñas y mujeres que habitan en los polígonos de alta marginación y pobreza deben ser las primeras beneficiadas con mejoras en su hogar; entendiendo que en la medida en la que se eleva la dignidad de la casa-habitación, se disminuyen algunas causales de violencia de género. Esta política de mejora de vivienda con perspectiva de género, asume la responsabilidad pública de acercar la mayor cantidad de condiciones al núcleo familiar para prevenir las violencias de manera multidireccional, estableciendo parámetros de expectativas en la ciudadanía y gestionar de facto el beneficio buscado en la política pública. ■

*Presidente
municipal de Zacatecas

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