En una conferencia de prensa celebrada ayer, transportistas del estado denunciaron públicamente la crisis que atraviesa el sector del transporte federal de carga, atribuida a la contracción económica del gremio y a prácticas corruptas de dirigentes de las empresas Transportistas Unidos Ejido Morelos S.A. de C.V. (Tuemsa) y Tramozac S.A. de C.V.
Los representantes acusaron a sus presidentes de consejo, Mario Acuña Acuña y Jacinto Menchaca Trejo, de cometer fraudes millonarios, despojo de fuentes de trabajo y de perpetuarse en el poder mediante métodos irregulares.
“Lo que nos trae aquí ante ustedes es que hace poco pudieron ver la manifestación de unos líderes… y aquí traemos con ustedes a varia gente que perteneció a esas empresas y que realmente los que sufrieron las injusticias han sido ellos mismos líderes contra su propia gente”, afirmó Saúl Acuña Veyna.
Los transportistas expusieron una serie de casos que ejemplifican las múltiples irregularidades.
Juan Soto, ex miembro fundador de la empresa Tramozac, denunció: “Fundamos la empresa en 2019, estuvimos trabajando alrededor de un año y fuimos retirados por las mismas personas que son los dirigentes… ni siquiera nos liquidaron nuestras acciones, nos despojaron de nuestro trabajo”.
Añadió que las demandas interpuestas han avanzado con lentitud: “Queremos que se nos haga justicia… está muy escaso el trabajo y el poco que hay nos lo quitan”.
Por lo que criticó la impunidad de los responsables y pidió que, con la renovación del Poder Judicial, se dé mayor agilidad a estos casos estancados.
Otro testimonio expresó: “Ya va para dos años con las vueltas, y pues ojalá y se nos haga justicia porque… todos lo hicimos con el anhelo de progresar y mostrar el progreso aquí mismo en Zacatecas”.
Por su parte, José Antonio Menchaca Trejo, explicó que, junto con otros compañeros solicitó formalmente sus acciones como socios de la empresa Tuemsa, pero estas nunca les fueron entregadas. Ante la negativa, se vieron obligados a presentar una demanda ante el Juzgado Primero de Distrito, ya que no contaban con ninguna protección legal frente a las decisiones de la administración actual.
Criticó que la dirigencia se ha perpetuado en el poder durante ocho años, a pesar de que los estatutos indican que debe renovarse cada dos.
“El próximo cinco de este mes pretenden reafirmarse en el poder, una figura que ni siquiera existe en los estatutos”, explicó.
Según relató, los líderes actuales presionan a algunos socios, los intimidan o compran su apoyo para obtener mayoría en las asambleas.
Después de tres años de litigio, el juzgado resolvió a favor de los demandantes y les entregó los títulos nominativos de sus acciones. Sin embargo, la administración respondió de manera arbitraria: “Hicieron una asamblea posterior a la resolución, falsificaron la fecha y nos expulsaron de la empresa”.
También denunció que el actual presidente de la empresa tiene antecedentes judiciales graves, incluyendo una sentencia para pagar un millón de pesos por defraudar a otra empresa de transporte del mismo ejido en Morelos.
“Ese señor está sentenciado; debe reintegrar el dinero o ir a la cárcel”, aseguró. Agregó que el presidente manipula el entorno ejidal para evitar ser removido, incluso regalando bienes a posibles opositores para asegurarse de que no lo denuncien.
Afirmó que la administración actual opera con opacidad total, sin rendir cuentas ni proporcionar información a los socios. Además, a los cuatro que ganaron el juicio se les negó el acceso a la empresa y a los trabajos de carga, en represalia por exigir sus derechos.
Calificó la situación como una gestión fraudulenta y arbitraria, y pidió a los medios de comunicación divulgar estos hechos.
“No estamos hablando de palabras, tenemos los hechos en la mano”, aseguró. También expresó su disposición total para entregar pruebas y documentación que respalden las acusaciones.
“Nuestra propiedad se está cayendo a pedazos”, sentenció, y llamó a una acción inmediata para rescatar lo que aún se pueda salvar.
