Este mes de octubre de 2014 se cumplirán cien años de la celebración, en la ciudad de Aguascalientes, de la Convención Revolucionaria. Antes de adentrarse en algunos de sus aspectos esenciales, es conveniente señalar, así sea de paso, ciertas identidades y contrastes de interés histórico y político entre ésta y otra asamblea revolucionaria, que bien puede considerarse como su antecedente; se trata de la Convención Nacional, llevada a cabo en plena efervescencia de la Revolución Francesa e iniciada con la toma de La Bastilla, en julio de 1789. Una importante diferencia entre ellas radica en que la francesa ha sido objeto de múltiples análisis mientras que, en el caso de la mexicana, puede asegurarse que pasa virtualmente desapercibida en los cursos –y hasta en los discursos– sobre la historia de México y, en particular, los relativos a la Revolución Mexicana.
El efecto de este “olvido” no puede ser otro que el desconocimiento de nuestra historia y las secuelas prácticas que trae consigo: la mayoría de los mexicanos ignora las posibilidades que, en su momento, ofreció la Convención para alcanzar la pacificación del país y detener el derramamiento de sangre pero, sobre todo, que dicha asamblea de jefes revolucionarios brindaba una inmejorable oportunidad para establecer un proyecto de nación en cuya base debería encontrarse el reconocimiento de las razones que habían llevado al pueblo mexicano a empuñar las armas. Es razonable suponer que, en el mejor de los casos, sólo unos pocos de aquellos que registran la presencia de la Convención en la historia nacional están enterados de su contenido así como de su relevancia sobre el curso inmediato de la Revolución tanto como sobre los problemas que, habida cuenta de su desenlace, habrían de caracterizar al México posrevolucionario. Veamos, pues, de inicio, algunos de los puntos de coincidencia entre ambas que resultan relevantes.
No obstante nuestra observación inicial en el sentido de que la Convención francesa, lo mismo que todo el proceso revolucionario que la envuelve y la trasciende es, y ha sido, ampliamente estudiada, es posible afirmar que una de las identidades que comparte con la mexicanase refiere al “segundo plano” al que ambas han sido relegadas por el discurso histórico prevaleciente y por las fuerzas políticas hegemónicas, en uno y otro caso, frente a la importancia que se otorga a los grandes combates militares o la creación de nuevas instituciones.
En el ámbito de la realpolitik, es decir, en el mundo de las relaciones políticas a cuya cuenta corre el ejercicio de la hegemonía, lo mismo en Francia que en México, las Convenciones quedaron reducidas a la condición de pasado difuso y casi anecdótico. Solamente en caso necesario se dirige hacia ellas la memoria política, más que la memoria histórica, y casi siempre con la pretensión de que el pasado sirva para santificar el presente. Como resultado de lo anterior, el conocimiento superficial, mutilado o sesgado de procesos sociales tales como la furia abrazadora de los enfrentamientos armados, la comprobación de los costos sociales pagados con la sangre de las masas, siempre convocadas a la lucha y siempre apartadas del poder, nos deja una imagen deformada de la historia. La desnaturalización de la historia no es menor cuando, estimulando el morbo y manipulando la ignorancia, el discurso histórico hegemónico se orienta en favor de privilegiar la epopeya al mismo tiempo que se deforma y se descalifica, cuando no se sataniza, al adversario (el discurso histórico del vencedor); de esta manera se abre paso ala construcción ideológica del héroe… y del villano. Todo lo anterior se inscribe en dentro de un vasto marco de obstáculos que nos impiden reconocer el carácter totalizador de la historia.
En honor a la brevedad anotaremos aquí solamente dos observaciones sobre las consecuencias que acarrea toda deformación de la historia las cuales, en resumidas cuentas, responden a la misma realidad. Por una parte, nos incapacita parareconocer que la guerra constituye, siempre, el fracaso de la política frente a la fuerza. Karl von Clausewitz caracterizó este escenario mediante una fórmula que alcanzó una justa celebridad aunque, no por célebre, la enseñanza que nos ofrece se haya convertido en “cuerpo y carne” al momento de usar la fuerza y renunciar a la razón. Nadie desconoce que, en nombre de la razón, también se han cometido numerosos crímenes pero, por el momento, ese problema queda fuera este comentario. Efectivamente, a juzgar por los hechos, nada hemos aprendido del aforismo d Clausewitz: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Pero, además de este olvido y sus graves consecuencias, la distorsión de la historia permite y exige a un tiempo la manipulación ideológica de las figuras del “héroe” y del “villano”, más allá de la significación social que, intrínsecamente, corresponda a cada uno de ellos en favor o en contra de la comunidad política a la cual pertenecieron.
Una vez anotados dos de los riesgos principales que enfrenta el trabajo del historiador, volvamos los ojos a las Convenciones que nos ocupan. La segunda coincidencia que podemos encontrar entre ellas es que ambas exhiben, precisamente, el fracaso de la política y, con ello, la confirmación de la tesis de Clausewitz. La Convención Nacional Francesa se constituyó el 20 septiembre de 1792 y habría de prevalecer hasta el 26 de octubre de 1795. Esta fue la primera y la más importante de las instituciones creadas por el movimiento revolucionario. La segunda de las instituciones revolucionarias fue la Constitución que reemplazaría a la que había sido redactada en 1791, todavía bajo el olor de la pólvora de las primeras revueltas pero, también, mediatizada por la falta de independencia del nuevo Estado frente a la nobleza feudal y aristocrática; es decir, la primera Constitución revolucionaria expresaba todavía un conflicto no resuelto entre la nueva realidad social y el ancien régimen.
En la nueva Constitución francesa –que rápidamente habría de quedar reducida a la condición de sueño utópico bajo el peso de la contrarrevolución y las amenazas evidentes de las potencias extranjeras– se plantearon, por vez primera, los derechos al sufragio universal, a la educación y al trabajo, así como la protección con fondos públicos a las clases más pobres y la supresión de la monarquía. Los derechos que, alrededor de veinte años después exigiría el pueblo mexicano levantado en armas eran bastante similares: tierra y libertad, que expresaba el reclamo del derecho al trabajo de una población mayoritariamente agraria al mismo tiempo que denunciaba la gigantesca concentración del medio de trabajo que permitía la reproducción del campesinado, la tierra.
Por su parte, los terratenientes del norte, específicamente los caudillos de Coahuila y Sonora, veían en el país problemas distintos al reparto agrario y reclamaban, por su parte, el respeto al sufragio efectivo, que implica el reconocimiento de la soberanía del ciudadano para elegir libremente a sus autoridades y, con ella, la igualdad de los hombres frente a la ley; exigían, asimismo, la no reelección, reclamo que denunciaba el carácter autoritario, antidemocrático y continuista del régimen encabezado por el tuxtepecano, Porfirio Díaz. Estas dos visionesdel país y de los problemas que debería resolver la Revolución se expresaron con toda su fuerza en la Soberana Convención de Aguascalientes y tuvieron su desenlace con los asesinatos de Villa y Zapata. De este vínculo no se libra el arbitrario fusilamiento del general Felipe Ángeles luego de un juicio espurio tutelado por el propio Carranza.
Decir que es la Convención Nacional, y no la Constitución, la que constituye la primera institución establecida por ambos procesos revolucionarios no obedece a criterios de orden cronológico, sino político. En ambos casos resulta evidente que la Convención antecede en el tiempo al texto constitucional y, también de manera similar, si bien de manera insuficiente, el contenido normativo de los cuerpos constitucionales emitidos en cada caso respondía a las exigencias sociales y políticas que habían hervido –literalmente– en el ánimo social que, cancelada la solución política, condujo al pueblo a las trincheras. En este punto encontramos una importante diferencia entre la Convención francesa y la mexicana: la primera de ellas promulgaba las leyes en su Asamblea General pero, además, ejercía el gobierno y aplicaba las leyes mediante dos órganos revolucionarios igualmente temibles por las consecuencias que ocasionaron los métodos empleados por sus dirigentes: el Comité de Salvación Pública, por una parte y el de Seguridad General, por otra. Las luchas internas entre los rebeldes y la fuerza del ancien régime, una fuerza social que se negaba a morir y recibía, además, respaldo de otras monarquías europeas, crearon las condiciones propicias para el fracaso de la política y, con éste, se instaló en Francia la “Era del Terror”.
La Convención de Aguascalientes, por su parte, expresaba una suerte de “punto muerto” que se hacía evidente por sí mismo. Efectivamente, tras la derrota militar que los revolucionarios le imponen en Zacatecas, Victoriano Huerta abandona el país. A partir del momento en el que el dictador se embarca en Veracruz con destino a Jamaica, pudiera pensarse que la Revolución se quedaba sin enemigo. Sin embargo, a falta de mejor adversario, la revolución se volvería contra sí misma. Las causas de semejante vuelco habría que buscarlas, fundamentalmente, en la grave dispersión ideológica y política de las fuerzas revolucionarias nacida, a su vez,de la diversa extracción social de sus jefes y, desde luego, de sus encontrados intereses en relación al poder y los temas económicos, particularmente, el de la tierra.
