En este espacio hemos insistido en la necesidad de revisar el modelo de seguridad, para no limitarse a cambiar a las personas bajo las cuales están las responsabilidades ejecutivas del tema, o algunos incrementos en las partidas presupuestales pero manteniendo la misma forma de hacer las cosas. Por ello, se deben revisar a fondo varios asuntos, empezando por la forma de concebir la seguridad. Los enfoques de seguridad ciudadana y humana ayudan mucho a no limitarse a concebirla como un problema policiaco. Y ampliar la mirada y entender a la seguridad como un problema de cohesión e integración social. Es decir, caer en la cuenta de que la inseguridad aparece como efecto de vacíos sociales: la falta de lazos de acción colectiva y de confianza en los asentamientos humanos es factor de inseguridad, porque convierte los sitios urbanos en espacios oscuros y en no-lugares. Esto nos lleva a otra forma de construir los diseños institucionales para atender el problema: se debe crecer en la capacidad de coordinación entre diferentes entidades del Estado, de tal manera que exista una matriz de acción del DIF, con Desarrollo Social, los ámbitos educativos y los propiamente policiacos. Y definir que las acciones de seguridad no necesariamente las debe coordinar la autoridad armada, sino ser sólo un brazo de auxilio.
Pero un elemento esencial es contar con un diagnóstico público sobre el tema. Y no hay tal cosa: no existe un diagnóstico del problema y señaladas las rutas de acción derivadas de ese diagnóstico. Porque ahí veríamos con nitidez cómo definen el problema, cómo lo miden, y cuáles estrategias pretenden emprender, fundados en teorías causales debidamente validadas. Pero un problema gravísimo en todos los temas de gobierno es que en realidad no se gobierna por política pública, y por ello, no existen los documentos justificatorios de los programas que respalden las acciones en cada etapa de la política anunciada. Ni de seguridad ni de algún otro tema.
Es conocido que está en los jóvenes y, más recientemente, en los adolescentes la mayor preocupación en el ámbito de la seguridad: ahí se ubica el grueso de muertes y detenciones. Así que se requiere de una política muy osada dirigida a este grupo etario. Pero vemos que se disminuyen presupuestos educativos y los programas dirigidos a la creación de empleo juvenil son de fondos irrisorios y con pocas capacidades institucionales. Así que eso habla de que no hay coordinación o está fragmentada la política del Estado para los jóvenes. De manera parecida a lo que ocurre en la ruptura entre política social y política económica: la parte social quiere remediar los males provocados por la parte económica. En el tema de seguridad es igual: los jóvenes no absorbidos por el sistema educativo son el objeto de “atención” de las policías. En suma, seguimos esperando que el Estado mejore la calidad de sus políticas, porque las actuales resultan reprobadas por un mínimo de evaluación de diseño.
