Pobreza y administración de la (in)justicia: cadenas persistentes

Pobreza y administración de la (in)justicia: cadenas persistentes

Zacatecas está por encima de la media nacional en el porcentaje de personas presas y no han sido condenadas: el 40 por ciento de las personas que están en las cárceles lo hacen bajo la condición de prisión preventiva. Es un dato brutal, pero real. Hay casos que podían ser parte de concursos de ‘casos increíbles’, como el de algunas denuncias que recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde un par de mexiquenses tenían la cantidad de 16 años en prisión y no habían recibido aún sentencia.

Además, sobre la condición dantesca que viven más de 100 mil mexicanos, se agrega la segregación de la justicia para los pobres. La Justicia y la condición de vivir la cárcel es selectiva: los pobres y los ricos experimentan sistemas de justicia distintos. Según México Evalúa, el 42 por ciento de los internos de centros penitenciarios fueron acusados o condenados por robo, el Prodh concluyó en una investigación que, de esos acusados por robo, el 62 por ciento era por un monto igual o menor a 2 mil pesos. El CIDE, de forma parecida, afirma que en la delimitación de Cdmx y Estado de México, las personas acusadas por robo, la mitad es por montos menores a 5 mil pesos. Es decir, una gran cantidad de delitos es por montos menores y los que defraudan por cantidades grandes son muy pocos. Así las cosas, la conclusión es evidente: si eres pobre y mexicano, y además eres acusado de algún delito, seguro bajarás al infierno. La discriminación por estrato económico en este país no es malo, es asqueroso.

La condición económica condiciona la contratación de abogados o hasta tener para las copias (que no son pocas) de los demenciales expedientes. Y la vida dentro de los penales es por demás contrastante: alimentos, ropa, jabones, cobijas, libros, y la incidencia dentro de los reclusorios por la posesión y carencia de medios. Condiciones que acumulan la desigualdad en la vida de una persona que viene de la pobreza, y se observan las diferencias de alguien con medios suficientes para sostener al menos una cama para dormir o hasta las condiciones de la visita conyugal, respecto a los que ni para una cama les alcanza. Es evidente que en Zacatecas (y en todo México) la justicia está separada: los pobres simplemente no la tienen. Y lo peor es que no se ve que eso vaya a terminar pronto, el sistema no solamente acumula presos en situación preventiva, sino que las reformas legislativas apuntan a incrementar los casos donde la investigación de su caso deberá ser en prisión, es decir, aumentarán los inquilinos no sentenciados en los penales y, de estos, la mayoría seguirá siendo pobre. Aquella consigna que fraseaba “por el bien de todos, primero los pobres” sigue muy lejos del sistema de la administración de justicia. La pobreza y la administración de la (in)justica siguen encadenados.

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