En materia de impunidad México ocupa el lugar 66 de 69 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad (IGI-2017). En 2015 ocupó la posición 58 entre 59 casos estudiados. Al incrementar el número de países a la muestra ha dejado de ocupar la penúltima posición dentro del IGI, pero también aumenta su distancia frente a los casos mejor evaluados. México cuenta con dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
Respecto a la primera dimensión, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones, sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación. La implementación de esta política contribuiría a mejorar los procesos judiciales dentro de la estructura.
Este índice coincide con el IGI-2015 en la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia para incrementar las capacidades de impartición de justicia, lo que podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y, con ello, también la sobrepoblación de las cárceles. El IGI-2017 estima una proporción promedio de los países de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes.
México cuenta con sólo 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global. Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el índice permitió: evidenciar su deficiencia, pues casi la mitad de la población detenida no ha recibido sentencia (43%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados por este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.
Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el índice retrata, perfectamente, los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México: 359 policías por cada cien mil habitantes, cifra que se encuentra por arriba del promedio global de la proporción de policías, que es de 319 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, contar con un alto número de policías no significa que posean las capacidades adecuadas para cumplir sus tareas, lo que se refleja en los problemas señalados de funcionamiento del sistema de seguridad. El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, sin embargo, se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Esto deteriorará futuras mediciones de la impunidad. De igual forma, las graves violaciones a los derechos humanos representan un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso mexicano.
El país necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos índices de impunidad. Se requiere dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. Sin embargo, estos recursos deben reflejarse en aumentos reales de capacidades humanas, infraestructura y profesionalización de los sistemas antes mencionados. El aumento de recursos a estos sistemas gubernamentales, en los últimos años, no ha tenido una correlación positiva para reducir los niveles de impunidad y violencia en el país. La clave del problema está en la corrupción del uso de estos recursos y en la falta de supervisión y auditoría del funcionamiento de las instituciones del país en el ámbito nacional y local.
