- Durante la comparecencia de la secretaria de Gobierno en la Legislatura, “aceptó gran parte de los puntos que integran la recomendación”: ombudsman
El hecho de que Fabiola Torres Rodríguez, secretaria general de Gobierno, haya aceptado la mayoría de los puntos que integra la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) respecto al desalojo forzado de pobladores de Salaverna, en diciembre pasado, significa que admite que hubo violación a los derechos fundamentales, afirmó María de la Luz Domínguez Campos, titular de ese organismo.
Durante la comparecencia que sostuvo la secretaria general de Gobierno en la Legislatura del Estado, el pasado martes, “acepta gran parte de los puntos que integran la recomendación y es evidente que hubo vulneración de los derechos humanos”, indicó.
“De nuestra parte, es importante que haya una reconsideración de parte de la secretaria general de Gobierno y que a partir de ello se lleve a cabo el procedimiento para la reparación de daños a los afectados. De esa forma se atiende a la víctima, se le hace justicia y este acto de autoridad habrá de ser reparado”, agregó.
La ombudsman afirmó que la CDHEZ, en este caso, realizó una investigación apegada a la legalidad, objetivo e imparcial, y como resultado se acreditó que sí hubo violación a los derechos humanos y por lo tanto se verificará el cumplimiento de cada una de las recomendaciones aceptadas.
Domínguez Campos destacó la postura que tuvo Torres Rodríguez, de seguir atendiendo a la población de Mazapil, lo cual es importante porque “el objetivo que mueve a esta comisión es la protección y defensa de los derechos humanos de los habitantes de Mazapil, que ellos puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales, y que las autoridades y servidores públicos ajusten su actuación a lo que la ley les mandata sin extralimitarse”.
Precisó que la CDHEZ sostiene que existió un proceso de desplazamiento forzado no atribuible al gobierno, sino a la empresa minera cuyo proyecto en la zona donde se ubica Salaverna es la que provocó esa violación a los derechos humanos de los habitantes.
Destacó que un servidor público haya comparecido ante la Legislatura por motivo de no acatar la recomendación, puesto que es la primera comparecencia en la historia de Zacatecas por motivo de recurrir a este acto cuando existe una negativa a la aceptación de recomendaciones, según lo establecen el artículo primero y 102 constitucional.
“Para la Comisión de Derechos Humanos es importante que la secretaria general de Gobierno haya reconsiderado y por lo tanto haya aceptado en gran parte la recomendación 03/2017, fundamentalmente en el tema de la reparación integral de daños a la señora Martha Leticia Mendoza, en virtud a que señaló que después de realizar un análisis exhaustivo, ella hizo una nueva reflexión y ha instruido a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas a que, en función a lo fundado en la Ley General de Víctimas, sea inscrita en el Registro Estatal de Víctimas y que tenga acceso a medidas de ayuda, asistencia y reparación”, explicó Domínguez Campos.
Por último, destacó la admisión de parte de Torres Rodríguez de la recomendación consistente en que la Secretaría de la Función Pública realice el procedimiento administrativo y la investigación correspondiente respecto a los servidores públicos que realizaron el operativo de desalojo.
