En esta época de globalización, el tema de la corrupción en México es tratada con una gran frecuencia por medios de comunicación muy importantes de todo el mundo. La embajadora de Estados Unidos en nuestro país, también trató el tema ante legisladores mexicanos, y fue utilizado por distintos representantes de países de américa central ante la OEA para callar la boca del embajador de México en el organismo, cuando este intentó criticar la situación interna de uno de los integrantes. Es un tema que indigna a la mayoría de los mexicanos y nos llena de vergüenza cuando se refieren a nosotros en los medios señalándonos como uno de los países más corruptos del mundo.
La llamada declaración 3 de 3 surgió como iniciativa ciudadana ante la opacidad existente en lo relacionado a los patrimonios de las personas que ocupan o desean ocupar cargos públicos, y la convicción generalizada de que la mayoría de esas personas han acumulado un patrimonio muy superior al que corresponde de acuerdo con los ingresos legales que perciben. La iniciativa de ley, deslavada por los legisladores del PRI y el PAN, fue aprobada por el Congreso de la Unión como parte del paquete de leyes del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, y sólo falta que culmine el procedimiento llamado constituyente permanente para que se promulguen y entren en vigor. No obstante ello, la presión de la sociedad civil y de algunos medios de comunicación lograron que diversos funcionarios, políticos y candidatos publicaran su declaración, abriendo la puerta para que los interesados iniciaran investigaciones más o menos serias orientadas a descubrir errores, falsedades u omisiones en esas declaraciones.
La utilidad de la declaración 3 de 3 queda perfectamente ilustrada con el reportaje que hoy publica nuestro diario sobre la omisión encontrada en la declaración del presidente electo del municipio de Guadalupe, y con la información que seguramente aportarán a partir de hoy muchos ciudadanos interesados en contribuir en el combate a la impunidad. Sin embargo, estamos convencidos de que los zacatecanos debemos estar atentos a la implementación de la expresión local del sistema anticorrupción, en especial de todo lo relacionado con la independencia y solvencia moral de las personas que queden a cargo de las funciones más importantes del sistema, pues ya sabemos que hasta el sistema mejor diseñado para que el poder controle al poder se corromperá si quienes deben ser vigilados designan a los responsables de esa función.
Las experiencias que hemos vivido con los gobiernos emanados de las alternancias políticas en los tres órdenes de gobierno, nos demuestran que ni las secretarías de la función pública, ni las auditorías ni las comisiones de vigilancia del Congreso han cumplido con su alta misión, debido a que sus nombramientos han obedecido a la voluntad del titular del poder Ejecutivo en turno. Por ello es fundamental el debate y la atenta vigilancia de los ciudadanos, así como su disposición a expresarse en los espacios públicos. Esa actitud es de la mayor importancia pues debemos recordar la validez de la expresión, “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”.
