Declaraciones de Meade criminalizan a Nestora Salgado: Cristela Trejo

Declaraciones de Meade criminalizan a Nestora Salgado: Cristela Trejo
Nestora Salgado, candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia foto: la jornada

Opina que el régimen no piensa cambiar la estrategia violatoria de derechos humanos

Advierte que no fueron tres jueces los que se fueron por una línea para dejarla en libertad, sino que nunca hubo en su contra un caso fundado ni motivado

Opina que José Antonio Meade representa a un Estado autoritario que ha desestimado sistemáticamente las recomendaciones de la ONU en diferentes ámbitos

Es muy importante que quede claro lo que representan las declaraciones de José Antonio Meade que criminalizan a Nestora Salgado, porque “la gran mayoría del pueblo mexicano no se hace cuestionamientos serios sobre el sistema de justicia del país hasta que no lo vive, ya sea como víctima o presunto responsable”, dijo Cristela Trejo.

“Lo dicen bien claro las estadísticas, de cada delito que se comete en México, sólo uno de 100 termina en una sentencia, los otros 99 no lo van a vivir porque no están dentro del sistema”, pero cuando lo están, experimentan la corrupción, la impunidad y la negligencia de las autoridades, agregó la defensora de derechos humanos.

El de Nestora Salgado dijo, es un ejemplo claro de la violación al debido proceso. “Y no fueron tres jueces los que se fueron por una línea para dejarla en libertad, sino que nunca hubo en su contra un caso fundado ni motivado”.

“No existían las pruebas. Si se hace un análisis de cómo fue la detención, pues fue una aberración. Desafortunadamente no es la única”.

La también abogada, quien se ha encargado de la defensa de niños, niñas y adolescentes, mujeres y víctimas del delito, inscrita en entre otras organizaciones, Zacatecanos por la Paz, agregó que no solamente se viola el derecho al debido proceso de los activistas políticos, luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, sino también los de los ciudadanos simples y comunes.

“Ya no debería de ocurrir con tanta estructura normativa, tanta ratificación de tratados internacionales, con una estandarización de la normatividad en materia de derechos humanos. Ya no podría ser así porque se han dado muchas reformas para la mejora del sistema de justicia…pero se han quedado en el papel”.

El caso de Nestora, que logró visibilizarse, mostró que además de ser sujeto de una detención sin cargos por parte del Ejército, pudo hasta después de un año tener un abogado y contacto con sus familiares, pero también que se le negó la atención médica necesaria.

Y en el reciente de León Fierro, activista que lucha en Baja California Norte inserto en el movimiento Mexicali Resiste que busca que la empresa cervecera Constellation Brands no deje sin agua a la demarcación, “también está clarísimo que la detención fue arbitraria”, aseveró.

“Van contra los defensores de derechos humanos”, al agua, a la autodefensa, a la libertad de expresión, “pero el ciudadano común también es víctima de la falta de apego al debido proceso”.

Las declaraciones acusatorias del candidato del PRI a la Presidencia de la República contra la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, tienen otros componentes, uno de ellos, el que precisamente quien fuera el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno de Enrique Peña Nieto reitere con el mensaje el rechazo a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas respecto de la violación de Derechos Humanos en México.

La detención de Nestora Salgado fue declarada por el organismo internacional “ilegal y arbitraria”, toda vez que las actividades de la Policía Comunitaria de Olinalá sí están amparadas en las leyes mexicanas. Se suma entonces a la absolución de que fue objeto Salgado por parte de los jueces por no haber encontrado pruebas en su contra, la determinación del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, de agosto de 2013.

Esta información por supuesto que la sabían José Antonio Meade y sus asesores cuando decidieron señalarla como responsable de secuestro en el segundo debate de los presidenciables, y aun así, cuando la ex policía comunitaria exigió disculpas públicas, el exfuncionario peñanietista expresó su negativa.

“Creo que sí es muy grave lo que está sucediendo con las declaraciones porque te está diciendo que va a seguir la misma línea, pero también con ciertas peculiaridades porque cada quien le pone su plus”, agregó.

El gobierno de Peña Nieto rechazó los señalamientos de la ONU respecto de temas como la tortura, las violaciones a los derechos humanos en la construcción del caso Ayotzinapa y las observaciones a la Ley de Seguridad Interior, entre otros.

“Es una estrategia de Estado, por supuesto que José Antonio Meade, no lo hizo inconscientemente o porque no supiera –los detalles del caso de Nestora Salgado-. No hay una lectura entre líneas es muy clara, de que no les importan los derechos humanos” y su violación en el caso de los grupos vulnerables.

Por eso es hay que visibilizar las implicaciones de sus declaraciones, pues “no deja de ser importante ver que está criminalizando a una mujer, que no le interesa la política de género y por supuesto el respeto al debido proceso”.

José Antonio Meade representa a un Estado autoritario que ha desestimado sistemáticamente las recomendaciones de la ONU en diferentes ámbitos; el organismo ha manifestado ya su preocupación por el rumbo que ha estado tomando la estructura del gobierno mexicano, dijo Cristela Trejo.

La determinación de rechazar los señalamientos sobre las omisiones y violaciones de derechos humanos en México está respaldada por grupos de poder, pero también por gran parte de la ciudadanía debido a la gran ignorancia de la realidad que se está viviendo y que ante la escalada de violencia le apuesta a procedimientos violatorios de derechos humanos, enfatizó.

“Porque además nos han vendido un discurso de que los defensores de derechos humanos, y lo refuerza al visibilizar el caso de Nestora, somos defensores de criminales o somos criminales porque dan la información sesgada”. Para el ciudadano común el mensaje que se propala es, “soltaron a una secuestradora”.

Pero José Antonio Meade también se refuerza con pseudodefensores de derechos humanos como Isabel Miranda de Wallace, “siempre hay este tipo de figuras en el sistema político mexicano, quienes refuerzan las posturas autoritarias, para que piense la gente que están trabajando en su bienestar”.

El mensaje de Meade Kuribreña “es gravísimo” porque significa que el régimen no piensa cambiar la estrategia violatoria de derechos humanos de los gobiernos recientes y que ha decantado en la situación de violencia y falta de apego al debido proceso actual, pero que cada vez se recrudecen más.

“Con esas declaraciones nos están diciendo clarísimamente que esto va a estar igual o peor” respecto de la defensa de derechos humanos, “que es la defensa de todo ser humano a vivir con dignidad”.

Pensar en la dignidad como un ejercicio de vida puede ser utópico “pero también es esencial a nosotros mismos, como el poder salir a la calle, la escuela o el trabajo sin peligro de que te maten o te detengan arbitrariamente, que puedas llevar a tu casa la comida o tengas un servicio de salud”, expuso.

“Es algo tan básico pero vemos de una manera tan alejada día a día el que los mexicanos y las mexicanas lo puedan tener”, porque mientras aumentan los feminicidios, los homicidios dolosos, la trata de personas en sus diferentes modalidades, las violaciones al debido proceso, la restricción a derechos como la salud, la educación y la alimentación, está creciendo no solo en México sino en el mundo, la criminalización de los defensores de derechos humanos, activistas, luchadores sociales, periodistas.

En medio de la discusión pública sobre el caso de Nestora Salgado generado por la acusación de Meade Kuribreña, hace cuatro días se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, apeló las sentencias absolutorias de los jueces, por lo que cinco de seis causas en contra de la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá fueron reabiertas.

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