Evaluación y reforma educativa: ¿garantía de calidad?

Evaluación y reforma educativa: ¿garantía de calidad?

En el contexto de la reforma educativa, la evaluación docente y la calidad educativa han estado en el ojo del huracán, dando lugar a una pugna por el significado que adquieren entre la base magisterial, las instituciones y las autoridades, sin dejar de lado a la sociedad, entre la que también se ha difundido. Infinidad de discursos van y vienen, información y desinformación, acciones de represión e intimidación al amparo de la ley, resistencia sustentada en la razón y propuestas y decisiones lanzadas al aire como dardos sin ton ni son.

Es ineludible que el campo evaluativo ha tenido como finalidad primordial medir el aprendizaje en función del currículo y la enseñanza para, de esta manera, determinar la “calidad” que ofrece una institución o el mismo sistema educativo en general. Sin embargo, en los últimos años, luego de la aprobación de la reforma educativa, se ha tratado de fortalecer el propósito de la educación: ser un motor de cambio, de transformación de la sociedad, considerando la diversidad cultural y social, entre otros aspectos. Pero ¿realmente se pensaron las consecuencias de aplicar una reforma que, evidentemente, apostaba más por el control, la represión y la desacreditación docente que por la aplicación de un concepto de verdadera calidad? Mejor aún: ¿se pensó cómo hacer para cumplir con ese propósito tan ambicioso en un país como el nuestro, desmoralizado, consumido por una mala economía, envuelto por la creciente violencia, en el que la corrupción y la simulación son el pan de cada día, donde muchas escuelas no tienen instalaciones básicas, por no decir dignas? ¿Por qué, al retomar de tantas investigaciones, metodologías y políticas externas, conceptos como eficiencia, relevancia, eficacia y equidad, plasmándolos en leyes y programas aprobados para lograr la tan sonada “calidad educativa”, se han quedado tan cortos en el ejercicio?

Lograr la calidad educativa implica mucho más que la aplicación de un examen a docentes bajo la amenaza de despido si no se participa. Seamos honestos: los maestros no se niegan a evaluarse, pues han sido evaluados durante años. El problema de esta nueva modalidad de evaluación radica en lo antipedagógico de la misma. ¿Cómo es posible que, si se habla constantemente de evaluación del proceso, todo se remita a una calificación apresurada, en un proceso inconsistente y anómalo que tiene como efecto el despido inmediato de quienes se oponen, o una capacitación desorganizada de los que resultaron insuficientes? Evaluar la educación implica todo un proceso de observación, análisis, adecuaciones y replanteamiento constante; por lo tanto, deben ser considerados todos y cada uno de los actores copartícipes en el quehacer educativo. En este sentido, ¿quién evalúa al INEE, que nunca ha sido capaz de hacer valer su autonomía como órgano evaluador, que plantea y replantea calendarios de acciones para la evaluación en función de las necesidades políticas del gobierno y que ha permitido que desde la Secretaría de Educación sean dictados los mecanismos e instrumentos para dicho fin? ¿Quién evalúa a diputados y senadores, que prefieren aprobar recortes a los presupuestos de salud, educación y ciencia antes que a los destinados a partidos políticos y a sus bonos de “productividad”? De la misma manera podríamos continuar con los secretarios de educación estatales y sus subalternos, los jefes de región, los supervisores y los mismos padres de familia. ¿Por qué el docente tiene que ser el único responsable de garantizar la calidad educativa? ¿Qué no es tarea de todos?

Estas y otras preguntas no hacen más que mostrar que este afán de imponer un modelo educativo responde más a cuestiones político-económicas locales e internacionales que a verdaderas intenciones de transformación social. Al mismo tiempo, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de implementar un modelo educativo para un país como el nuestro, que satisfaga las necesidades y demandas propias de su sociedad a la vez que responda a las exigencias de la dinámica global.

Es importante que hagamos efectivo el verdadero concepto de “calidad”, más allá de un marco teórico plasmado en un trozo de papel. Es indispensable llevar a cabo acciones coordinadas, consensuadas y razonables para que el concepto de equidad no sea una simulación en las escuelas rurales o en los lugares más desfavorecidos geográfica, económica y socialmente. Una calidad que efectivamente considere y potencie esa diversidad social y cultural como instrumento de crecimiento y desarrollo, en la cual gobierno, autoridades, docentes y padres de familia realicen una efectiva, real y correcta gestión y administración de recursos financieros y humanos en la consecución del fin educativo. Una verdadera calidad educativa basada en el respeto y fortalecimiento del Estado de Derecho. ■

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