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Mañana 1 de septiembre, el Congreso de la Unión inicia el primer periodo de sesiones ordinarias y por mandato constitucional, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. La baja popularidad y el repudio generalizado al gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, restan importancia y seriedad a lo que posteriormente se haga de conocimiento de la opinión pública sobre el documento, porque la apatía, el descontento social y la inconformidad de la ciudadanía simplemente son una constante.
Guadalupe Victoria, primer presidente de México, fue también el primero en rendir un informe, y aunque todavía no estaba obligado, se presentó ante el Congreso el 1 de enero de 1825. Informó que logró vestir, armar y aumentar al Ejército; pagar sueldos atrasados de los empleados, y atender en la medida de lo posible la administración de justicia.
Durante una parte de la última mitad del siglo XIX dada la ausencia de consensos y la inestabilidad endémica del país, más que informes, los documentos presidenciales eran proclamas políticas partidistas; planteamientos políticos a propósito de determinada forma de gobierno, por ejemplo, de las bondades del centralismo o del federalismo. Su objetivo no era rendir cuentas sino movilizar apoyos, o servían para la explicar la situación política del país, pero hablaban poco de una administración pública sujeta a múltiples penurias. Se trataban generalmente de documentos que hasta antes de 1876 ocupaban no más de 2 cuartillas.
Benito Juárez el 31 de mayo de 1862, informó que el pueblo aceptaba el orden legal que emanaba
de la Constitución de 1857. Rechazaba con indignación los proyectos insensatos, así como intentar
cambiar bajo las sombras de las bayonetas extranjeras la forma de gobierno que libremente se había
dado en la República. En 1867, anunció la victoria sobre los imperialistas y la determinación de fusilar a Maximiliano para fortalecer la vida política del país.
Fue hasta la dictadura de Porfirio Diaz, cuando se logró en el país cierta estabilización y los informes fueron realmente la presentación de la obra administrativa del gobierno. El poder personalizado del general, impuso al acto un tono reverencial y lo convirtió en uno de los ritos de mayor adulación hacia su persona. Los diputados se referían al informe presidencial con reverencia, enalteciendo sus virtudes; su capacidad para gobernar; brindaban gratitud al gran hombre. Inclusive, el diputado Joaquín Casasús, quién contestó su informe en 1902, le dijo: “el Poder Legislativo confía plenamente en vuestra pericia, es un deber de justicia reconocer, que el progreso ha sido parte de vuestro esfuerzo perseverante, y las cámaras federales como hasta hoy, continuamos prestando su apoyo decidido”. En 1891, el informe de don Porfirio fue de 8 páginas, y se ufanó de los cambios de la normalidad de los poderes del estado y la modificación en las estructuras constitucionales para imponer el orden, progreso y paz social.
A través del tiempo algunos informes han tenido una característica especial. Por ejemplo: Adolfo de la Huerta, fue el primer presidente que utilizó vehículo para trasladarse a la Cámara de Diputados. Los de Lázaro Cárdenas, fueron los primeros informes que se transmitieron completamente por la radio. El primer informe presidencial televisado fue el de Miguel Alemán en 1952, José López Portillo en 1982, lloró al anunciar la crisis en que se encontraba inmerso nuestro país.
La Constitución de 1917 indicaba qué a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, asistiera el Presidente de la República y presentara un informe por escrito en el que manifestara el estado general que guardaba la Administración pública del país. Este evento continuaba siendo un ritual hacia la figura presidencial y destacó aún más, la subordinación de legisladores y la clase política, en la que prevalecía lo que muchos llegaron a denominar “el besamanos”.
Con el tiempo, los legisladores comenzaron a cuestionar al presidente durante la lectura de su informe. El primero que reprochó a Miguel de la Madrid el desaseo del proceso electoral de 1988, fue el entonces senador Porfirio Muñoz Ledo el 1 de septiembre de aquel año.
Y, entre protestas y reproches, llegamos al sexenio de Felipe Calderón, quien el 15 de agosto de 2008, reformo la Constitución, para establecer qué en lugar del presidente, el funcionario de mayor rango en el Gabinete, se le presenta en el Palacio Legislativo a entregar el informe de gobierno.
9 años después, el senador David Monreal, presentó una iniciativa de reforma, propuesta que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado. El objeto es que el presidente de la República acuda ante el Congreso de la Unión a presentar su informe, además para que escuche a los grupos parlamentarios e independientes.
La iniciativa también propone que el presidente de la República durante el tiempo de su encargo, no sólo pueda ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, sino también por los de violación a derechos humanos; por cohecho, y algo sumamente importante, que pueda ser sujeto de juicio político.
Esta iniciativa, somete constitucionalmente las facultades del presidente. ■
