- Gobierno Federal “sigue sin asumir su responsabilidad”, denuncian diversos colectivos
- La Secretaría de Gobernación “se lava las manos” al señalar limitantes normativos
El feminicidio de la joven poblana Mara Castilla detonó nuevamente las protestas en la capital y 10 entidades del país por los imparables crímenes contra las mujeres. En Zacatecas, integrantes de la Coordinadora Feminista Olimpia de Gouges y de la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas coincidieron en entrevistas por separado, que el Gobierno Federal “sigue sin asumir su responsabilidad” y que “no ha ofrecido una alternativa de política pública integral” sino sólo paliativos, medidas insuficientes.
“Tenemos a 26 estados solicitando la alerta de género, 26 de 32, quiere decir que el país está en llamas” y que en México las mujeres no se sienten seguras y necesitan vivir en otras condiciones, expuso María Luisa Sosa, presidenta de la Coordinadora.
Acotó que la Secretaría de Gobernación “se lava las manos” al señalar limitantes normativos “porque el feminicidio está tipificado en este momento como un delito del fuero común”.
Por otro lado la Federación, un ente abstracto, como los también el Estado, obtienen respectivamente las bolsas de recursos “grande” y “mediana”, y el municipio, el territorio físico y concreto donde ocurren los feminicidios, una “bolsa pequeña”.
Los 2 mil 500 municipios del país deberían de ejercer la mayor parte de los recursos, pues es ahí donde vive la población que requiere soluciones para sus problemas y donde se encuentran los riquezas de México.
En su opinión debería alargarse el periodo de gobierno municipal “porque es un ensayo y error cada tres años”, y a la par acompañar esa modificación a las leyes con posibilidad de la revocación del mandato, una medida necesaria para todos los niveles de gobierno.
Sin la corrupción no sería posible la impunidad que permite entre otros fenómenos la comisión de feminicidios, por lo que ejemplificó el descuido del ámbito municipal con la conformación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas donde se omitió la posibilidad de establecer comités ciudadanos en este contexto, cuando sí los habrá tanto a nivel estatal como nacional.
Así las funciones de este órgano recaerán en las figuras del síndico y el contralor, ambas vinculadas a partidos políticos. “Y es sabido en este país se tejen componendas”.
“Donde ocurren los golpes a cada mujer violentada cada fin de semana” es en las comunidades de los municipios, y quien debe atender los casos es la policía municipal con la preparación que tenga para ello.
“Es ahí donde está ocurriendo la permisividad de la violencia, entonces es fundamental el reforzar el ámbito municipal”.
Mara Muñoz Galván, integrante de la Unión por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, observó que mientras que el Estado siga explotando el discurso de que no habrá tolerancia frente a los crímenes sin considerar el problema estructural y sistémico que proviene de una sociedad desigual “no vamos a poder avanzar”.
Sin demeritar el hecho de que los gobiernos atiendan las solicitudes de justicia y castiguen a los autores materiales de los feminicidios en los casos individuales, “también se tendría que pensar en una estrategia mucho más amplia” que implique revisar un modelo económico y social “que no está funcionando” genera grandes desigualdades y entonces una serie de problemas, un caldo de cultivo para esta crisis.
Las dos entrevistadas coincidieron que en el caso de Zacatecas, donde se ha solicitado la declaratoria de alerta de género para varios de sus municipios, de la que derivó una serie de nueve recomendaciones, éstas no son ni suficientes ni extraordinarias y apenas implican el cumplimiento de leyes y normas ya establecidas que se habían estado omitiendo y para cuya ejecución efectiva ha habido incluso resistencias institucionales en algunos casos.
El tiempo, seis meses que dio la CONAVIM para que estos lineamientos se verificaran en la realidad y que se cumplirán el próximo diciembre, no alcanzará para que la leyes que debieran proteger a las zacatecanas se cumplan.
Entre otras recomendaciones se le solicitó al Gobierno del Estado destinar más recursos para atender los casos de violencia, algo a lo que está obligado si se incrementan los mismos pero que también lo dicta el sentido común, acota Sosa de la Torre.
“Lo que señalan es que no hay esta posibilidad hasta diciembre que se discuta el presupuesto”.
