Pasivos y todo lo demás

Pasivos y todo lo demás

La UAZ requiere dinero para pagar sus obligaciones inmediatas y sus obligaciones futuras. Las obligaciones inmediatas, de interés para los universitarios, son el salario y las prestaciones. Las obligaciones futuras, de radical interés para un restringido grupo de docentes, se derivan de los contratos colectivos ya firmados que garantizan ciertas percepciones para cuando ejerzan la jubilación. En particular, la universidad deberá pagar a todo docente que haya ingresado a trabajar hasta el 12 de agosto de 1991, una vez que se haya jubilado, el total del salario y prestaciones –con excepción de la prima de vacaciones- que percibe laborando. Esa obligación, reiteramos, es a 30 años, e implica la necesidad de un incremento constante en el presupuesto porque por cada jubilado se pagará la jubilación y la plaza que se desocupa; i.e. cada jubilación implica contrataciones. Todo esto es aritmética simple, la cosa se vuelve nebulosa cuando se introduce la terminología de la contabilidad, las técnicas actuariales y se usan términos como “pasivo laboral”. Un pasivo laboral es toda obligación con terceros: el salario, las deudas a proveedores, los impuestos y así sucesivamente. Por lo tanto la universidad cada quincena tiene un pasivo a corto plazo con sus trabajadores porque debe pagarles el salario y las prestaciones, y tiene un pasivo a largo plazo con un conjunto de docentes porque deberá pagarles la jubilación. En 1991 se tomó la decisión de ingresar a todos los universitarios al ISSSTE para deshacerse del inmanejable problema de las jubilaciones: debido a que no existía la posibilidad de generar ahorros para construir fideicomisos, se prefirió poner un límite al crecimiento del pasivo por jubilaciones reconfigurando el contrato. Una decisión, como se dice hoy, “neoliberal” pero que descargó a la universidad de esquemas Ponzi que concluirían en la ruina. El problema se contuvo y se redujo. Se contuvo porque ya ningún otro universitario será jubilado por la universidad, y se redujo porque una parte del adeudo se le cargará al ISSSTE. El problema adquiría dimensiones controlables. Sin embargo, la estructura clientelar de la universidad, la frivolidad e inanidad intelectual de grupos universitarios ambiciosos y sin proyecto académico, y el entorno económico de crisis mundial del capitalismo, conspiraron para hundir a la universidad en el fango de las deudas, porque al pasivo laboral por jubilaciones se le añade el pasivo por seguridad social que se acumuló durante la gestión de Domínguez Garay y que ha llevado a la administración de Silva Chairez a firmar contratos draconianos de pagos. Es natural que en tal ambiente de desesperación, en donde la administración central debe realizar constantes reasignaciones en todos los conceptos presupuestarios para hacer frente a los pasivos de corto plazo, aparezcan propuestas como las de “venta de prestaciones”, que fueron contratos individuales con docentes cuyos términos no se han hecho públicos, pero que si en verdad implicaran la “venta” de una prestación, serían nulos. En fin, lo que queremos resaltar no es la “legalidad” o “ilegalidad” de los mismos, sino su contribución objetiva a reducir los problemas financieros de la universidad. Creemos, por las razones que aduciremos a continuación, que tal como se han manejado no han resuelto los problemas e incluso los han agravado. La manera en cómo se han manejado es la siguiente: a un docente que ingresó a la universidad hasta el 12 de agosto de 1991 se le ofrece un monto dinerario pagadero de inmediato si acepta que, al jubilarse, no exigirá ya ninguno de los pagos que le garantiza el contrato colectivo UAZ-Spauaz. El problema es que no se le ofrece ese monto a alguien que ya quiere jubilarse, sino a cualquiera aunque no pretenda hacerlo. En otras palabras, no se utiliza el dinero para incentivar la jubilación sino para incentivar la permanencia, con lo que se logra el siguiente resultado: el pasivo a corto plazo permanece y el pasivo a largo plazo desaparece. En un estudio actuarial cualquiera (véase P. J. Richard “Teoría y práctica de las operaciones de seguros” Ed. Mundo Atlántico, (1949) Buenos Aires) se establecen hipótesis de supervivencia mediante “curvas de supervivencia”. En palabras llanas: se establece un horizonte temporal de supervivencia como la edad promedio de muerte o, en el caso que nos ocupa, el tiempo establecido para la jubilación. Así, en un estudio actuarial se fija ese límite y se calcula la extinción de la obligación. En el caso de la UAZ, debido al manejo del proceso, el horizonte de jubilación cambió de 30 años a “nunca”, porque un docente que ya cobró el monto por “venta de prestaciones” y no se jubiló perdió todo interés en hacerlo, así que la nueva hipótesis actuarial sería que “nunca se jubilará”. Por lo tanto el resultado neto es que no hay ninguna reducción objetiva de obligaciones. Claro, el pasivo a largo plazo, es decir, si acaso el docente se jubila, es nulo, pero ese largo plazo es ahora infinito, porque el docente no se jubilará. La propuesta es que si hay otro programa de venta de prestaciones sea para incentivar la jubilación, no para incentivar la permanencia. Además, esos funcionarios que manejaron mal ese programa deberían, por ineptos, ser inelegibles para otro cargo. ■

Banner Home Videos 578 x 70

Related posts

Banner Home Videos 578 x 70