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Se ha convertido en los cinco últimos años en objeto de estudio la relación ente la calidad de las campañas y la calidad de los gobiernos. Pero hace falta hacer mayores estudios entre el vínculo que existe entre la calidad de los gobiernos y la vida interna de los partidos políticos. Ahora que los partidos pasaron a ser meras agencias de colocación sin vida interna ninguna, este análisis debe profundizarse para proponer modificaciones desde la ley que impulsen una vida democrática y obligue a esos institutos políticos a generar procesos de identidad y participación ciudadana. Otra forma de impulsar la mejora de estos, es creando índices y procesos de evaluación de vida partidaria, que permitan comparar y medir los progresos respecto a metas que deben cumplir.
Si pensáramos en un Índice de Calidad Partidaria (icp), los horizontes de medición son las metas que deberían alcanzar los partidos para considerar que están haciendo bien su tarea. Un índice se construye con la aglutinación de diferentes indicadores, y sin duda uno de ellos deberá ser la obligación del instituto político de darle formación a su base militante. Antes de que se convirtieran en “atrapalotodo” los partidos tenían intensa actividad de formación. Con este indicador-meta, se puede obligarlos (primero) a tener programas sistemáticos de formación de militantes, lo cual contribuye a definir una línea política. Esto último implica la delimitación de ideas centrales sobre el papel del Estado en el desarrollo, el tipo de Estado que quieren construir, la actitud en torno al tema de la igualdad, del trabajo, los derechos sociales y civiles. Esto es la base para armar programas de gobierno de acuerdo a esas definiciones ideológicas. Y luego, la capacitación de los medios legislativos y los instrumentos de gobierno para implementarlos en caso de que esos militantes se coloquen en funciones públicas. Materias de política pública y análisis de gobierno, práctica legislativa, o problemáticas específicas de los gobiernos locales, son contenidos que todo militante debería manejar, con sus enfoques diferenciados, claro está.
Otro indicador-meta es la forma de tomar decisiones y elegir sus representantes: la democracia interna. El establecimiento de reglas claras sobre la elección de líderes y candidatos. Se puede medir qué tanto el instituto en cuestión tiene mecanismos participativos y que aminore el dominio de grupos de interés que se petrifican en la burocracia de los partidos y no dejan que emerjan nuevas expresiones o liderazgos. El subsidio les llega a las élites de los partidos y, con el manejo de los recursos, dominan al mismo. El uso del dinero público es otro de los indicadores: cuánta gente tienen en nómina y cuánto gastan en proyectos sociales, qué tanta transparencia y candados al mal uso de este tienen.
La responsabilidad sobre militantes y funcionarios. Los servidores públicos que incurren en actos de corrupción, y que fueron puestos por un determinado partido político, ¿cuál es la responsabilidad del instituto? y, por tanto, ¿cuál será su reacción en estos casos? El indicador-meta, en este tema es si existe o no mecanismo de responsabilidad social del partido respecto al desempeño de sus funcionarios. En la Ley deberá establecerse algún dispositivo de responsabilidad, y con ello, el partido deberá generar reglas de amonestación al respecto. Si el PRI en Veracruz estuviera en peligro de perder su registro estatal por los casos de corrupción de Duarte, su interés por evitar el enriquecimiento de sus militantes se vería altamente modificado. Si el partido puso a ese gobernador, el partido debe responder por el comportamiento de dicho sujeto. Igual con el resto de los funcionarios y representantes populares.
Otro tema esencial y que impacta en la calidad partidaria, es la incorporación de militantes de origen distinto. El exceso de pragmatismo debilita la calidad de los institutos político-partidarios en sus funciones de generar mediaciones en la representación popular. Si una persona pretende representar a la facción social que dice abanderar, entonces debe tener un mínimo de tiempo en ese partido. Se puede medir su nivel de pragmatismo-injustificado que disminuye la calidad de su tarea social. Dentro del tema de pragmatismo-injustificado, debe reglamentarse la política de alianzas. Es decir, si tiene o no definida una política de alianzas (la que esta sea), de no tenerla, indica mala calidad partidaria.
Si se mide la calidad partidaria, se estimula su horizonte normativo. El objetivo es impactar en las estructuras y prácticas de gobierno. Cómo modificando la vida partidaria se puede impactar en el ejercicio público. Recordemos que una política pública no sólo es un ciclo, sino un régimen. El vínculo entre “politics” (la política a secas) y “policy” (las políticas) es más estrecho de lo que podemos pensar. El enfoque tecnocrático pretendió autonomizar esos ámbitos, pero ese intento no es más que una mera expresión de un dogma que nada tiene que ver con la realidad. La preocupación de fondo de estas líneas es pensar cómo podemos convertir la democracia en el dispositivo que termine por aumentar la justicia y la calidad de vida de la población.
Si pensáramos en un Índice de Calidad Partidaria (icp), los horizontes de medición son las metas que deberían alcanzar los partidos para considerar que están haciendo bien su tarea. Un índice se construye con la aglutinación de diferentes indicadores, y sin duda uno de ellos deberá ser la obligación del instituto político de darle formación a su base militante. Antes de que se convirtieran en “atrapalotodo” los partidos tenían intensa actividad de formación. Con este indicador-meta, se puede obligarlos (primero) a tener programas sistemáticos de formación de militantes, lo cual contribuye a definir una línea política. Esto último implica la delimitación de ideas centrales sobre el papel del Estado en el desarrollo, el tipo de Estado que quieren construir, la actitud en torno al tema de la igualdad, del trabajo, los derechos sociales y civiles. Esto es la base para armar programas de gobierno de acuerdo a esas definiciones ideológicas. Y luego, la capacitación de los medios legislativos y los instrumentos de gobierno para implementarlos en caso de que esos militantes se coloquen en funciones públicas. Materias de política pública y análisis de gobierno, práctica legislativa, o problemáticas específicas de los gobiernos locales, son contenidos que todo militante debería manejar, con sus enfoques diferenciados, claro está.
Otro indicador-meta es la forma de tomar decisiones y elegir sus representantes: la democracia interna. El establecimiento de reglas claras sobre la elección de líderes y candidatos. Se puede medir qué tanto el instituto en cuestión tiene mecanismos participativos y que aminore el dominio de grupos de interés que se petrifican en la burocracia de los partidos y no dejan que emerjan nuevas expresiones o liderazgos. El subsidio les llega a las élites de los partidos y, con el manejo de los recursos, dominan al mismo. El uso del dinero público es otro de los indicadores: cuánta gente tienen en nómina y cuánto gastan en proyectos sociales, qué tanta transparencia y candados al mal uso de este tienen.
La responsabilidad sobre militantes y funcionarios. Los servidores públicos que incurren en actos de corrupción, y que fueron puestos por un determinado partido político, ¿cuál es la responsabilidad del instituto? y, por tanto, ¿cuál será su reacción en estos casos? El indicador-meta, en este tema es si existe o no mecanismo de responsabilidad social del partido respecto al desempeño de sus funcionarios. En la Ley deberá establecerse algún dispositivo de responsabilidad, y con ello, el partido deberá generar reglas de amonestación al respecto. Si el PRI en Veracruz estuviera en peligro de perder su registro estatal por los casos de corrupción de Duarte, su interés por evitar el enriquecimiento de sus militantes se vería altamente modificado. Si el partido puso a ese gobernador, el partido debe responder por el comportamiento de dicho sujeto. Igual con el resto de los funcionarios y representantes populares.
Otro tema esencial y que impacta en la calidad partidaria, es la incorporación de militantes de origen distinto. El exceso de pragmatismo debilita la calidad de los institutos político-partidarios en sus funciones de generar mediaciones en la representación popular. Si una persona pretende representar a la facción social que dice abanderar, entonces debe tener un mínimo de tiempo en ese partido. Se puede medir su nivel de pragmatismo-injustificado que disminuye la calidad de su tarea social. Dentro del tema de pragmatismo-injustificado, debe reglamentarse la política de alianzas. Es decir, si tiene o no definida una política de alianzas (la que esta sea), de no tenerla, indica mala calidad partidaria.
Si se mide la calidad partidaria, se estimula su horizonte normativo. El objetivo es impactar en las estructuras y prácticas de gobierno. Cómo modificando la vida partidaria se puede impactar en el ejercicio público. Recordemos que una política pública no sólo es un ciclo, sino un régimen. El vínculo entre “politics” (la política a secas) y “policy” (las políticas) es más estrecho de lo que podemos pensar. El enfoque tecnocrático pretendió autonomizar esos ámbitos, pero ese intento no es más que una mera expresión de un dogma que nada tiene que ver con la realidad. La preocupación de fondo de estas líneas es pensar cómo podemos convertir la democracia en el dispositivo que termine por aumentar la justicia y la calidad de vida de la población.
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