Los gobiernos y la clase política ante la demanda de agua en Zacatecas

Los gobiernos y la clase política ante la demanda de agua en Zacatecas

La diferencia entre un político con perfil de estadista y uno del montón chabacano es su genuino interés en los problemas públicos que afectan el área de incidencia que tiene. Independientemente de los colores partidarios, todos los legisladores federales tienen un objeto de interés en común: el desarrollo humano del estado de Zacatecas. Una muestra de la chabacanería política fue el presupuesto para el estado en presente año: no hubo contundencia ni determinación de los políticos zacatecanos con relevancia nacional para reclamar, presionar y gestionar el interés común. Se fueron 2 mil 600 millones de pesos y todos tan campantes. Como si el afectado fuera el gobernador y no la población. Si un político sólo hace cálculos en la próxima elección y no la solución de los problemas, significa que justo ese político no le sirve ni al Estado ni al estado. Sólo es útil a su carrera política personal. Se podría argumentar que las demandas son de sectores sociales específicos y a esas responden de forma diferenciada los políticos. Sin embargo, hay demandas que son claramente comunes.

¿Hay alguna demanda que reúna las voluntades de Tirios y Troyanos al grado que pueda ser considerada como ‘bien común’? Sí: el agua. Garantizar el abasto de agua para todas las tareas vitales es de interés general. Y los gobiernos tienen la misión de responder a dicho interés general. Si un orden de gobierno no lo hace estará fallando a la misión más esencial que le fue encomendada. En el caso de Zacatecas, sabemos, tenemos un problema mayúsculo en el tema de la gestión del agua: no hay garantía de sostenibilidad a largo plazo en el abasto y distribución de los diversos usos que tiene, desde los agrícolas hasta los de uso humano en las zonas residenciales. No estamos hablando de un recurso que pueda sustituirse o del que se pueda prescindir. Es el que hace posible la vida misma: el agua. No estamos jugando.

El Gobierno del Estado debe buscar las alternativas y Gobierno Federal tiene que apoyar dichas alternativas. El Proyecto de Milpillas se ofreció como esa alternativa técnicamente viable. Hemos dicho en este mismo medio, que hace falta resolver también el uso inadecuado del agua subterránea en la agricultura, la minería y las fugas en la distribución de las zonas urbanas. Pero pueden ser opciones complementarias. Lo importante es conseguir los acuerdos. Han pasado foros, reuniones, protestas, concertaciones y no se ha logrado el acuerdo esperado de un proyecto consensado. El área responsable de lograr los acuerdos es la Secretaría de Gobierno estatal y no lo ha hecho: su capacidad de gestión ha sido simplemente ‘chafa’. Con otros actores podría resolverse el tema. Pero eso lo ha usado (como buen pretexto) Gobierno Federal para (amenazar con) retirar el recurso de poco más de 500 millones para dar inicio a la ejecución de la obra. En lugar de meterse a apoyar la gestión de los permisos de los ejidos y la venta de predios necesarios para que no tenga objeciones el inicio de la obra, simplemente retira el apoyo. La clase política de Zacatecas debe unirse en torno a este tema, si no lo hace, la población sabremos que estamos ante la indefensión total con una clase política chabacana.

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