La inconformidad y protesta de los perjudicados en el caso del quebranto de las finanzas del ISSSTEZAC tienen una petición básica: certeza y confianza no sólo en el manejo del dinero, sino en las cuentas que se exponen. Es decir, la información recibida carece de legitimidad porque no tiene la confianza básica. Hace unos años (recordamos) se dieron cifras y, sobre ellas, se dio a conocer un estudio actuarial, que a su vez sirvió de base para plantear la exigencia de doblar las aportaciones de los beneficiarios del ISSSTEZAC. Y a la vuelta de tres años, se percibe una quiebra de los fondos. La conclusión es evidente: o la información era falsa o el estudio actuarial estaba mal elaborado o hubo malos manejos graves después de aquellas medidas impuestas que prometían soluciones de largo aliento.
La base para tomar decisiones es, siempre, información confiable. Sin esto último, las decisiones serán equívocas e ilegítimas. Y toda decisión ilegítima será fuente de conflicto social. Por ello es tan importante contar con los controles necesarios y suficientes que den garantía a la base de jubilados de seguridad en las cifras ofrecidas. Uno de los controles es la auditoría: ¿qué pasó en el proceso de crisis?, ¿hay forma de realizar el debido deslinde de responsabilidades?, y sobre todo, el despliegue de cifras que explican el problema mismo. Sin esto último, es imposible pensar en estrategias creíbles de solución.
Pues bien, la auditoría para contar las borregas se le encarga al sirviente del lobo. El auditor del estado le debe su ascenso al puesto que ahora tiene, al gobernador anterior (Alonso Reyes) que, justo en este momento, está señalado como el responsable más importante de la crisis. Un control básico de confianza en una auditoría es la independencia de esta: si hay conflicto de interés los resultados de la misma serán dudosos. Y la duda es ácido puro que corroe la legitimidad de la evaluación que se realice. ¿Hay confianza en los resultados de una auditoria sin el control básico de la estricta independencia de la misma? ¡Obvio no! Así las cosas, el gobernador debe actuar con prudencia (sabiduría) y pedirle a Brito que avale (por procedimiento) a la instancia auditora que los propios jubilados designen.
La ley dice que la ASE deberá avalar la instancia auditora designada. Pues que lo haga, pero a propuesta de la organización activa de jubilados. Si se elije a la instancia que los beneficiarios quieren, los resultados tendrán legitimidad, y si hay legitimidad en dichos resultados, las decisiones serán acompañados por la base de agremiados, y con ello, el manejo del conflicto será efectivo. De no ser así, el gobierno, y su nueva directiva deberá prepararse a un conflicto duro y desgastante. Es cierto que el nuevo propuesto a la directiva (Marco Vinicio) es reconocido como funcionario honesto, pero si no cuenta con información legitimada ante los agremiados, eso no valdrá de mucho en la operación de la solución del gordo problema que ahora tiene el ISSSTEZAC. Por eso es importante que el nuevo directivo abra a los agremiados la posibilidad que propongan despachos auditores para que estos generen la información confiable que ahora se requiere. Sapiencia es
prudencia.
