En conferencia de prensa reciente, cuya nota apareció en el diario La Jornada Zacatecas el 1/09/2014, el diputado federal del PVEM, Tomás Torres Mercado hace una declaración respecto del problema general de los pasivos laborales que merece ser reproducida en su totalidad:
“…hay países con mayor desarrollo que México que van por su tercera reforma de Seguridad Social para que nadie se retire de la vida laboral sin tener 45 años de servicio o 72 años de edad, sin embargo, en la UAZ hay gente que a los 45-50 años de edad está jubilada, por tener un contrato colectivo que contempla 27 años de servicio”
Tal vez haya algo de edición por parte de la reportera, pero el espíritu de la declaración es muy claro: el problema de los pasivos laborales se genera por culpa de contratos colectivos demasiado generosos hacia los trabajadores. Por supuesto, después de declarar lo anterior alude que todo cambio debe ser dentro del marco de la autonomía pero teniendo en mente las restricciones financieras. En la misma nota, el diputado del PAN, José Isabel Trejo aclara que él y Tomás Torres charlaron con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y concluyeron que:
“…es un hecho la necesidad y la condicionante de revisar las nuevas condiciones laborales de los universitarios en relación a sus pensiones, edades y años de jubilación.”
Es un “hecho” la necesidad de revisar las condiciones laborales según ellos, pero también, afirman, no se afectaran derechos de trabajadores. Por lo tanto es necesario revisar las condiciones laborales, i.e. el contrato colectivo, pero sin afectar derechos. Por supuesto si tomamos la afirmación literal es absurda, una contradicción que parece cobrar sentido cuando se añade: la modificación de los contratos afectará las nuevas contrataciones, no las previas. Sin embargo los pasivos son deudas sobre obligaciones adquiridas con anterioridad por la patronal, así que modificar las condiciones laborales a futuro no altera esa obligación. El problema de los pasivos laborales deriva de la irresponsabilidad de los patrones –y de las dirigencias sindicales en ocasiones- porque no ahorraron para cumplir lo contratado. No es un asunto imputable directamente a los trabajadores. Aunque políticamente sean ellos la parte más vulnerable de la ecuación, por lo que, a pesar de haber sido robados, se les solicita que contribuyan de su peculio para que su patrón pueda pagarles.
Lo que queda claro es una voluntad ante la que los universitarios deben hacer algo más que mutis. La propuesta de Gobierno Federal para pagar la deuda de la Rectoría hacia sus trabajadores consiste en modificar los contratos para reducir el peso de las obligaciones de la rectoría. Diciéndolo en un lenguaje que ya no se usa: se pretende anular las conquistas laborales del pasado. Si es una provocación de la SEP para medir la respuesta de los universitarios, o la buena fe del gobierno que está poniendo en movimiento a México no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la deuda es acumulativa, y que a quienes más daña es a los agremiados del Stuaz y Spauaz, porque es a ellos a quienes se les deben las prestaciones de Seguridad Social. Sin hacer a un lado las buenas intenciones de los diputados que pretenden rescatar la UAZ, los universitarios debemos, primero, tener la voluntad de informarnos al respecto para tomar decisiones, segundo, pasar a la acción. Es aquí donde parece haber puntos divergentes. Algunos creen que las cúpulas de iluminados deben decidir el destino de la Universidad, mientras que otros postulan la necesidad de una expedita discusión amplia e incluyente convocada por el Consejo Universitario. La situación es difícil, pero no imposible, y el barco en el que vamos puede ser completamente reemplazado mientras se mantiene en movimiento. n
