Necesario, un protocolo “más profundo” para la protección de los jueces a nivel estatal: CDHEZ

Necesario, un protocolo “más profundo” para la protección de los jueces a nivel estatal: CDHEZ
El magistrado presidente del TSJEZ informa que son 98 jueces los que imparten justicia en el estado ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Los juzgadores no pueden ser presionados desde algún ámbito: Luz Domínguez

■ Debe contener “las medidas necesarias e inmediatas” ante una amenaza a su integridad física y la de sus familias derivada de su función en la impartición de justicia

 

María de la Luz Domínguez Campos se pronunció por la puesta en marcha de un protocolo “más profundo” para la protección de los juzgadores a nivel estatal que contenga “las medidas necesarias e inmediatas” ante una amenaza a su integridad física y la de sus familias derivada de su función en la impartición de justicia.

Armando Ávalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, informó en entrevista con este medio publicada ayer, que en los cuatro años recientes han recibido protección por parte de la Secretaría de Seguridad Pública alrededor de siete jueces y juezas, debido a que han recibido amenazas de personas implicadas en los casos que juzgan.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas dijo por su parte que el protocolo para su protección en que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo deben participar, debe garantizar la función jurisdiccional del primero, pues las sentencias que emite luego de comprobarse la responsabilidad de algún imputado en la Comisión de un delito no solamente logran la justicia para las víctimas y su acceso a la reparación del daño, sino que significan una labor muy importante a favor de la sociedad.

Observó que la función social de los juzgadores es fundamental, y la credibilidad y confianza que la sociedad deposita en ellos es muy importante “para lograr la paz y la tranquilidad de la misma, por lo que deben tener garantías del Estado a través de sus instituciones para realizar su trabajo de manera imparcial, objetiva y apegada a la legalidad”.

Enfatizó también que es importante el reconocimiento social a los juzgadores que a pesar de todas las vicisitudes y riesgos que representa su función, la realizan con sustento en criterios de imparcialidad y objetividad, incluso en casos donde hay inmiscuidas personas integradas a células delincuenciales.

María de la Luz Domínguez Campos reiteró que los juzgadores no pueden ser presionados desde algún ámbito, sea la delincuencia o alguna de las partes, o por otro tipo de intereses, para realizar su trabajo por lo que en caso de que haya alguna amenaza hacia ellos o su familia, e incluso hacia el personal de los juzgados, debe brindárseles la protección necesaria para que no ocurra en Zacatecas lo que ya ha sucedido en otros estados, que han perdido la vida.

Difirió de la opinión del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJZ), acerca de que la situación en la entidad “no ha sido grave” porque son “seis o siete durante los últimos cuatro años y, considerando que son 98 jueces, podíamos pensar en que no es tan elevado el número de amenazas”, al señalar que aunque fuera sólo un caso “ya esto es lamentable y obviamente pues, es grave”.

La funcionaria observó sobre el cambio de adscripción de los juzgadores amenazados a otro distrito judicial, a la que el propio TSJZ ha acudido para su protección, que coadyuva pero no significa por sí solo que no vayan a resultar afectados, y consideró que debe localizarse a las personas que los amenazan “para que sean sujetos a un procedimiento” porque los jueces y juezas no deben “vivir en esa zozobra”.

“Entonces, sí se requiere de un mecanismo más profundo en donde sí se pudiera llevar a un procedimiento a aquellos que se han atrevido a amenazar a un juzgador”.

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