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¿Una nueva Constitución?

¿Una nueva Constitución?

En fechas recientes, y conforme se acerca el centenario de nuestra Carta Magna, las voces que se pronuncian por un nuevo texto constitucional han aumentado, e incluso formado grupos de participación política, con la finalidad de llevar una discusión ordenada en este sentido.

Es de celebrarse el debate, más aún si éste, por tratarse de un aspecto técnico en materia político-jurídica, se hace con responsabilidad y sustento. La discusión sobre una nueva Constitución no es materia de aficionados, puesto que se trata del cuerpo normativo más importante, fundamental para cualquier ordenamiento jurídico nacional y sobre todo, de la redacción de los principios que habrán de verse consolidados en el resto de las leyes en el país. No es pues, un tema para hacer “grilla”, sino para hacer política en la más amplia y compleja de sus interpretaciones.

Nuestra Constitución, como máxima carta de derechos y hoja de ruta de organización política, ha ido modificándose a lo largo de los casi cien años que está por cumplir y, dependiendo del cuadrante ideológico en el que nos encontremos, podremos identificar avances y retrocesos, algunas veces ambos en un mismo artículo e incluso párrafo.

Podemos llegar a cierto grado de consenso en sus virtudes y excesos. Quizá su virtud más acabada sea el reconocimiento de derechos humanos y sus principios. Tal vez entre sus excesos esté la regulación pormenorizada de ciertos temas, como el electoral o el de la transparencia, que describe casi con precisión cada aspecto de éstos, sin que sea necesario hacerlo así en un texto de esta talla, y que incluso la desvirtúa.

Quiénes nos insertamos en la lógica del progresismo (izquierda), podemos considerar que ha habido retrocesos en la redacción de los derechos sociales, incluso que se han perdido muchos y otros se han desmantelado. Quiénes se identifican con lo que llamamos “derecha”, podrían considerar que hay excesos en el texto, sobre todo en la limitación de libertades y preponderancia del Estado en la regulación del mercado, derechos laborales, regulación agrícola, etcétera.

En esa narrativa, ambas expresiones podrían coincidir en la importancia de redactar una nueva Constitución que eliminara la redacción que “impide el correcto desarrollo del país” (sic), el conflicto surgiría a la hora de redactar los “modernos” artículos que habrían de sustituir a los arcaicos 136 que hoy tiene nuestra “vieja” Constitución de 1917.

La forma de solucionar estos conflictos, seguramente sería a través de mayorías, es decir, de democracia formal, no sustantiva. Dado que la mayoría de nuestros políticos no entiende aún el concepto de Democracia Constitucional (que es un término que casi a diario usan y que les gusta como expresión jurídica positiva), seguro iríamos a la elección abierta y popular de los miembros de un Congreso Constituyente, luego éstos, debatirían y asumirían resoluciones por mayorías simples o calificadas (en el mejor de los casos).

Con toda seguridad no respetarían los cotos reservados a los derechos humanos, ni tendrían la capacidad para considerar principios garantistas, mucho menos para ampliar el principio pro-persona. Habría una rebatinga por dar marcha atrás al andamiaje jurídico que ha permitido a la Suprema Corte distanciarse de determinaciones populares, fortaleciendo los derechos humanos de las minorías.

En el estado en el que se encuentra nuestra democracia electoral y dada la división persistente y el canibalismo insuperable de las fuerzas progresistas del país, puedo predecir, sin mucha ciencia, que la fuerza contraria (es decir, la conservadora) podría ser la que contara con las mayorías necesarias para imponer su visión. Lo que no resultaría en una Constitución “nacionalista y liberal”, como podríamos aún calificar la nuestra, sino en una que marcara el rumbo en el sentido contrario.

Nuestra derecha no se caracteriza por ser humanista, democrática y cristiana; como nuestra izquierda, en muchos sentidos y expresiones, no se caracteriza por ser moderna y contemporánea, sino anclada en un nacionalismo revolucionario añejo, y desde mi punto de vista, superado por las circunstancias de la globalización.

De tal forma pues, que, no veo el caso. Como he anotado anteriormente, solo veo un camino cierto y confiable para un debate de esta naturaleza: el reordenamiento de nuestra Constitución que ha propuesto el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, que propone respetar el contenido de la misma, y reordenarlo para darle consistencia técnica.

Sin embargo, el debate siempre será bienvenido (en serio).■

 

@CarlosETorres_

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