Han pasado cuatro años desde la tragedia de la estancia infantil ABC en Hermosillo, Sonora, y ninguno de los 28 servidores públicos acusados de homicidio y lesiones dolosas ha sido consignado y sentenciado. Mucho menos funcionarios como Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y los cuatro propietarios de esta guardería que se convirtió en el ejemplo más claro de una política criminal que privilegia el negocio por encima de la vida humana.
Fueron 49 niños fallecidos, 76 menores heridos y decenas de padres de familia, más hermanos y familiares que han muerto un poco más cada día frente a la grosera impunidad que envuelve el caso.
Una impunidad que dibuja de cuerpo entero a la administración de Felipe Calderón, a la jerarquía católica sonorense que intervino para amortiguar el golpe contra los parientes de Margarita Zavala involucrados en la guardería, al ex gobernador priísta Eduardo Bours, a los funcionarios del Seguro Social, antes y después del periodo de Molinar Horcasitas y, sobre todo, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2010 rechazaron establecerle responsabilidad alguna a los funcionarios del IMSS.
Esta impunidad grosera puede abarcar al gobierno de Enrique Peña Nieto en la medida en que el actual primer mandatario no cumpla con su promesa de campaña para hacer justicia en este caso.
En cuatro años la impunidad ha alentado la amplificación de la protesta de los padres de familia, a través de sus dos organizaciones: el Movimiento Ciudadano 5 de Junio y el Movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños. La división de los padres –por diferencias relacionadas a las posibles causas del incendio de hace cuatro años– no ha evitado la expansión de su causa: llevar ante la justicia a los responsables.
El pasado martes 4 de junio, el grupo de ciberactivistas Anonymous convocó a una jornada de protestas en las redes sociales y en la glorieta del Ángel de la Independencia. En Puebla, distintas organizaciones marcharon a las 18:00 horas del jardín del Carmen al Zócalo de esta ciudad. En Hermosillo se esperaba que miles de personas acompañaran a los padres que marcharán este miércoles 5 del edificio donde estaba originalmente el ABC, en la colonia Y Griega, hasta el centro de la capital sonorense. En otras ciudades como Monterrey, Mérida, Culiacán y Chihuahua también se han anunciado movilizaciones.
Sin embargo, la protesta principal se llevará ahora a los tribunales internacionales. Minimizada la magnitud de la protesta y de la impunidad por la SCJN, un grupo de estos padres ha decidido solicitarle al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christof Heyns, que intervenga en la investigación del caso.
Ante la Procuraduría General de la República (PGR), los padres del Movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños interpusieron el 17 de abril una nueva demanda. Los promotores de este juicio consideran que el incendio fue “provocado deliberadamente” para quemar documentos comprometedores de la Secretaría de Hacienda.
Otro grupo de padres considera que más allá de saber si fue provocado o accidental, la tragedia del ABC fue el resultado del menosprecio a las condiciones de bienestar, seguridad y esparcimiento de los más de 150 menores que eran “embodegados” literalmente en esta estancia.
En cualquiera de las dos hipótesis, lo que ha hecho falta es una investigación profunda y las sanciones a los responsables directos e indirectos. En cualquier otro país con un verdadero estado de derecho la muerte de medio centenar de menores hubiera provocado la caída de gobiernos estatales y nacionales. Aquí en México sólo hubo lágrimas de cocodrilo por parte de Bours, Calderón y los círculos de la impunidad que rodearon al caso.
Entre esos círculos de impunidad también están los altos jerarcas de la Iglesia católica, según confió José García, uno de los padres que más activo ha estado en el recorrido nacional exigiendo justicia para los menores muertos.
Tuve el honor de compartir un acto durante la Feria del Libro de Azcapotzalco con José García, el pasado 11 de mayo. Las 800 personas que asistieron a la conferencia le brindaron tres minutos de aplausos a José García, un joven sonorense imparable en su causa.
Después del evento, García me platicó cómo el propio arzobispo emérito de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, usó su influencia entre los padres de los niños fallecidos para defender a Altagracia Gómez del Campo, prima de la ex primera dama y una de las socias del ABC. “Es una buena cristiana”, les dijo para justificar la impunidad de ella y otros de los dueños de la estancia infantil.
Quintero Arce y el arzobispo Ulises Macías Salcedo firmaron 12 misivas al juez que investigó el caso en junio de 2009 para dar testimonio de “la buena fe” de los cuatro socios de la guardería. Su “caridad cristiana” y su “prestigio social” se utilizaron para ablandar al juez.
En el confesionario de Quintero Arce podrán ser eximidos algunos de los responsables de la “alta sociedad” de Hermosillo. Lo más grave es que en los tribunales mexicanos ocurra lo mismo. ■

Código político-Adeudo multimillonario en las finanzas
-El reto de Víctor Rentería en el Issstezac
-Un organismo ineficiente y de “Operación Política”

El pasado viernes Víctor Rentería López fue designado por el gobernador Miguel Alonso Reyes como director del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), luego de más de dos meses de estar acéfala.
El instituto entra sin duda en una etapa diferente de mitad de sexenio en la que a Rentería le corresponderá una escenario presionado por la falta de liquidez financiera, a causa de una pésima administración a cargo de su anterior director, Artemio Ultreras Cabral, quien nunca supo dirigir al organismo por su incapacidad técnica, pero también por su interés en convertirla en el principal operador político del gobierno en turno.
Ultreras llenó de operadores políticos priístas a un organismo que demanda con urgencia una reingeniería financiera, so pena de naufragar en las aguas de la inviabilidad financiera y en la crisis de garantizar a los trabajadores al servicio del estado su pensión y jubilación.
En este contexto muchos maestros militantes del Partido Revolucionario Institucional han utilizado al instituto para operar en beneficio propio y de su partido, quienes eran coordinados por Ultreras y también por el director de Servicios Turísticos, Francisco Javier Bonilla Pérez, quien por cierto hizo todo lo posible para autopromoverse y quedarse con la dirección general, en lo que indudablemente fracasó. Su esposa Laura Herrera es la actual secretaria General del comité estatal del priísta.
Politizado oficialmente el instituto, nunca ha mejorado en especial en la presente etapa en los servicios que proporciona que son cada vez más caros e ineficientes, tanto a derechohabientes como a usuarios, lo que ha generado una caída en picada de sus ingresos económicos propios.
Otro gran problema que tiene el Issstezac es su capacidad recaudadora, lo que debería constituir su principal y básica fortaleza, puesto que la ineficiencia de sus directivos ha provocado una caída ancestral en la captación de las cuotas patronales, esto es, en el pago de las entidades públicas.
En distintos ámbitos ha trascendido la suma millonaria que arrastra el Issstezac, porque desde el gobierno de Arturo Romo Gutiérrez, las administraciones estatales subsecuentes han incumplido con el pago puntual de las cuotas patronales.
¿A cuánto asciende el adeudo?
Por el momento se ignora la deuda interna del gobierno de Zacatecas, responsable de fortalecer las finanzas del organismo que garantizará el retiro de sus trabajadores, lo que también sin duda, es una muestra de falta de responsabilidad administrativa y gubernamental, pero también de falta de solidaridad con sus trabajadores.
Al parecer la suma alcanza cientos de millones de pesos, una cantidad considerable pero difícil de precisar en estos momentos, debido a la falta de transparencia en el instituto, la cual es ocultada con mucho celo, sobre todo para no evidenciar que la viabilidad financiera se está poniendo en riesgo en momentos en que las crisis de las pensiones en el país, han obligado a una reforma que comprende, entre otros aspectos, la modificación de la edad de jubilación tanto para trabajadores como para trabajadoras.
El mencionado organismo público tiene mil 170 trabajadores que dan servicio a 21 mil derechohabientes, de los cuales mil 772 son pensionados del servicio público del estado, cantidad que se va incrementando progresivamente por la pirámide población de Zacatecas.
Cabe mencionar que el nuevo director del Issstezac hizo el siguiente compromiso durante su toma de protesta el pasado viernes:
“Dar a Zacatecas un Issstezac eficiente y transparente con servicios de calidad y suficiencia económica, para enfrentar las obligaciones presentes y futuras. Que sea confiable para los derechohabientes y la sociedad, es desde hoy mi mayor deber”.
Al nuevo director le proporcionaron una cifra de 2 mil 338 millones de pesos que supuestamente comprende la reserva técnica del organismo, lo que podría garantizar la viabilidad del fondo de pensiones de los trabajadores, pero las deudas y los malos servicios, así como la falta de ingreso a las arcas, está minando progresivamente la economía de la institución.
Es importante recordar que el pasado 5 de abril Artemio Ultreras presentó su renuncia con carácter de irrevocable a la Junta Directiva del Issstezac en una sesión extraordinaria y que el pasado viernes 7 de junio, Víctor Rentería López fue designado sucesor del hoy candidato priísta a la alcaldía de Jerez, en donde por cierto existen pocas posibilidades de que pueda lograr el triunfo electoral.
Víctor Rentería tendrá que sortear la serie de incondicionales que le dejó sembrado Artemio Ultreras en la dirección técnica y en el departamento jurídico, pero además con el encono de los trabajadores que fueron agredidos con la intención autoritaria de imponerles que el bono de despensa fuera exclusivamente canjeable en las tiendas del Issstezac; lo que se agrega a la confusión que prevalece por el retroactivo al bono de productividad de la última revisión salarial que no ha sido efectivo y que por tanto, merma el ingreso del trabajador.
Pero además Víctor Rentería tendrá que implementar una reingeniería administrativa para eficientar unos servicios deficientes y caros a la población en general y a la derechohabiencia en lo particular.
El nuevo director llega a un área desconocida para él y llena de incondicionales políticos de Ultreras, en donde todavía tiene algunos controles.
Sin embargo su fortaleza es la falta de compromisos al interior del instituto y el apoyo del mandatario estatal, quien le tiene confianza en lo personal y en lo institucional.
Empero el tiempo opera en su contra y si de verdad quiere sanear y eficientar al organismo, tendrá que actuar con rapidez y firmeza, de lo contrario será más de lo mismo y el instituto se constituirá en una de las piedras de escándalo de fin de sexenio.
Al tiempo. ■

Desde el inicio del periodo electoral por el que esta transitando nuestra entidad, hemos venido exponiendo nuestra propuesta de gobierno ante la ciudadanía, una propuesta bien fundamentada en las necesidades reales de nuestro municipio, estructurada a través de cinco ejes rectores que conducen en lo general las políticas de gobierno que aplicaremos en el caso de ser favorecidos con el voto.
En este sentido, hemos hecho el compromiso con la sociedad fresnillense de aplicar de manera inmediata al llegar al gobierno del municipio, diez acciones de gobierno, acciones encaminadas a resolver las necesidades más apremiantes y sentidas que en esta etapa de campaña nos ha planteado la ciudadanía, es el caso de la seguridad pública, uno de los más delicados renglones.
Es sintomático y ha sido una demanda de la gente, el que las corporaciones policiales, que tienen la facultad y obligación de salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, funcionen correctamente en el marco de las leyes competentes, y en el caso de las del estado, a quienes corresponde la aplicación de la fuerza para perseguir el delito, que tengan presencia en El Mineral, donde han estado cuasi ausentes inexplicablemente desde hace años, para lo que habremos de exigir al estado y hacer lo necesario para que cumplan su obligación de atender al municipio más grande e importante, Fresnillo.
En lo que compete a la Policía Municipal, de carácter preventivo, es indispensable establecer una normatividad necesaria para poner orden en su interior, y que dentro del marco de facultades que le compete, haga de manera eficaz su trabajo, con el equipamiento y la capacitación necesaria para otorgar a la ciudadanía protección, y realice eficientemente su labor de prevenir el delito, para lo cual, habremos de hacer lo necesario junto con el cabildo para lograrlo, además de tocar puertas en los tres niveles de gobierno para equiparla y capacitarla en todos los renglones necesarios, y de esta manera Fresnillo tenga la policía que necesita y merece.
El agua potable es otro de los rubros que necesitan una atención especial, y que por sí mismo, es uno de los ejes de políticas públicas más importantes, por lo que es necesario implementar un sistema de monitoreo para la distribución de agua y detección de fugas, habremos de renovar la red de distribución desde los pozos, pasando por las grandes líneas primarias de distribución, hasta las redes que llevan el agua a los hogares en la ciudad, para ello, desde ya, estamos trabajando conjuntamente con los legisladores federales fresnillenses en el Congreso de la Unión y en el Senado, nuestros grandes aliados, para obtener los recursos necesarios y poder resolver este problema en Fresnillo, una urbe que día a día crece y se expande, aumentando de la misma manera los requerimientos como el agua potable, por lo que estamos contemplando en prospectiva generar la capacidad de sustentar el desarrollo futuro con un eficiente sistema que contemple desde su extracción hasta llegar a cada hogar o empresa de Fresnillo y en sus comunidades rurales.
Nuestro Mineral ha resentido fuertemente el impacto de las crisis económica y la sequía de los últimos años, por lo que en el ramo del comercio y fomento económico, hemos venido planteando la necesidad de un pacto donde participen todos los sectores comerciales de El Mineral, en Fresnillo hay cerca de 40 mil personas que viven directamente del comercio, por lo que es indispensable tomarlos en cuenta, lo que hace necesario convocar a un gran pacto, como ya lo habíamos expresado, tenemos que darle voz a los comerciantes, escuchar sus necesidades y resolverlas en conjunto, el gobierno municipal como catalizador con las cámaras, las asociaciones, tianguistas, empresarios, líderes, comerciantes y vendedores, considerando además otras medidas, como microcréditos, entre otras.
Esta es una parte de los compromisos que estamos signando con la ciudadanía, y que habremos de iniciar de manera inmediata si somos favorecidos con el voto, tenemos una propuesta completa, integral, conocemos como fresnillenses las necesidades y las grandes demandas que la sociedad ha venido realizando, por lo que escuchando a la gente, que es la que enfrenta las grandes asignaturas, pendientes, hemos preparado este plan inicial para arrancar con las soluciones a los problemas más sentidos, nos hemos venido comprometiendo en realizar un gobierno de la gente y para la gente, y a eso nos estamos ya abocando desde ya, y en nuestra próxima entrega editorial continuaremos detallando los compromisos que hemos realizado con Fresnillo. ■

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Se espera que en otoño de 2013 se discutan e, idealmente, se aprueben reformas que detonarán mayor crecimiento económico y propiciarán un funcionamiento mucho más eficiente de nuestra democracia. La aprobación de la reforma educativa y la ley en materia de telecomunicaciones fue un gran logro de la pasada Legislatura. Sin embargo, quedaron en el tintero importantes reformas para llevar al país por el rumbo correcto.
Según el calendario del Pacto por México, se esperaba que varias reformas fueran aprobadas entre el año pasado y el primer semestre de 2013 e incluso algunas deberían estar ya en fase de implementación a estas alturas del año, entre ellas: la reforma para la rendición de cuentas contables (sic), la reforma al IFAI y órganos locales de transparencia, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y sus homólogas en los estados, la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios con el objetivo de controlar el excesivo endeudamiento y la eliminación del fuero a todos los servidores públicos.
Para el segundo semestre de este año, el Pacto tiene contemplada la presentación de una Reforma Hacendaria de gran calado que incluye el fortalecimiento del federalismo fiscal y de la capacidad financiera del Estado. No obstante, llama la atención que en el calendario del Pacto se contemple que para la implementación de algunas reformas y/o políticas públicas es necesaria la aprobación de una Reforma Hacendaria pero no al revés. Me explico: queda claro que es casi imposible incrementar la cobertura en educación, mejorar la infraestructura del país, reformar los cuerpos policíacos, asegurar acceso universal a salud o ampliar programas sociales sin los recursos públicos necesarios para fondearlo. Pero la lógica, también opera a la inversa, pues las reformas en materia de transparencia, rendición de cuentas y controles a la corrupción del país son a su vez prerrequisitos para la implementación de la Reforma Hacendaria.
Si revisamos algunos de los casos más emblemáticos de corrupción, abuso y desvío de recursos públicos en los últimos seis años, la mayor parte se concentra en el nivel local. Peor aún, ninguno de ellos parece haber tenido consecuencias visibles para los funcionarios involucrados, ni para su partido político, pues en muchas ocasiones refrendaron su victoria en los procesos electorales locales. Al desvío de recursos públicos evidenciado en muchos gobiernos locales, se suma el endeudamiento excesivo que enfrentan varias entidades federativas en los últimos cuatro años.
Si bien esta situación no es exclusiva de ningún partido político ni de los gobiernos locales, la situación en estados y municipios se agrava aún más ante la ausencia y/o debilidad de controles institucionales y políticos para contener prácticas indebidas a nivel local.
Para abonar a esta situación, en marzo de este año se desató una polémica entre la opinión pública ante la posible condonación de Hacienda a estados y municipios del ISR adeudado. Si bien un grupo de ciudadanos se amparó ante esa medida y no sabemos todavía cuál será su desenlace, existen casos de condonaciones particulares a gobiernos locales, tal es el caso del municipio de Naucalpan que tan sólo en esta semana, recibió la condonación de 178 millones de pesos de ISR por parte de Hacienda (3 de junio) y la de 3 mil millones de pesos por parte de Conagua por adeudos en la descarga de aguas residuales.
Los mexicanos no estaremos dispuestos a financiar una Reforma Hacendaria que implique el cobro de más impuestos, mientras el desvío de recursos y el abuso del erario sea la regla y no la excepción entre los gobiernos locales. Si no se acota la discrecionalidad y la impunidad con la que operan recursos públicos los estados y municipios: ¿Con qué confianza otorgaremos mayores facultades tributarias a los gobiernos locales? ¿Con qué legitimidad mantendrán sus facultades de gasto en rubros torales para el desarrollo del país? ¿Qué certeza tenemos que los recursos serán empleados correctamente y que existirán las autoridades para señalarlo y castigarlo?
Urge aprobar las reformas que se quedaron atoradas en el Legislativo como la relativa a la deuda de los estados, el fortalecimiento de facultades al IFAI y definir los términos de la recomposición del sistema anticorrupción del país. En este debate, el orden de los factores sí altera el producto, pues sin reformas que transparenten y hagan más eficiente el uso del presupuesto, la Reforma Hacendaria no debería ser discutida, y mucho menos aprobada, por nuestros legisladores. En esta materia, los ciudadanos, principales accionistas del Estado, no estamos dispuestos a transigir. ■

*Investigadora en el Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa