Fiscal: “una realidad del país”, falta de profesionalismo e incompetencia en instituciones de procuración de justicia

Fiscal: “una realidad del país”, falta de profesionalismo e incompetencia en instituciones de procuración de justicia
Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia ■ foto: la jornada zacatecas

■ Encinas dijo que “el tapón” de la impunidad se encuentra en la cadena de procuración de justicia que va desde los MP pasando por los jueces y el fiscal hasta la PGR

■ Murillo Ruiseco opina que debe haber cambios a nivel nacional para hacer más eficiente el combate a la delincuencia como la homologación de los criterios de persecución penal

 

Ante los señalamientos hechos este jueves por el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, acerca de los problemas de falta de profesionalismo y de incompetencia en las instituciones de procuración de justicia en los estados, el fiscal general de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, reconoció que esta situación “es una realidad del país”.

En concreto, el próximo funcionario federal, durante un evento con familiares de víctimas de feminicidio en el estado, aseguró que “el tapón” de esta impunidad se encuentra en la cadena de procuración de justicia que va desde los MP pasando por los jueces y el fiscal hasta la Procuraduría General de la República.

Se requiere que ya entre en funciones la Fiscalía General de la República

En este recorrido, añadió Alejandro Encinas “no solamente hay falta de profesionalismo, incompetencia y complicidad”, sino que también hay prácticas de estigmatización de las víctimas y de sus familias.

Frente a estos señalamientos, el fiscal zacatecano expuso que la impunidad es un problema nacional, pero agregó que en Zacatecas se están dando pasos con los que “estamos dando el mensaje de que evidentemente estamos profesionalizando a nuestros ministerios públicos”.

Entre las acciones que buscan profesionalizar el actuar de la fiscalía, mencionó el certificado que recibirá en próximos días el Centro de Justicia para Mujeres y que acredita a esta instancia en sistemas de integridad institucional, es decir, significa que el centro tiene “orden normativo, organizacional y una política integral”.

Para ello, expuso que una de las situaciones que tuvo que atenderse fue la derivada de varias denuncias que se interpusieron por usuarios del centro en cuanto a malos tratos y actos de corrupción, las cuales fueron dadas a conocer por La Jornada Zacatecas en semanas pasadas.

Algunas de estas prácticas estuvieron relacionadas con el cobro de servicios que deben ser gratuitos e incluso con el aprovechamiento de información de los casos para que personal de la institución fungiera como representante de la parte victimaria en algunas carpetas.

Al respecto, el fiscal indicó que estos hechos tienen que corregirse porque “hay un código de ética dentro del Centro de Justicia para Mujeres y cuando se da la situación se tiene que proceder administrativa y penalmente. Se dio vista al órgano interno de control, hubo algunos cambios de personal y hay carpetas de investigación por la posible comisión de algún hecho delictivo”.

Más carpetas judicializadas
Otro de los temas que Murillo Ruiseco abordó en una conferencia de prensa, relacionados con cambios en el actuar de la fiscalía en busca de mejorar los resultados, fue el del llamado Reto de los 100 días que se aplicó en Fresnillo, concretamente, en el delito de violencia intrafamiliar y en el de robo.

Al respecto, señaló que partieron de la base de que en un periodo previo de 100 días se habían judicializado 12 carpetas de investigación por violencia familiar, mientras que después de aplicar esta dinámica se logró la judicialización de 123 asuntos, 122 de ellos concluyeron con una suspensión condicional del proceso y hubo una sentencia a través de un procedimiento abreviado.

Mientras tanto, en el delito de robo, dijo que la judicialización previa había sido de siete casos en 100 días y en con esta práctica la cifra aumentó a 69 asuntos solucionados, 54 de ellos con acuerdos reparatorios, siete con suspensiones condicionales del proceso y ocho sentencias, siete de las cuales fueron mediante procedimientos abreviados y una fue por juicio oral.

Con estos últimos datos en el delito de robo, confió también en que se reduzca este ilícito que afectaba a comerciantes, sobre todo durante la temporada decembrina donde hay mayor circulación de dinero, ya que “se logró detener a las personas que estaban operando robos a comercio en el centro de Fresnillo”.

Necesarios, cambios nacionales
Murillo Ruiseco señaló también que debe haber cambios a nivel nacional para hacer más eficiente el combate a la delincuencia como la homologación de los criterios de persecución penal en el país para lo que se requiere, también, que entre en funciones ya la Fiscalía General de la República.

Además, el fiscal destacó que son necesarias reformas legislativas en las que han coincidido tanto los fiscales y procuradores del país como los gobernadores, entre las que se encuentra el catalogar la portación de arma de fuego como un delito que conlleve prisión preventiva oficiosa.

Además, reiteró que para abatir los índices de impunidad a nivel estatal se iniciará, cuando la Legislatura local apruebe la solicitud de ampliación de las operaciones de la Policía Metropolitana a siete municipios en total, con la nueva estrategia de acompañamiento de las policías municipales para lograr que incrementen las puestas a disposición ante el Ministerio Público de personas que sean detenidas en flagrancia.

En este sentido, recordó que buscará iniciarse en Fresnillo y atacar la disparidad que existe entre los reportes de delitos que se reciben y las personas que son puestas a disposición del MP para iniciar un proceso penal.

Esta acción, pues, se materializará “a través de la conducción del Ministerio Público de las policías tanto municipales como estatales y federales para las puestas a disposición; necesitamos atender los reportes pero también saber qué pasó con estos reportes y algo importante, que haya una respuesta del estado para atenderlos y evitar que no sean solamente 11, 3, 1 o 2 puestas a disposición, sino que tengamos un procesamiento de casos mucho mayor”.

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