Cuando el Estado asume la responsabilidad directa de asegurar la universalidad de los derechos sociales y contrae el compromiso de ejercer las funciones de distribución de recursos para atenuar las desigualdades sociales, se le llama Estado de Bienestar. De tal manera que promueve una idea de justicia como equidad: tomar recursos de todos para darle oportunidad a las personas más vulnerables a tener educación, salud o una vivienda.
Generalmente, esos Estados de Bienestar fueron acompañados por estrategias económicas keynesianas del pleno empleo y por ideologías políticas nacionalistas. En América Latina, cuando algunos Estados se aproximaron a los regímenes de bienestar, lo hicieron con aparatos políticos autoritarios: en México lo conocimos como gobiernos nacionalistas del Estado corporativo. Octavio Paz, por ello, lo llamó el Ogro Filantrópico. Podemos entender, sin embargo, que el producto más importante de los regímenes de bienestar es la llamada Seguridad Social, que ahora está desmontada y llena de incertidumbre: ¿qué pasará (en poco tiempo) con la previsión de los jóvenes de hoy, si no hay un Estado que la garantice?
En los 80 vinieron las olas de ‘la modernidad’ neoliberal, encabezadas por la señora Thatcher, Reagan y Kohl. Y uno de sus teóricos que pronto establecieron una ortodoxia, como Milton Friedman, dice en su texto más famoso (Capitalismo y Libertad): “el atado de medidas conocidas bajo la capciosa denominación de Seguridad Social tiene tan nefastos efectos sobre la economía de un país, como la política de establecer salarios mínimos, o la atención médica para grupos determinados, o habitaciones populares, o precios agrícolas subvencionados…”. Es decir, para la escuela neoliberal, la Seguridad Social, junto a todas las medidas redistributivas del Estado, eran un atentado contra la libertad y una política económica nefasta, por tanto, un mal que habría que erradicar. Y justo es lo que ha ocurrido: en México se ha desmontado casi todo lo que el Estado tenía de régimen de bienestar, y entre otras cosas, lo más importante es la eliminación de los esquemas solidarios de la Seguridad Social, con lo cual (Ley del ISSSTE de 2007) se pasó a regímenes de ‘cuentas individuales’, en los cuales el Estado ya no tiene responsabilidad alguna en la previsión de los trabajadores, porque ya cada quien se rasca con sus propias uñas.
Junto a estas medidas, se añaden la ofensiva contra el sindicalismo, la disminución de los salarios y el embate a la estabilidad en el empleo, con las cuales se hace imposible ahorrar para la vejez. Porque en otros países donde se ha eliminado el régimen solidario y la estabilidad en el empleo, se ha compensado con medidas llamadas de “flexiguridad”, que es una manera de atender la Seguridad Social disociada del empleo formal, y el actor central de esta seguridad en medio de un mercado de trabajo flexible es justo el Estado. Pero en México no es así. Por ello, la enorme incertidumbre de la Seguridad Social después de haber desarticulado el régimen de bienestar, convierte nuestro destino en un abismo.
