■ Semarnat recomienda evitar “cualquier contacto” con el agua y tierra del arroyo El Salado
■ “Esperemos que la empresa haya limpiado todos los residuos y que quede el terreno natural”: José Luis Rodríguez
■ Considera pertinente que la Secretaría de Salud del estado haga una visita para verificar si hubo personas expuestas a metales pesados, a quienes debe aplicar exámenes
“Por precaución, por sentido común”, la población cercana al cauce del arroyo El Salado donde el pasado 8 de mayo la Mina San Martín de Grupo México vertió “sedimentos”, hasta el momento de componentes desconocidos, debe evitar “cualquier contacto” con el agua y la tierra del mismo, y el que los animales abreven del afluente en caso de haberlo, así como verificar en la zona de las huertas cercanas si hubo alguna afectación a los árboles.
Esto, hasta en tanto la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) les informe, como debe hacerlo, sobre los resultados de los análisis de laboratorio que deben aplicarse, dijo José Luis Rodríguez León, subdelegado de Gestión de Protección Ambiental de la Delegación de la Semarnat en la entidad, y actual encargado de esta oficina en el estado de Zacatecas.
“Esperemos que –Grupo México- haya limpiado todos los residuos y que quede el terreno natural; aun así el terreno natural del cauce se debe de muestrear para saber si de alguna manera hubo alguna reacción del material que se depositó en él. Pero en todo caso deben evitar tomar agua, utilizar tierra de ahí, jugar ahí; no acercarse hasta que ya determinen si existen sustancias tóxicas”.
El funcionario federal también consideró pertinente que la Secretaría de Salud del estado haga una visita al lugar para que verifique si hubo personas expuestas a metales pesados, a quienes debe aplicar exámenes de sangre u orina para descartar su presencia y por tanto afectaciones a su salud.
Rodríguez León observó que Profepa tiene que informarle “a la comunidad, avisarles, miren ya se hicieron los análisis, y hacer públicos los resultados. Creo que esa debe ser información pública para que todos estemos enterados, y si hay alguna contaminación, la empresa estaría obligada a tomar y a hacer las medidas necesarias para que eso se corrija”.
20 mil litros de
sedimentos vertidos a…
Es la empresa, en este caso la filial de Grupo México, Industrial Minera México S.A. (IMMSA), concesionaria de la Mina San Martín, quien según la Ley General de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento, debe informar a la Profepa de la existencia de un derrame cuando su volumen es superior a un metro cúbico (mil litros), para ello tiene un plazo de 72 horas luego de ocurrido el hecho, “se llama aviso inmediato”, precisó.
La información que esta ha proporcionado, sedimentos, dice, “no peligrosos”, derivados de procesos de mantenimiento fueron vertidos al cauce del arroyo El Salado el pasado 8 de mayo alrededor de las ocho de la noche, según lo dicho por Profepa a Semarnat.
Tres días después, el sábado 11, personal de la Procuraduría llegó al lugar para realizar una visita de inspección.
El mensaje “a la comunidad” fue emitido por Grupo México dos días después del derrame, el día 10 de mayo mediante un desplegado publicado en medios periodísticos en que dice se “vertieron” durante 10 minutos, sin señalar a dónde, 20 mil litros “de agua de prueba” debido a una falla en una válvula de las tuberías al realizar “una prueba de arranque” de equipo por trabajos de mantenimiento y rehabilitación.
Sin muestreos de sedimentos
La delegación de la Semarnat en Zacatecas no fue informada por la Profepa; su actual titular leyó en el periódico La Jornada la nota del 12 del mismo mes, en que el senador Napoleón Gómez Urrutia, a la par secretario general del Sindicato Nacional Minero denunció el hecho y solicitó la intervención inmediata de estas dos dependencias así como de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, alertando sobre los posibles daños al ambiente, como ocurrió en el caso también protagonizado por Grupo México en 2014, por el derrame al Río Sonora de su Mina Buenavista del Cobre.
Luego de enterarse José Luis Rodríguez León solicitó información a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien se la proporcionó el pasado lunes 13.
“Nos comentan que ya se hizo la limpieza por parte de la mina, de los sedimentos, no se tiene conocimiento del contenido porque no se hicieron muestreos, la empresa se abocó primero a hacer la limpieza de los sedimentos” que corrieron 500 metros dentro de las propias instalaciones de la Mina San Martín y 250 metros sobre el cauce del arroyo.
Aunque la información es que no se trata de jales, esto es, de residuos del proceso de beneficio de metales que además de estos contendría los reactivos químicos que se utilizan en el mismo, la composición del derrame no podrá conocerse hasta en tanto no se realice un muestreo.
“Se supone que una vez que termina la limpieza, la empresa conjuntamente con la Profepa que es quien da fe de eso, tiene que hacer un muestreo de los suelos del cauce y del agua en un momento dado”.
Debe hacerlo a través de un laboratorio externo a IMMSA, acreditado a través de dos instancias, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y ante la Propia Profepa, “si no se hace así no tienen valor los resultados”.
La información que tiene Semarnat, quien recordó Rodríguez León, no tiene facultades de inspección, es que la Mina San Martin no está operando, pero refirió, sí solicitó el año anterior una autorización ante esta dependencia para realizar precisamente trabajos de mantenimiento y sustitución de equipos, que se le concedió.
La duda razonable
y la salud
No obstante admitió que hay una duda razonable de que los desechos vertidos a El Salado pudieran tener metales pesados y reactivos químicos.
“El acta de inspección es el inicio del procedimiento jurídico, dependiendo de lo que ellos encontraron allí –Profepa-, le van a exigir que haga las muestras necesarias porque sin muestreo no se va a saber, es la única forma”.
Una vez que se determinen las concentraciones que hay en el suelo de posibles elementos tóxicos, los laboratorios tendrían que tomar una “muestra testigo” para comparar con las de la zona afectada para ver si cambió la composición del terreno o del cauce en este caso, dijo.
Si se encuentren valores de metales pesados o sustancias toxicas que rebasen las normas oficiales mexicanas, debe hacerse un programa de remediación que se tramita ante la Semarnat.
Sobre el posible daño a la salud de los habitantes aledaños a la zona del derrame, comentó que “sí valdría la pena” que la Secretaría de Salud del estado hiciera una reconocimiento epidemiológico para ver si pudiera existir exposición de la población a sustancias tóxicas.
Un problema de este tipo tiene que ver con el tipo de sustancia o elemento de contacto, su concentración en el ambiente y el tiempo de exposición de la persona a él, dijo.
“Esos tres elementos son los que dan para saber si una persona puede haber resultado afectada por algún contaminante, especialmente de metales pesados, y deben de tomarse en cuenta en todo caso, cuales son los que beneficia la unidad minera (…) tendrían que tener información de cuál es el contenido característico de los minerales que ellos benefician” y los reactivos químicos que utilizan para ello.
“Yo creo que sí valdría la pena, no hay que descartar nada por la seguridad de la población, la salud es un factor importante (…) esos estudios más los análisis que se hagan del muestreo de los suelos se pueden vincular muy bien para ver qué tipo de afectación puede haber”.
“Habría que estar atentos a lo que la autoridad competente en este caso determine, y que pidan la información, creo que es necesario que estén informados los ciudadanos, especialmente los que viven allí en la zona, que pudieran resultar afectados que no descarten -la intervención- de la Secretaría de Salud”.
