En punto de coincidencia y una diferencia con el legislador Luis Medina Lizalde. El primero, efectivamente, la única palanca de negociación que tuvo en sus manos el contador Tello para que las empresas mineras accedieran a nuevas cargas impositivas -del estilo y nombre que usted guste- se llama decreto de Área Natural Protegida (ANP), región Zacatecas.
Impulsado por la federación para limitar la explotación ambiental con fines económicos, en un polígono de 2 millones 577 mil 126 hectáreas dentro de los municipios de Villa de Cos, General Francisco R. Murguía, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil, cercenaba las inversiones de empresas como Fresnillo PLC, Frisco y Goldcorp (capital mexicano y canadiense) en el estado.
La presión que realizaron los capitanes financieros, al inicio de la administración local entrante, resultó en la afronta de ambos niveles de gobierno por mantener la integridad de sus modelos de gobierno.
Por un lado, el poder estatal proveería de empleo en las minas a la población zacatecana, retórica usual que le valió el respaldo electoral del sindicato minero -ese que ahora revienta sus eventos públicos.
En contraposición, la federación cumpliría con el Tratado de Cooperación Ambiental en Norteamérica (firmado por Estados Unidos, Canadá y México) para la conservación de especies de flora y fauna propias de algunos polígonos en este segmento del continente.
En el medio, las transnacionales cabildeaban la posibilidad de dejar libres para su explotación las prósperas vetas minerales en la zona norte de Zacatecas. Lograron su acometido el 13 de Noviembre de 2016, cuando el contador Tello hace firme su posición en contra de la declaración de decreto de la zona natural protegida al interior del estado. El incentivo para ejercer presión sobre el futuro de los inversores mexicanos y canadienses entonces desapareció.
Regreso con el legislador. Sobre la diferencia: en Zacatecas no hay un “saludable” “debate” de los ex gobernadores zacatecanos Genaro Borrego, Arturo Romo, y la ahora recientemente sumada Amalia García Medina, sino una cascada de posicionamientos alrededor de una agenda potencialmente electorera.
Pensar que la defensa del gravamen para remediación ambiental -internacionalmente conocido como “impuesto minero”- es abrir debate sobre los alcances del federalismo implícito en la Controversia Constitucional impulsada por el Ejecutivo Nacional, es consentir la narrativa oficial que se aparta del evidente naufragio del primer gabinete estatal ante un proyecto de gobierno transquinquenal.
Me explico: lo que una herramienta de apalancamiento frente al potencial de las mineras pudo haber logrado en su momento -si es que Gobierno del Estado tenía en claro que guardaba la carta más fuerte de negociación en su bolsillo- hoy no lo va a suplir un discurso sobre las facultades del federalismo en materia recaudatoria.
Su gabinete confió en que la federación reconocería el alcance de la Ley de Ingresos local. Pasaron por alto la renegociación del TLCAN en la agenda geopolítica de Enrique Peña y las mineras. Ahora el tema se encuentra disponible para el usufructo de las agendas partidistas.
Concediendo algo de elocuencia a la hipótesis de la izquierda amarilla zacatecana sobre un supuesto acuerdo entre el contador Tello y el presidente Peña para favorecer al capital minero en dos vías (evitar el decreto del ANP y declarar la inconstitucionalidad de los nuevos impuestos) cabría preguntar entonces si la coyuntura es más bien una trama teatral versátilmente ensayada entre ambos niveles de gobierno. De otra forma la hipótesis expuesta por Camerino Márquez y Arturo Ortiz no tendría sustento alguno.
Donde sí tienen claridad al respecto de la lucha de poder entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para acaparar los espacios de negociación con el capital es en los demás partidos de oposición. El Partido del Trabajo no tardó en responder, la marcha en contra del gasolinazo y a favor del “impuesto minero” rompió con la lógica institucional del conflicto por el gravamen.
En el Movimiento de Regeneración Nacional, Luis Medina empieza por poner el cascabel en el cinturón del felino. Este lunes, en su publicación “El Recreo”, manifiesta oportunamente la estéril lucha de los operadores del contador sin un incentivo como lo fue en su momento el decreto del área natural.
A ello hay que sumar los platos rotos de Sindicato Nacional de Mineros, los cuales corren a cuenta de la casa, no de los partidos que expresan su “unidad”.
Cuando hubo oportunidad de mostrar institucionalidad, el gobierno estatal no supo comunicar el consenso político. Prefirieron agradecer vía Twitter el apoyo de los 58 municipios.
El problema encuentra su crisis cuando el Gobierno Federal no da muestras de intentar reactivar el decreto para la protección del ambiente en el semidesierto zacatecano. Tello regresó al punto inicial de su sexenio: sin dinero ni forma de remediar el ambiente, ni las finanzas públicas del estado.
Tiempo de evaluar la dinámica política de su gabinete. ■
Twitter: @GabrielConV
