Las sociedades tienen ahora un perfil más competitivo, plural y diferenciado que se intensifica de manera continua en un mundo que tiene exigencias más complejas para ser gobernado. Los movimientos ciudadanos tienen como meta aumentar su presencia en las esferas de la vida colectiva y de ese modo luchar por sus derechos en un ámbito de institucionalidad que se orienta cada vez por los valores de la democracia.[1]
A través de los movimientos sociales la ciudadanía plantea ante la administración pública aquellas situaciones que requieren para su solución la intervención de ésta y que por alguna razón su atención ha sido postergada.
La tarea de la Administración pública es compleja porque debe identificar el comportamiento de los movimientos ciudadanos atendiendo a su interés público, en su valor político y su preocupación social.
Desde la década de los 70´s, los movimientos sociales reclaman la mejoría de la calidad de vida de los barrios y de las ciudades. Esas demandas significaron siempre una lucha contra la concentración de la riqueza y el poder y un cuestionamiento a las políticas de distribución de los recursos públicos. Así mismo fueron una respuesta a la falta de participación de la población en la definición de los rumbos de la sociedad brasilera, combatiendo el autoritarismo impuesto desde 1964 por el régimen militar.
En varias ciudades, como Vitória, Vila Velha (Estado de Espirito Santo) y Porto Alegre (Estado de Rio Grande do Sul), esos movimientos canalizaron también sus demandas para el debate sobre el presupuesto municipal, con el objetivo de disputar los recursos públicos para los sectores populares. Fue así que algunos gobiernos locales y las alcaldías, comenzaron a crear mecanismos visando la posibilidad de la participación de la población, en la definición de políticas municipales.[2]
La democracia alcanza su verdadero objetivo y dimensión cuando a través de los procesos de participación ciudadana la toma de decisiones permea en el ejercicio de la administración pública, así la ciudadanía puede involucrase activamente en la gestión de su ciudad y, gracias a su participación, hacer más eficaces las acciones de su gobierno.
En ese contexto de la intervención de la ciudadanía en las acciones de sus gobiernos adquiere especial importancia aquella intervención que tiene como objetivo el gasto público, se abre así un espacio de debate en el que la ciudadanía es tomada en cuenta como parte fundamental en el proceso de construcción e implementación de las políticas públicas, que desde lo local, pretenden el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Estos mecanismos de participación ciudadana no pueden efectuarse sino de una manera sistemática y organizada, para ello es necesario diseñar aquellos instrumentos que relegitimen la toma de decisiones políticas por parte de los gobernados y a su vez, promuevan una profundización en la democracia local.
En esta emergencia de procesos de innovación democrática encontramos como instrumento de la democracia directa, o democracia participativa al Presupuesto Participativo.
El presupuesto participativo es una de las herramientas de democracia directa en el que la gestión local se basa en la cogestión y codecisión entre el gobierno y la ciudadanía, así pues, al hablar de Presupuesto Participativo hablamos de la democratización de la gestión pública.
El Presupuesto Participativo surge a finales de los años ochenta, siendo el ejemplo más emblemático el del gobierno municipal de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, mismo que fue seleccionado por el Programa de Gestión Urbana de la ONU (sección para América Latina) como una de las veintidós mejores prácticas de gestión pública. En la conferencia mundial de la ONU sobre problemas urbanos (HABITAT II), celebrada en Estambul en junio de 1996, fue escogida como una de las cuarenta y dos mejores prácticas de la gestión urbana del mundo, y en la misma época se incluyó como una de las recomendaciones de la Declaración Final de la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales para HABITAT II.[3]
El objetivo fundamental del Presupuesto Participativo es insertar en el ciclo anual presupuestario procedimientos de democracia directa. Esto implica que las decisiones no están reservadas para quienes detentan el poder político, sino que se incluye a la población mediante un proceso de consultas que favorece la priorización de las necesidades y la aplicación de los recursos en la atención de las mismas.
Esta posibilidad de abrir el ejercicio de la acción pública, en relación al gasto público municipal, a la participación ciudadana, legitima las acciones del gobierno al integrar efectivamente a gobernantes y gobernados en la consecución de los fines de la Administración Pública, privilegiando la cercanía entre ciudadanía y gobierno tan propia de los gobiernos locales.
Un elemento importante a considerar para poner en marcha un proceso presupuestario de esta naturaleza es la necesidad de que exista una férrea voluntad política y ciudadana para llevarlo a cabo ya que si bien, como se ha dicho hasta ahora, legitima las acciones de gobierno, incrementa los niveles de confianza en las instituciones del gobierno local e incide en la efectiva atención de las necesidades prioritarias de la población y además, como efecto colateral, pudiera incentivar el cumplimiento ciudadano en la recaudación al generar certidumbre del destino de los recursos públicos, implica una ruptura del modelo tradicionalista de la representación democrática, generando una democracia más participativa y no limitada al ejercicio del voto, como ha sido mal entendida hasta ahora, ya que los ciudadanos no están habituados a este tipo de participación directa en la gestión pública y por otra parte, implica cambios profundos en las practicas institucionales y organizacionales del gobierno local, haciéndolo, sí, más eficaz pero no por ello más eficiente, sobretodo en el proceso de transición de un modelo presupuestario a otro.
[1] UVALLE Berrones, Ricardo, “Perspectiva de la Administración Pública Contemporánea”. Ed. Instituto de la Administración Pública del Estado de México, 2007.
[2] CHÁVEZ Teixeira, Ana Claudia y Otros, “Presupuesto Participativo: Democratización de la Gestión Pública”, ed. Polis, Sao Paulo, 2003.
[3] FRANCÉS García, Francisco y CARRILLO Cano, Antonio, Guía metodológica de los Presupuestos Participativos. Alicante 2008.
