Urge crear el Consejo de la Judicatura para el Poder Judicial en Zacatecas

■ El estado, de las pocas entidades que no tienen esta figura: Armando Ávalos Arellano

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■ Podría coadyuvar en materia de transparencia, control y rendición de cuentas; “desde ese punto de vista como que sí ayudaría”: magistrado

■ Se debe realizar un estudio de impacto económico para saber exactamente “lo que representa, significa y saber si hay suficiencia presupuestal”: Raúl Ulloa

Aunque para abonar a las acciones de control interno, transparencia y buen funcionamiento del Poder Judicial de Zacatecas sería conveniente conformar un Consejo de la Judicatura a nivel estatal, las limitaciones presupuestales provocan que este paso sea casi imposible de dar.

Ésta fue la coincidencia que expresaron tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Armando Ávalos Arellano, como el diputado presidente de la comisión legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, Raúl Ulloa Guzmán.

Ávalos Arellano reconoció que Zacatecas es de las pocas entidades que no tienen esta figura; “si no me equivoco ya sólo somos dos los estados que no tenemos”, puntualizó.

No obstante, en un primer momento refirió que, pese a que “en algún momento” sí se planteó la posibilidad de conformar este Consejo, hasta ahora no se ha tenido la necesidad porque algunas de las funciones que tendría, relacionadas con “cuestiones administrativas, hacer exámenes para jueces, remoción de jueces, medidas disciplinarias”, las ha podido asumir el pleno del tribunal.

En este sentido apuntó que, por la cantidad de personas que en Zacatecas trabajan en el Poder Judicial, los magistrados del pleno han decidido no crear un Consejo de la Judicatura porque han podido sacar adelante el trabajo que le correspondería a esta instancia, además de cumplir con el trabajo en el ámbito jurisdiccional.

“No es una carga tan excesiva como para que nosotros pudiéramos decir ya no podemos hacerla; todavía la podemos hacer”, expuso.

Aun así, apuntó que no lo consideran innecesario sino que podría coadyuvar en materia de transparencia, control y rendición de cuentas; “desde ese punto de vista como que sí ayudaría”, consideró el magistrado presidente.

Sin embargo, destacó que la principal limitante para no llevar a cabo la creación de este organismo al interior del Poder Judicial del estado es el presupuesto, ya que un Consejo de la Judicatura estatal representaría un gasto adicional, “no sería para nada barato” y por ello resaltó que con el presupuesto del tribunal, y en el contexto actual de recortes, no sería posible soportar esta estructura.

“Las condiciones presupuestales del Poder Judicial no nos darían para eso y creo que, de acuerdo con lo que hemos visto que viene para el año que entra, no estarían dadas esas condiciones, sería crear una estructura para nada barata y la situación del estado no la podría soportar. (…) Por lo pronto, las cuestiones presupuestales son la principal razón por la que no se pensaría en un futuro cercano en crear un consejo de la Judicatura estatal”, concluyó.

En este argumento presupuestal coincidió el legislador Raúl Ulloa quien sostuvo que sí ha habido conversaciones, por su parte, con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción respecto a la posibilidad de crear esta figura del Consejo de la Judicatura a nivel local e incluso se pensó, en alguna ocasión, en ingresar a la Legislatura una iniciativa en ese tenor.

Pero las limitaciones presupuestales frenaron la idea ya que, aparte de tener los sustentos legales y jurídicos necesarios, una iniciativa legislativa tiene que proponerse con un respaldo presupuestal para que pueda materializarse.

Se debe realizar un estudio de impacto económico, dijo, para saber exactamente “lo que representa, significa y saber si hay suficiencia presupuestal, porque puede haber una gran cantidad de iniciativas pero si no hay ese respaldo económico se van a quedar durmiendo el sueño de los justos”.

En este sentido puso el ejemplo de una propuesta reciente que presentó en el pleno y que está relacionada con el Sistema Estatal Anticorrupción. Se trata de la creación de un área de defensores públicos dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.

Este departamento es estrictamente necesario para poder avanzar en los casos que tiene el tribunal ya que si se camina en los procesos en contra de algún funcionario o ex servidor público sin ofrecerle el defensor de oficio se estaría violando el debido proceso y esto provocaría que todos los casos se vinieran abajo a favor de los señalados por presuntos casos de corrupción y faltas administrativas graves.

Por ello, aunque consideró que un Consejo de la Judicatura estatal “sí es necesario, (porque) por supuesto que todo lo que abone a la transparencia y rendición de cuentas es necesario”, indicó que el tema presupuestal frena cualquier tipo de iniciativa con este enfoque.

“Todo rebota en el tema presupuestal. Ése es el tema, de hasta dónde debemos de proponer o crear nuevas instituciones u organismos cuando no hay un respaldo presupuestal, cuando en la práctica o hechos los resultados no son del todo los esperados”, concluyó