Uno de los principales aciertos de los gobiernos de la 4T, ha sido revertir el Pacto por México (PM), el cual fue uno de los acuerdos políticos que más daño hicieron a México. A través del él, las famosas reformas estructurales lograron ser aprobadas, contra la voluntad popular, en lo oscurito y generando una estructura económica por demás dañina, que sólo benefició a unos cuantos. En este paquete de reformas se encontraba una restructura institucional de México que, decían, facilitaría las inversiones y crearía un estado de derecho, pero lo que hicieron, como buenos neoliberales, fue duplicar funciones, traslapar atribuciones y generar un esquema que diluía la responsabilidad y la fuerza del Estado para garantizar que la iniciativa privada y su interés predominara sobre el interés general, evidentemente, con grandes beneficios a los titulares de dichos órganos con altos puestos en empresas que regularon. En el sector de telecomunicaciones, al IFT se le dieron todas las facultades, técnicas y de competencia económica, concentrando todo en un solo ente. Sin embargo, el traslape de funciones con la Cofece llevó a muchos enfrentamientos entre ambos órganos que retrasaron las investigaciones, afectando a los ciudadanos y, en algunos casos, llevó al desistimiento de las acciones cuando un órgano le ganaba al otro la competencia en el asunto. Recordemos la concentración Uber-Cornershop, que ganó Cofece, la investigación de mercados digitales, que de nuevo ganó Cofece y se desistió, o la discusión entre el IFT y la CRE sobre la regulación de postes de servicio eléctrico. Esta indefinición y por consiguiente incapacidad de acción del Estado, jugaba en favor de los particulares, en especial de los grandes participantes, quienes tenían los recursos y la capacidad para navegar un sistema tan incierto como el que dejó la ley de 2013.

La nueva ley de telecomunicaciones, recientemente aprobada en el Legislativo, corrige esto al establecer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como ente totalmente técnico y dejar a la Cofece con todas las atribuciones en materia de competencia económica. Dará mayor certidumbre y genera ventanillas únicas y trámites mucho más amigables y accesibles. Ya no será únicamente un sector de grandes despachos y empresas. Reconoce, por ejemplo, en su artículo 64 a las radios comunitarias y en el artículo 3 fracción 49 a los pequeños operadores y les otorga un régimen simplificado para garantizar los derechos de la población donde los operadores comerciales nunca han llegado a pesar de sus exorbitantes ganancias.

Evidentemente, los promotores del PM han salido a defenderlo en cada paso que la doctora Claudia Sheinbaum ha tomado para revertirlo. Lo hicieron con la reforma energética y ahora no se han quedado atrás. Un ejemplo es el senador panista Ricardo Anaya, quien argumenta que nadie lee las iniciativas más que él, ha acusado de espionaje citando el artículo 183 de la nueva ley referente a la cooperación de los operadores de telecomunicaciones con las autoridades para proveer de geolocalización en caso de requerirse. Al senador, y a todo el coro de opinólogos que han repetido dicha argumentación, les haría muy bien leer el artículo 190 de la ley de 2013, el cual es exactamente el mismo y recordar que el Código Penal regula que únicamente con orden judicial se puede solicitar dicha cooperación. Sería interesante saber por qué el senador y su bancada en 2013 promovieron dicho articulado y ahora lo denuncian (¿habrán leído la iniciativa en 2013?).

Por último, la crítica más fuerte y consistente ha sido a la participación del Estado en el sector. Múltiples operadores, ONG y demás han denunciado y exigido que el Estado no invierta y no participe dentro del sector. Argumentan que el Estado no debe estar gastando en esto, es ineficiente y va a generar distorsiones. Eso sí, exigen que el Estado haga la inversión únicamente donde para ellos no es rentable. Resulta curioso entonces que, si uno revisa que operadores han dicho eso, todos se han beneficiado y continúan haciéndolo, de las inversiones del Estado en el sector. Ejemplos de esto abundan, recordemos la licitación que Calderón hizo en 2008 para arrendar fibra óptica de las empresas estatales (seriamente observada y criticada por la ASF), el acceso a la infraestructura de todos los postes de electricidad (propiedad del Estado) a precios irrisorios y los constantes mandatos de cesión (de manera gratuita) de infraestructura pública a entes privados, contenidos en la reforma de 2013. Como siempre, cuando la inversión pública se hace para beneficio privado, no tienen problema, pero que no se le ocurra al gobierno hacerlo para beneficio público y del interés general, porque entonces todo está mal.

Como hemos visto en repetidas ocasiones, si el fin es garantizar y habilitar el acceso a derechos, incentivar a la IP a hacerlo no funciona o resulta siendo extremadamente caro para todos. El Estado debe contar con herramientas que permitan implementar las políticas públicas. Esta ley reconoce que el Estado debe contar con herramientas que permitan implementar las políticas públicas. También reconoce que el Estado tiene diferentes objetivos e incentivos a la IP. La ley representa un avance significativo en las capacidades del Estado, certidumbre, acceso y garantía de derechos humanos, así como mejores condiciones de mercado de las que terminaremos beneficiándonos todos con mejores servicios y mejores precios.