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jueves, 28 marzo, 2024
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Necesaria, una demanda formal para que PGR investigue la contratación de presuntas empresas fantasma por parte de la UPZ

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

  • Así lo establece el Nuevo Sistema de Justicia Penal, explica Raúl Jesús Izabal Montoya
  • Primero se tendría que acreditar la competencia o no de la instancia federal en el caso, expone

En el año 2015, tras la publicación de un reportaje en La Jornada Zacatecas en el que se evidenció la contratación de empresas fantasma por parte de la 61 Legislatura del estado, la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación de oficio.

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Esto significa que, según expuso el ex delegado de la PGR en Zacatecas, Sergio Martínez Escamilla, no se necesitó una denuncia formal de los hechos, sino que la dependencia se valió de lo difundido públicamente para comenzar con la indagatoria.

Sin embargo, ahora con la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dijo el actual titular de la delegación de la Procuraduría en Zacatecas, Raúl Jesús Izabal Montoya, es necesario que se interponga una denuncia en la PGR para que pueda, primero, acreditarse o no la competencia de la instancia federal en el caso y, segundo, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes.

Por tanto, se requiere una demanda formal para que pueda someterse a un proceso de investigación el caso de la contratación de presuntas empresas fantasma por parte de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) por más de 3.5 millones de pesos.

En el caso del Congreso del estado, entre 2014 y 2015, se facturaron más de 9 millones de pesos con tres empresas que fueron Bello Caporetto S.A. de C.V., Consultoría Ipanema S.C. y Productos y Servicios Comercializados Gaudino S.A. de C.V.

Las dos últimas fueron contratadas para brindar asesorías legislativas, fiscales, jurídicas y legales; y ambas facturaron a la legislatura local una cantidad superior a los 8 millones 265 mil pesos. En la documentación que en su momento envió el Congreso estatal, como respuesta a una solicitud de información, no se comprobó la prestación de ninguno de estos servicios.

La tercera empresa, Bello Caporetto S.A. de C.V., estaba ubicada en una dirección de la calle Vialidad Arroyo de la Plata y supuestamente compartía oficinas con la compañía Productos y Servicios Comercializados Gaudino S.A. de C.V.

Como en el reciente caso publicado de la UPZ, en el que no existen las oficinas desde las que facturan las empresas a la institución educativa, también en los hechos que tuvieron como protagonista al Congreso del estado no se encontraron instalaciones de ninguna de las compañías que presuntamente operaban en el municipio de Guadalupe.

Al momento de publicar el reportaje en julio de 2015, las tres empresas no habían sido señaladas por alguna autoridad como sospechosas de realizar operaciones simuladas. Sin embargo, en el mes de septiembre de 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a las tres compañías del reportaje publicado en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas y/o Inexistentes (EFOS).

En esa fecha, la dependencia federal notificó a las tres empresas que un año antes habían estado siendo contratadas por la Legislatura local que “se ubicaron en el supuesto a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”.

Esta parte de la legislación, se exponía en la página de Internet del SAT, determina que “cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.

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