La ya próxima jornada electoral: participación contra la distorsión

La ya próxima jornada electoral: participación contra la distorsión

¿Qué distancia hay entre las mediciones de opinión y los resultados finales del proceso? Es muy difícil que coincidan cuando hay distancia entre la expresión y el ejercicio de la voluntad. La brecha anterior se debe a las prácticas que nulifican el voto libre. Las encuestas suponen que los interrogados votarían de la manera que declaran. Pero, ¿qué ocurre si una masa de potenciales votantes no acude a las casillas y por otro lado, se usa el poder público y las estructuras de los programas para garantizar el voto de los beneficiarios de dichos programas de gobierno o se compra directamente el voto? Pues se establece un sesgo que distorsiona la voluntad original del electorado. Si un partido tiene los órganos de gobierno y los usa para favorecer sus resultados en las urnas, destruye la propia democracia. En la jornada electoral es muy conocida la práctica de ‘garantizar’ el voto de ciertas clientelas políticas e institucionales. Eso hace que si en las encuestas hay ventajas cortas de partidos que no tienen el manejo del aparato estatal, pueden ser rebasados en las urnas gracias a estas prácticas. Es decir, la praxis de arrastre condicionado (en algunos casos) puede marcar la diferencia.
En algunos casos puede ser dramático. Pongamos como caso hipotético (con datos de la elección intermedia) el municipio de Guadalupe: si es probable que el triunfo sea para aquel que logre reunir 24 mil votos, y hay un programa de vivienda donde ofrecen la construcción de un cuarto para una familia a cambio de 10 votos, y hay mil beneficiarios, significa que podrían tener 10 mil votos sólo de esa acción: el 40 por ciento de su votación por vía ilegítima. Esto es, contar con el manejo de los programas de gobierno durante un proceso electoral es una ventaja enorme. La pregunta es, ¿cómo poder inhibir esas prácticas? El acarreo de votos o la compra directa de los mismos se puede detectar con observadores electorales, pero aun detectándolo es difícil integrar una demanda que haga eco en la Fepade. El uso de los programas, como arriba lo ejemplificamos, es muy peliagudo de detectar, porque el compromiso del voto se hace a cambio de ser integrado en las listas de beneficiarios que saldrán a la luz semanas después del proceso electoral: una acción de trampa electoral muy difícil de inhibir.
Sin embargo, los ciudadanos debemos crear una suerte de panóptico que impida que lleguen camionetas llenas de votantes a las urnas, que la gente entre con la cámara de su celular a la casilla, localizar las casas donde se paga el sufragio en efectivo y otras acciones fraudulentas. Dificultar la operación de la trampa es muy importante. Todas las casillas deberán contar con representantes de todos los interesados y con los funcionarios capacitados para saber qué hacer en caso de eventos irregulares. La información que tenemos es que las capacitaciones de funcionarios han estado casi desiertas. Eso no es gratificante. En esta recta final los partidos y las organizaciones civiles deben asumir la meta de organizar acciones de vigilancia la jornada electoral. La participación contra la distorsión.

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