No se puede saber por qué motivo los políticos, principalmente gobernantes de cualquiera de los tres niveles, entregan fervorosamente su mandato a los designios divinos. Posiblemente se trate de una muestra de fe incondicional, sólo ellos lo saben. Pero es seguro que la estrategia, como podría aventurarse a pensar cualquier crítico terrenal con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la mano, discrimina la laicidad del estado, convierte en moda las peticiones al poder celestial, y el requerimiento de dar solución a los problemas sociales derivados de la corrupción y la mala administración de los recursos, más allá de la fogosidad con que se hace petición a los poderes supra humanos, genera una especie de complicidad entre los gobernados y quienes dirigen el destino del país, aunque sea instintiva la respuesta de los prosélitos a la religión predominante en la nación.

Los ejemplos abundan, desde la aparición del entonces candidato a la presidencia de la República, el empresario refresquero famoso por sus botas, con el estandarte de la virgen de Guadalupe en su campaña, hasta los casos más recientes de diferente extracción partidista: “en Nuevo León, por separado, tres alcaldes entregaron simbólicamente las llaves de la ciudad a Jesucristo; lo mismo sucedió en Baja California, con el edil de Ensenada. El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, consagró a su familia, gobierno y habitantes de la entidad al Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María, al igual que el mandatario de Durango, Jorge Herrera Caldera, pidió hacer oración para que Dios trajera lluvias y así enfrentar la sequía, el pasado 28 de mayo”, según notas periodísticas oportunas.

El mismo tipo de acto fue realizado el sábado 8 de junio pasado por la alcaldesa de Monterrey de origen panista, Margarita Arellanes, quien también entregó la ciudad a Jesucristo para que su reino de paz sea establecido. Un exceso de flaqueza o una muestra de perversidad alarmante, en el entendido que una de las formas de mantener un control social, pacífico e incondicional, independientemente de la salud política de la comunidad, se alcanza mediante el pacto que representa el Estado con la tendencia religiosa predominante.
El artículo primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que el fundamento en el que se sostiene es el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, mientras que el artículo tercero de la misma disposición declara que el Estado es laico y no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna; tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Ante las declaraciones posteriores de la alcaldesa, acerca de la petición del respeto a sus preferencias religiosas, se presenta un olvido de la responsabilidad moral y política que su cargo exige, desde el momento en que sus predilecciones devotas forzosamente deben de ser de carácter íntimo. El atrevimiento, aunque aparentemente inocuo, es evidente y se observa el rompimiento de una actividad cívica con los preceptos constitucionales, que de algún modo privilegian la aplicación de la razón a la resolución de problemas sociales evidentes. Posiblemente una muestra más de fanatismo que se confunde con arengas entusiastas hacia la conformidad, ante la incapacidad de resolver las situaciones que la sociedad padece, y que de no ser resueltas por la organización social de los simples mortales, no se avizora solución posible.
Mientras que el artículo 40 de la constitución establece que es la voluntad del pueblo de México constituirse en una república representativa, democrática y laica, los gobernantes del país, en innumerables casos documentados han explotado las tendencias religiosas del pueblo para posicionar su estatus de salvadores del desastre social que el momento histórico plantea; en alianza, coyuntural o perpetua, con el todopoderoso. La doctrina católica continúa siendo la predominante entre la población mexicana, el porcentaje de evangélicos y protestantes pasó de 5.2 por ciento del año 2000 a 7.6 por ciento a 2010. Además, en los últimos 10 años creció el porcentaje de los mexicanos que dijeron no pertenecer a ninguna religión, pasando de 3.5 por ciento a 4.6 por ciento en el último censo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); un nada despreciable 88 por ciento aproximado de los casi 113 millones de habitantes de la nación, de posibles votantes que garantizan la llegada o permanencia en el poder de quien presuma de su calidad religiosa; individuos esperanzados en una vinculación entre las fuerzas de las instituciones políticas con las huestes del cielo y sus representantes terrenales, para trascender hacia mejores niveles de desarrollo social y satisfacción de las necesidades básicas.

El desarrollo político, económico y social del país se manifiesta como un fenómeno meramente azaroso en el que se depende de la mano de Dios para dar certidumbre a los avances en cuanto a la democracia se refiere, a la cultura, a la paz social, pero sobre todo a la emancipación de la razón, que al menos en el ámbito de lo ideal debe de servir como el eje director de las relaciones humanas; tanto en la resolución de problemas coyunturales como en la proyección a niveles de organización plurales que coadyuven a enfrentar los retos que se desprenden de las imposiciones estructurales. De todo lo anterior, una pregunta se desprende con la necesidad imperiosa de ser contestada: ¿para qué tantos dioses de por medio, si de lo que se trata es de vivir bien? La respuesta, posiblemente se encuentre en el viento, según Bob Dylan. ■

Hace algunos días me hicieron la siguiente pregunta: ¿votan los muertos? de inmediato pensé en las estrategias, los procedimientos y la incorporación de nuevas tecnologías para darle calidad e integridad a la Lista Nominal de Electores, instrumento esencial para el desarrollo de las elecciones locales y federales en el país.

En esta pregunta queda plasmada la desconfianza que existe todavía en algunos ciudadanos, desconfianza que se origina a partir del desconocimiento de todos los procesos y procedimientos que se realizan para mantener depurados y actualizados el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

Los procesos de depuración de los instrumentos electorales están consignados en el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (Cofipe), y se aplican a través de diferentes programas que son supervisados y verificados por las comisiones Nacional, Local y Distrital de Vigilancia, órganos integrados por representantes de los diferentes partidos políticos.
Uno de estos programas es el de bajas por defunción y suspensión de derechos políticos, el cual consiste en dar de baja del Padrón y la Lista Nominal de Electores a los registros de los ciudadanos suspendidos en sus derechos políticos por resolución judicial y los correspondientes a registros reportados como fallecidos, actividades que se realizan a partir de las notificaciones que remiten al Instituto Federal Electoral, tanto los jueces competentes como las oficialías del Registro Civil, así como los avisos que rinden los ciudadanos sobre familiares o conocidos que han fallecido, para lo que se realizan entrevistas personalizadas para determinar la plena correspondencia y la obtención de una testimonial firmada por personas que identifiquen y corroboren la defunción del ciudadano.

Otro programa no menos importante es el que tiene como propósito detectar a los ciudadanos que tienen un doble registro en la base de datos del Padrón y la Lista Nominal de Electores. La identificación de registros duplicados en la base de datos se realiza a través de comparaciones biométricas (tecnología de seguridad basada en el reconocimiento de características físicas de las personas, por ejemplo la huella digital y los rasgos faciales), y de ser necesario se realizan entrevistas en visitas domiciliarias para confirmar la duplicidad.
Como resultado de los programas mencionados y con el propósito de contar con un instrumento actualizado y depurado para la Jornada Electoral Local del próximo 7 de julio, causaron baja del Padrón Electoral de Zacatecas, durante el periodo comprendido del primero de enero al 8 de mayo de 2013, un total de 7 mil 53 registros, de los cuales 5 mil 809 corresponden a defunciones, 365 a suspensión de derechos políticos y 879 duplicados.

Los programas antes señalados no son los únicos, pero sí los de mayor impacto en la depuración de los listados de electores. Hay otros programas cuyo propósito es detectar los cambios de domicilio realizados por la ciudadanía y que pudieran corresponder a casos de presuntos domicilios irregulares o falsos, o bien, detectar casos de ciudadanos que cuentan con más de una credencial de elector con datos personales presuntamente irregulares o falsos, en cuyos casos, de confirmarse que existe alguna irregularidad, el IFE interpone la denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente.
Los procedimientos de carácter técnico que se aplican a los instrumentos electorales son muchos y variados, hasta aquí, sólo se han mencionado algunos para ejemplificar la enorme tarea que lleva a cabo el IFE con el único propósito de garantizar que en las elecciones todas las casillas cuenten con un Listado Nominal confiable, tal y como sucederá en la Jornada Electoral de Zacatecas del próximo 7 de julio. ■

*Encargado de la Vocalía Ejecutiva
de la 01 JDE del IFE en Zacatecas

En este momento, en Turquía, Chile y Brasil la juventud está en movimiento. Los contextos son muy diferentes, pero se delinean patrones que habrá que comenzar a destacar: las nuevas tendencias de autoorganización social y articulación del sistema en red; la movilidad “anfibia” de los manifestantes, que va de la realidad física a la realidad virtual; la tendencia a una conformación interclasista y con fines temáticos, centrados en asuntos concretos más que en impulsar giros civilizatorios; la renuncia a la lucha por alcanzar el poder estatal, que se canjea en favor de mecanismos efectivos para influir en la toma de decisiones, por destacar los elementos más importantes.
La filosofía de la rebelión ha colmado renglones inflamados con tinta escarlata. Ha sido el motor racional del correr de la sangre en calles y patíbulos. Alzamientos, revueltas, insurrecciones y estallidos sociales tienen siempre una inspiración en reflexiones sobre la política, ya sean muy vagas o concienzudas, que calan en la cultura. Si el punto de ignición común es una emoción movilizadora como la indignación, lo que se juega de fondo es un gran drama social que se mantiene en suspenso, en espera de resolución simbólica. Por eso, la narrativa de la rebelión siempre persigue los pasos del acontecimiento y pensar lo que ocurre se vuelve urgente y significativo.
Denunciar los vicios de un régimen corrupto es muy fácil. Delatar nuestro papel en tal descomposición, cuesta mucho más trabajo. Descubrir por qué sus desajustes son funcionales y aceitan un sistema que se desbarataría sin producir sus propias crisis, parece casi imposible. Para lo primero se requiere inteligencia, mientras para lo segundo, honestidad. Pero para lo último, lo que hace falta es ciencia.

Sin duda es bueno salir a las calles e inundar las plazas, clamando justicia; vemos a heróicos jóvenes y viejos combatir inermes para desmontar un poder autoritario. Tal vez sea necesario aventar molotovs contra los tanques, lanzar piedras contra las metralletas y gritar consignas para sobreponerse a gases lacrimógenos. Pero es realmente ingenuo descartar que son medios, no fines: sin tener en vista objetivos programáticos claros y comunes, en lo que todo termina es en la consolidación de un sordo terror al poder -el verdadero amo del amo- que permite a las fuerzas conservadoras usar la turbulencia como justificación del statu quo, travistiéndolo como la defensa del orden, la paz y la gobernabilidad.
Es absurdo creerles, pero lo que en esta generación solemos olvidar es que el problema no es aceptar las mentiras, sino tener que vivir con ellas. Cuando un régimen se ha fetichizado y el tejido social se diluye, el problema no es que la verdad permanezca oculta, sino que aun conociéndola, no contamos con los artefactos políticos para cambiar las cosas: lo que falta es un puente para convertir esa verdad en justicia.

En general, se considera que hay dos maneras de crear ese puente: modalidades de la democracia directa que complementan a la democracia representativa, es decir, democratizar la democracia; o crear, ocupar y recuperar espacios donde las formulas de la vida que deseamos alcanzar en lo macro pueden realizarse en micro: autonomías políticas, circuitos cerrados de solidaridad económica, cooperativas, etc. En la práctica, se tiende a desarrollar la segunda estrategia de manera intuitiva, por periodos cortos de tiempo mediante las “okupas”, mientras los mecanismos democráticos con impacto de largo aliento tienden a postergarse. Pienso que son éstos los que habría que voltear a ver como prioridad: revocación de mandato, presupuesto participativo, iniciativa ciudadana, plebiscito y referéndum.

En resumidas cuentas, lo que hace falta es la alianza estratégica para construir un proyecto alterno de sociedad bajo nuevas premisas, blindando el proceso mediante un diseño de la vida democrática que garantice la participación permanente de la sociedad en el programa de cambio. El problema de las llamadas primaveras árabes ha sido que cuando la lucha social logra fracturar el régimen, no ha unificado criterios respecto al siguiente paso. Entonces las ventajas del agente de cambio (heterogeneidad, espontaneidad, versatilidad, voluntad de poder-capacidad por encima del poder-dominio) generan situaciones que clausuran su propia viabilidad para encabezar las transformaciones que se requieren, dejando en manos de otros el destino de lo que ellos empezaron.

Por eso hay que destruir el principio para luego acabar con la encarnación, pues de lo contrario, sólo se renuevan puestos y las resistencias se endurecen mediante regresiones autoritarias o con alternancias conservadoras. Y para desafiar principios, se necesitan reflexiones sistemáticas y ordenadas: urge pensar por eso lo que ocurre en todos esos países, pero sobre todo, en México. ¿Será que las manifestaciones juveniles del año pasado fueron eventos marginales? Hay que verlos como una advertencia y no como un colofón. También en México huele a pólvora. ■

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