En 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) preguntó a los hogares mexicanos cuál era el problema nacional que más les preocupaba. El 50.9% de nosotros contestamos que el problema más importante en el país es la corrupción. El diagnóstico de México es muy claro; estamos enfermos de corrupción, pero no tenemos una receta para curar el mal. Pareciera ser que la corrupción se ha vuelto endémica, inevitable e invencible. Afortunadamente, como lo muestran las experiencias de países menos desarrollados que el nuestro, existen iniciativas que pueden ayudarnos a soslayar este mal.
Por ejemplo, Kenia – un país donde una de las frases populares era “por qué contratar a un abogado cuando puedes comprar a un juez – pasó de tener un sistema judicial cien por ciento corruptible a uno capaz de impartir y procurar justicia. Ucrania, un país al cual Transparencia Internacional otorga una de las calificaciones más bajas, está actualmente reformándose a través de instituciones que seriamente buscan combatir la corrupción. En Guatemala un presidente fue destituido del cargo por no poder presentar una defensa solida ante las acusaciones de actos de corrupción que se le imputaron. Incluso cuando estos casos de éxito se viven en un contexto nacional propio, existe un elemento común; la participación de la ciudadanía como el pilar que sostiene y empuja los resultados.
En México, la reforma al artículo 113 constitucional empoderó a la ciudadanía a través del comité de partición ciudadana para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Precisamente, una de las consecuencias de la reforma, aprobada en mayo de 2015, fue abrir el espacio para que un grupo de ciudadanos encabezados por académicos y líderes de opinión como Josefina Cortes, José Roldan Xopa y Max Kaizer presentaran la iniciativa de ley ciudadana 3de3. La iniciativa y quienes la impulsaron fueron capaces de reunir más de 600 mil firmas de ciudadanos.
Las 600 mil firmas demuestran que en México sí existe una ciudadanía que quiere acabar con la corrupción ¿Entonces por qué siguen apareciendo nuevas propiedades de contratistas del Estado vinculadas con funcionarios públicos? La respuesta más inmediata y la más común es “porque la clase política solamente quiere robar”. A mucha gente le sorprendió que en su declaración 3de3 AMLO solamente reportara ingresos por 50 mil pesos mensuales. Si AMLO hubiera declarado tener sesenta carros (como el líder del PRI) o una colección de relojes carísimos, la gente no lo hubiera tachado de hipócrita, pero sí de enriquecimiento ilícito. Un político en México, si no es ratero es mentiroso.
El descontento con la declaración de AMLO es reflejo de la poca confianza que actualmente tenemos en la clase política haciéndonos olvidar que en cada acto de corrupción se necesitan al menos dos partes. Si bien la corrupción que acapara los medios es en la que están involucrados millones de pesos y empresas como grupo HIGA, vale la pena hablar de la llamada “petty corruption”. La corrupción pequeña va desde una mordida a un oficial de tránsito hasta los doscientos pesos que el funcionario de CFE recibe para no cortar la luz. Es en la comisión de estos actos donde se presenta una gran contradicción; si como ciudadanos sabemos que la corrupción es un problema, por qué seguimos siendo parte de él.
En marzo de este año conocí a Laurence Cockcroft, fundador de transparencia internacional y experto en el tema de corrupción. Al plantearle este escenario y hacerle la misma pregunta me proporcionó dos respuestas. La primera es que muchas veces, como ciudadanos, no nos damos cuenta que los sobornos que pagamos a un tránsito o a cualquier empleado de la administración pública pueden llegar a ser, en suma, similares a las cantidades que los políticos son acusados de robar. La segunda respuesta fue que las leyes son tan complejas que en realidad en lugar de prevenir la corrupción la fomentan. Cuando le pregunté su opinión sobre la hipótesis del presidente Peña – que la corrupción es algo cultural – su respuesta fue bastante interesante. Laurence no fue capaz de negar esta hipótesis, pero sí de afirmar que el hecho de que sea cultural no quiere decir que sea correcto. Terminó su respuesta diciendo que, si la corrupción es cultural entonces es responsabilidad de quien nos dirige empezar a cambiar esa cultura.
La actual reforma educativa presenta una oportunidad para que desde la formación primaria esta cultura empiece a transformarse. A través de una verdadera renovación de los contenidos de ética y civismo, los niños pueden entender desde pequeños que la corrupción, aunque sea cultural, es algo que no debe de pasar. Si nos alejamos por un momento de la evaluación de los maestros nos daremos cuenta que en el fondo de la reforma educativa yace la clave para empoderar a la ciudadanía del futuro. Solamente teniendo una ciudadanía de primera podremos tener el cambio que actualmente demandan más de 600 mil personas. ■
