Sistema de pensiones: asunto de Estado en clave gobernanza

Sistema de pensiones: asunto de Estado en clave gobernanza

Iniciemos por una sencilla distinción que nos permitirá avanzar hacia el centro del argumento que pretendemos afianzar en este texto: lo que entendemos por la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado. La primera obedece a una concepción, estrategia e incluso percepción sobre un problema de un gobierno en particular, es decir, está limitada por el tiempo de duración, el respaldo político, legitimidad y visión sobre un problema que tiene un equipo gobernante. Una política de Estado, en cambio, atiende a un fenómeno que trasciende períodos de gobierno y concepciones políticas e incluso ideológicas sobre determinado problema.

Pues bien, el reto que significan las pensiones y su futuro requiere de una solución que atienda a las características del segundo caso. Por la complejidad del tema, por el estado actual de la cuestión y por la propia dinámica que se puede percibir en el futuro inmediato y de largo plazo, éste no es un asunto que pueda ser abordado con las limitaciones temporales, políticas e ideológicas de una política pública de gobierno, sino que debe entenderse como un desafío que trasciende a dichas fronteras de nuestro sistema democrático de gobierno.

Además de lo anterior no sobra decir que el futuro de las pensiones trasciende no solo gobiernos, sino instituciones. No es un asunto que pueda tener su núcleo exclusivo en los institutos de seguridad social, aunque sí es en éstos de dónde debe partir la estrategia para afrontar el fenómeno. El tema pensionario debe también ser visto no sólo como un tema de presión financiera para el Estado, ello sería en demérito del conflicto social, político e incluso macroeconómico que puede significar una crisis en la materia. El tema merece ser tratado, como lo anuncia el título de la presenta participación editorial, como un asunto de Estado, en el que deben participar sustancialmente, todos los poderes constituidos, especialmente el Poder Ejecutivo con todas sus ramas administrativas y financieras, pero también el Legislativo con seriedad analítica, técnica y política; el Poder Judicial en tanto debe atender a la seguridad jurídica y la concepción constitucional que debe poseer el derecho humano a una vida digna, garantizada en el caso del retiro, por una pensión. E incluso a los partidos políticos y movimientos sociales, entendiendo que su papel, como gestores de la legitimidad democrática, pero también de preocupaciones colectivas, convertidas en demandas colectivas a través del voto o la movilización, es actuar con responsabilidad, seriedad y sensibilidad para acompañar a la discusión de esta problemática, poniendo énfasis en que el reto supera a sus legítimas luchas políticas por el poder y a los períodos de gobierno que puedan encabezar. Como lo ha dejado claro el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en una ficha reciente (¿Cómo avanzar en la transformación de la seguridad social en México? Aportes al Debate Parlamentario núm. 10) “la reforma a la seguridad social implica la acción coordinada del Estado en distintos ámbitos. Un proceso de transformación como este adquiere una dimensión y una complejidad significativas, con desafíos legales, institucionales y financieros difíciles de resolver en poco tiempo”.

Agregado a lo ya dicho, esta complicada cuestión no puede ser abordada desde los propios límites del Estado, sino que tendrá que abordarse desde una concepción sistémica que integre a la sociedad en su conjunto, pero a partir de sus propios núcleos de desarrollo (sociedad civil, iniciativa privada, movimientos sociales, academia, etc.), y lo es así no sólo por las consecuencias que, de no gestionarse a tiempo, podría significar la ya anunciada crisis en materia de pensiones, sino también por el evidente desgaste que sufre hoy la legitimidad de las instituciones y la credibilidad de los actores públicos. La atomización del poder, no hace sino volver necesario un ejercicio deliberativo, lo más amplio, transparente, democrático y responsable posible. Se trata pues de un asunto de Estado en clave gobernanza.

En Zacatecas, en México y el mundo, para no lamentarnos, debemos atender hoy un futuro inevitable que no debe perderse en la pugna del poder y por el poder (legítima y sana democráticamente), la esperanza de todos nos llama a entenderlo: nos supera divididos y, por tanto, nos llama y reclama unidos.

@CarlosETorres_

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