Determinan esta semana si procede denuncia contra secretarios de Gobierno y Finanzas

Determinan esta semana si procede denuncia contra secretarios de Gobierno y Finanzas

■ La procedencia dependerá de que la SFP encuentre pruebas suficientes

A finales de esta semana la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinará si procede o no la denuncia que interpuso el PRD en contra de los secretarios de Gobierno y Finanzas, Francisco Escobedo Villegas y Fernando Soto Acosta, respectivamente, por el presunto delito de corrupción y abuso de poder, informó Guillermo Huizar Carranza, titular de la dependencia.

Hace algunos días, el dirigente del Sol Azteca, Gerardo Espinoza Solís, presentó ante la SFP una denuncia de hechos en contra de los dos funcionarios por presuntamente haber pagado 100 mil pesos a ex diputados para que aprobaran el presupuesto de egresos 2013.

Como establece la ley, a los tres días fue ratificada la denuncia y con ello se inició el procedimiento previo formal, y en los siguientes 10 días (a partir del pasado miércoles), la SFP se deberá pronunciar sobre la procedencia o no de la queja, fecha que se cumple a finales de esta semana.

Huizar Carranza explicó que la procedencia dependerá de que la dependencia encuentre las pruebas suficientes o en su caso se carezca de éstas. Explicó que la única prueba que acompañó a la queja fue el audio públicamente conocido (donde se escucha a algunos ex diputados reclamar por el presunto pago de 100 mil pesos que les ofreció Escobedo Villegas), “lo valoraremos y si estimamos conveniente, requeriremos que se amplíen los documentos probatorios, esto no lo he decidido”.

De ser así, se solicitará a los funcionarios involucrados un informe detallado y circunstanciado sobre los hechos, lo que desataría una investigación muy detallada, presupuestada y documental para que a la sociedad se le aclare si hubo o no una falta.

Sin querer entrar en el terreno de la especulación, el secretario de la Función Pública dijo que de resultar procedente la queja y en su caso encontrarse culpables a los demandados, las sanciones a las que podrían ser acreedores van desde un simple apercibimiento privado hasta la inhabilitación permanente para desempeñar cualquier cargo público.

Aunque en el inter puede haber suspensiones, multas económicas y apercibimientos públicos, todos, parte del catálogo de sanciones que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Huizar finalmente agregó que si procede la queda, el procedimiento administrativo será corto y en un plazo no mayor de tres meses se deberá resolver, sin embargo lo que podría retrasar es cuando el denunciado empieza a oponer recursos administrativos judiciales, tal como un amparo o un recurso de revocación. “Aunque no veo condiciones para que se litigue, pues debe haber voluntad de las partes para que los hechos se acrediten o desechen”.

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