Sedesol también usó a la UAZ para desviar recursos: Auditoría Superior de la Federación

Sedesol también usó a la UAZ para desviar recursos: Auditoría Superior de la Federación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acreditó un probable daño a la Hacienda Pública de 28 millones 403 mil 534.62 pesos, provocado por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por su participación en el esquema de contratos y convenios entre instituciones de educación y dependencias federales que ha sido denominado como “La Estafa Maestra”.

Esto se derivó del análisis realizado a la Cuenta Pública de 2016 de la secretaría referida y cuyos resultados completos se dieron a conocer la semana pasada.

El convenio firmado entre la Máxima Casa de Estudios del estado y Sedesol fue para la “integración de la información de los programas sociales estatales al Sistema de Información Social Integral (SISI)” y los pagos que entregó la Federación a la Universidad se hicieron en cuatro emisiones, para cada una de las cuatro fases del proyecto cuyo recurso total ascendió a 70 millones de pesos.

La primera etapa, de 15 millones de pesos, fue para el “análisis de Programas Sociales Estatales” y la segunda, que recibió 20 millones de pesos, abarcaba los conceptos de “Documento de difusión del SISI; Documentación de Capacitación para la obtención de la información sociodemográfica; propuesta de universos potenciales”.

La tercera fase, para que la UAZ obtuvo otros 20 millones de pesos, consistía en “Documento del Plan de Trabajo; Documento de Integración de Padrones; Documento de análisis de padrones” y la última, de 15 millones de pesos, fue destinada a “Documentos de Plan de Trabajo; Documentos de análisis geoestadístico”.

Para la realización de una parte de los trabajos de las fases 2 y 3, la auditoría destaca que la UAZ subcontrató a dos prestadores de servicios; uno por la cantidad de 6 millones 435 mil 200 pesos y el segundo, por 6 millones 623 mil 900 pesos.

La inconsistencia detectada en esta parte se derivó de las fechas en las que la Universidad entregó la documentación de la tercera fase a Sedesol y en la que la casa de estudios recibió el material del prestador de servicios contratado para su elaboración.

La auditoría advierte que los informes de los servicios de la fase tres del convenio se enviaron a la dependencia federal el 31 de octubre de 2016, pero el contrato con el prestador de estos servicios en concreto se realizó 30 días después.

Esta discordancia en las fechas llevó a la ASF a concluir que “los servicios que la UAZ pagó a dicho prestador de servicios por 6 mil 623.9 miles de pesos no eran procedentes, puesto que, como se mencionó, el servicio por el cual se le contrató al prestador de servicios B ya se había entregado a la Sedesol desde el 31 de octubre de 2016”.

Otro señalamiento se realiza por la erogación de 48 mil pesos por viáticos y boletos de avión al extranjero; actividades que no estaban contempladas en el convenio y que no fueron comprobadas con la documentación necesaria.

Sin comprobar,
servicios por 21.7 mdp

Las dos últimas inconsistencias advertidas por la auditoría y que constituyeron probables daños a la Hacienda Pública tiene que ver con la contratación para realizar el proyecto de Sedesol de 190 personas, a quienes se les otorgaron pagos quincenales desde el primero de mayo hasta el 31 de diciembre de 2016.

De este total, 81 realizaron actividades administrativas desde las instalaciones de la UAZ y 109 se dedicaron a trabajo de campo en las oficinas de la secretaría en la Ciudad de México. No obstante, la ASF sostiene que la Universidad entregó 189 contratos, mientras que del prestador de servicios restante, a quien se le pagaron casi 29 mil pesos, no se proporcionó información.

Asimismo, se refiere que la Universidad “no acreditó que las actividades y labores realizadas por 108 prestadores de servicios profesionales comisionados en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social contribuyeron a la prestación de servicios que la Universidad proporcionó a la secretaría al amparo del convenio de coordinación”.

Estos señalamientos suman un monto total de 28.4 millones de pesos, que son los considerados como probables daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal y que colocan nuevamente a la UAZ en el ámbito nacional por su involucramiento en “La Estafa Maestra”.
Las irregularidades en el convenio entre la UAZ y Sedesol para los trabajos relacionados con el sistema SISI fueron advertidas desde hace más de un año, el 15 de febrero de 2017, a través de un reportaje publicado en La Jornada Zacatecas.

En ese trabajo se evidenció que dentro de este convenio la UAZ había comprado papelería, insumos de computación, impresiones y también arrendó equipos de cómputo a dos empresas que no se dedicaban a este giro de ventas.

Además, se comprobó que este mismo esquema fue aplicado en otro convenio firmado con la Federación, en este caso por medio de la Comisión Nacional para la Cultura Física y el Deporte (Conade), con el nombre de “Análisis de áreas de oportunidad para potencializar la cultura del deporte y actividad física a nivel nacional”.

Gestión razonable del
presupuesto ordinario

En la revisión a la Cuenta Pública 2026 la UAZ aparece en otra ocasión en los resultados, pero en el análisis que la instancia de fiscalización realizó al presupuesto ordinario que la universidad recibe mediante el Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.

En este caso no se detectaron probables daños a la Hacienda Pública, sino que se refiere que la universidad “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la administración de una cuenta bancaria específica, toda vez que en ella se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento, que originó incumplimientos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

Se concluye, también, que la Máxima Casa de Estudios del estado no cuenta con “un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que la limitan para el cumplimiento de los objetivos del Programa, la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

Incumplimientos a las obligaciones de transparencia en la gestión de estos recursos, al no haber proporcionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes obligatorios sobre el ejercicio y el destino del presupuesto es otro de los señalamientos que se realizan.
Tras advertir estas situaciones en el dictamen, la auditoría concluye que en cuanto a estos recursos, recibidos en 2016, la UAZ “realizó, en general, una gestión razonable del Programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”.

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