■ La niña, de 5 años, víctima de feminicidio en el municipio de Sombrerete
■ Obligación de dar seguimiento a procesos de adopción, custodia y reintegración familiar, para garantizar la seguridad de los menores ya está establecida en la legislación
La obligación de dar seguimiento a los procesos de adopción, custodia y reintegración familiar, para garantizar la seguridad de los menores ya está establecida en la legislación pero, si se requieren modificaciones para precisar estas responsabilidades, deben hacerse de inmediato.
Esto lo expuso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, instancia que espera todavía un informe sobre cuál fue la actuación de las autoridades en el caso de Mariel, de 5 años, víctima de feminicidio en el municipio de Sombrerete.
La pequeña fue entregada por las propias autoridades, hace apenas tres años, a sus tíos, quienes ahora se encuentran vinculados a proceso por su asesinato, lo que provocó cuestionamientos de las organizaciones sociales de defensa de los derechos de las niñas y las mujeres por las omisiones en las que pudo incurrir la autoridad al no salvaguardar la integridad de la menor.
Domínguez Campos recordó que ya han solicitado la documentación del caso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para “que se nos informe de manera puntual cuál fue el trabajo que ellos realizaron al momento de tenerla bajo su guarda y custodia y saber si realmente hicieron las valoraciones psicológicas, económicas, de trabajo social que permitieran en ese momento determinar cuál era el estatus de los familiares que se iban a hacer cargo de la menor”.
Cómo se otorgó la custodia y, principalmente, a quién le correspondía el seguimiento posterior son otros de los aspectos que buscan conocerse a través de esta solicitud.
No obstante, expuso que después de este caso es necesario que se hagan públicos los mecanismos de seguimiento a los menores que son entregados en adopción o en reintegraciones familiares “para que se conozca de manera puntual qué es lo que está haciendo esta procuraduría para salvaguardar la vida, integridad, derechos y bienes de los menores”.
Ante las declaraciones del titular de esta procuraduría respecto a la imposibilidad legal que tienen de continuar con la supervisión luego de entregarse una custodia, la presidenta de la CDHEZ recalcó que las disposiciones constitucionales, la ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la legislación local en la materia ya establecen esta obligación.
No obstante, agregó que, “si fueran necesarias las reformas para precisar las obligaciones concretas de seguimiento posterior a la adopción, entrega de custodia o reintegración familiar, deben realizarse de manera inmediata. Pero ello no inhibe que la obligación está presente y que debe ser cumplimentada”.
