- «Se procederá con la investigación y acataremos los resultados», asegura la funcionaria en comparecencia sobre el desalojo del 23 de diciembre pasado
- En cuanto al parte policial dado a conocer por la CDHEZ, dijo desconocer si hubo modificaciones, pero llamó a «que se investigue y se proceda contra quien haya alterado el documento»
- Luego de que en un primer momento la Secretaría General de Gobierno rechazó las 8 recomendaciones emitidas por la CDHEZ, la titular de la primera advirtió que acatarán la capacitación de PC estatal en materia de derechos humanos y en el ámbito jurídico
- Respecto a la recomendación de incluir en el Registro Estatal de Víctimas para la indemnización por los daños causados de 7 habitantes de Salaverna, únicamente la aceptó para la persona a quien se le demolió su vivienda
Este martes, en la comparecencia de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, en la 62 Legislatura local, sobre el desalojo en la comunidad Salaverna, la funcionaria llamó a que se investigue si hubo abuso de autoridad y falsificación de documentos oficiales.
En la intervención en la que dio respuesta a las preguntas de los diputados, Torres Rodríguez sostuvo que, «si como funcionarios cometimos un abuso de autoridad, alguna falta administrativa o alguna irresponsabilidad, como servidores públicos estamos obligados a responder, resarcir y cumplir con la sociedad», y concluyó aseverando que «se procederá con la investigación y acataremos los resultados».
En este caso, la funcionaria se refería a la intervención que debe haber por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para advertir cualquier irregularidad en la actuación de los funcionarios de gobierno en el operativo de desalojo que se llevó a cabo el pasado 23 de diciembre en Salaverna, del municipio de Mazapil.
Por otra parte, hizo referencia, ante uno de los cuestionamientos de los legisladores, al caso de falsificación de documentos oficiales que se reveló en el expediente de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ), en concreto, del parte policial elaborado por el comandante que encabezó a los elementos de la Policía Estatal Preventiva que acudieron a la comunidad en el mes de diciembre.
En ese sentido, aseguró que desconoce si hubo modificaciones o no en este escrito, pero hizo el llamado para «que se investigue y se proceda contra quien haya alterado el documento».
En su primera intervención, en la que enumeró los argumentos de la secretaría para rechazar la recomendación hecha por la CDHEZ, apuntó que hubo cambios respecto a la postura inicial mostrada por la dependencia estatal ante los señalamientos del organismo defensor de los derechos humanos.
En un primer momento, el rechazo fue categórico y, en su totalidad, a las ocho recomendaciones emitidas por la comisión; sin embargo, advirtió que en estos momentos sí acatarán varios de los requerimientos.
Se trata de las recomendaciones en cuanto a capacitación de los elementos de Protección Civil estatal en materia de derechos humanos y en el ámbito jurídico.
Asimismo, en torno a la primera de las recomendaciones, que se refiere a la inclusión en el Registro Estatal de Víctimas para la indemnización por los daños causados de siete habitantes de Salaverna, su aceptación es parcial.
De los pobladores que se enumeran, dijo la secretaria general de Gobierno, únicamente se procederá a la indemnización de uno de ellos, que será Martha Leticia, a quien se le demolió su vivienda el 23 de diciembre del año pasado.
