En medio del caos y el desconcierto que ha provocado la política de “tolerancia cero” de Donald Trump, niños inmigrantes desde 3 años de edad tendrán que comparecer ante un juez para defender su caso, según han declarado abogados que se han organizado para tratar de defender su causa.
“Esto no tiene nada que decir con el debido proceso. Los niños no entienden lo que un juez les preguntará. Podrán responder que si, o que no. Pero no entienden nada. Son niños”, aseguró a la cadena CNN la abogada de migración, Laura Barrera de la Universidad de Nevada.
Poco más de 2 mil niños (según cifras preliminares) han sido separados de sus padres nada más cruzar la frontera. Muchos de ellos, han sido trasladados con nocturnidad hasta destinos tan lejanos como Nueva York o en Seattle, en el estado de Washington.
Ninguno de ellos podrá contar con el testimonio de uno de sus padres, para demostrar la necesidad de solicitar asilo por cuestiones de seguridad. La mayoría de los padres que huyen con sus hijos desde países como Honduras, El Salvador o Guatemala lo hacen huyendo de la violencia.
La práctica de hacer comparecer a menores de edad ante un juez de migración no es algo nuevo. Sin embargo, la dimensión del problema que representan cientos de niños que han sido separados de sus padres, ha obligado a decenas de abogados a trabajar a marchas forzadas para tratar de representarlos.
Como parte de este escenario surrealista, donde menores de edad son obligados a comparecer ante un juez, algunos de los cientos de padres que han sido separados de sus hijos han tenido que enfrentarse a uno de los sistemas de inmigración más complejos del mundo para encontrar a sus hijos y poder reunirse con ellos.
Para muchos ha sido una lucha desequilibrada, frustrante y desgarradora. La mayoría no habla inglés. Muchos no conocen el paradero de sus hijos. Y algunos dijeron que sus llamadas a la línea de información del gobierno no han sido contestadas.
Ahora, al menos, tienen al sistema legal de su lado, dado que un juez federal en California falló el martes por la noche que el gobierno de Trump debe reunir a más de 2.000 niños con sus padres en máximo 30 días, o 14 en el caso de los menores de 5 años.
Sin embargo, sigue habiendo enormes desafíos logísticos. Y queda por ver si el gobierno estadounidense puede arreglárselas para deshacerse de la burocracia, la confusión, la aparente falta de coordinación y cumplir con el plazo.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual está a cargo de los menores, no proporcionaron detalles el miércoles sobre cómo pretenden responder al fallo.
En este contexto, de separaciones de familias y de arrestos y redadas en todo el país, diversas organizaciones han emprendido una intensa campaña para exigir el recorte del presupuesto a las agencias de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP), para castigar la política «de odio» que ha inaugurado la presidencia de Donald Trump.
