- Sólo así el gobierno demostrará “en los hechos que verdaderamente está en contra de la corrupción”
- Opina que corrupción revelada por “La Estafa Maestra”, en un régimen con otros parámetros morales habría supuesto la renuncia de titulares de las dependencias involucradas
La Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) y el propio gobernador Alejandro Tello Cristerna deben “tomar cartas rápidamente” en el tema de los convenios firmados, en concreto, por la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) y varias dependencias federales, aseguró el diputado local, Luis Medina Lizalde.
Sólo así, precisó, el gobierno de la entidad y el mandatario estatal demostrarán “en los hechos que verdaderamente están en contra de la corrupción”.
El legislador recordó que hace meses, cuando se hizo público el entramado de compras ficticias llevadas a cabo por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el cual fue señalado, al igual que en el caso de la UPSZ, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Máxima Casa de Estudios del estado tomó una serie de medidas.
En primer lugar, expuso, se removió a la persona que fue señalada como responsable de estos hechos al interior de la institución, Edmundo Guerrero Sifuentes, y en segundo término sostuvo que desapareció el departamento desde el que se habían operado los convenios, denominado de Proyectos Estratégicos y el cual se ubicada en la Facultad de Contaduría y Administración.
Por ello, y tras el escándalo nacional de corrupción evidenciado en el reportaje de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad llamado “La Estafa Maestra”, el diputado consideró que en el caso de la UPSZ el Gobierno del Estado debe actuar, aparte de las investigaciones que tendrían que llevarse a cabo a nivel nacional.
El diputado consideró que esta denuncia pública en “un régimen con otros parámetros morales” habría supuesto la renuncia de varios titulares de las dependencias involucradas. Sin embargo, añadió, el gobierno mexicano “está recurriendo a distractores poniendo en primer plano las pugnas al interior de los partidos y los conflictos por las mesas directivas en las cámaras del Congreso de la Unión”.
La red de corrupción mostrada por el reportaje publicado a nivel nacional, la cual está operada por dependencias federales con el contubernio de universidades públicas, evidencia “la ruptura del empresariado mexicano con el régimen del PRI y de (Enrique) Peña Nieto, porque la fuente de las denuncias, el activismo de mexicanos contra la corrupción apuntala hacia un cambio del capitalismo de compadres a un régimen fundado en el Estado de Derecho”.
En cuanto al papel que deben tener los legisladores, federales y locales, en torno a este caso de corrupción que “deja chiquita a la Casa Blanca”, Medina Lizalde indicó que no es un tema de leyes sino de voluntad política, por lo que como diputados lo que deben hacer es presionar para que se aplique la ley y, con ello, ser un contrapeso real del Poder Ejecutivo.
Respecto al actuar de la sociedad, apuntó que este hecho “debe dar pie a un movimiento integral contra la corrupción y a una exigencia a Peña Nieto para que no siga ignorando el tema de la corrupción”.
