El pasado lunes 30 de junio de 2014 la 61 Legislatura del estado de Zacatecas en sesión solemne, declaró persona ilustre de la entidad al profesor José Santos Valdés García de León, por la labor realizada en beneficio de la educación de las escuelas Normales Rurales, así como por la lucha de los derechos laborales de los maestros y la escuela pública.

Su carrera docente es un ejemplo vivo de la soterrada misión educativa a lo largo del siglo 20. Varios goznes biográficos marcan su vida. Llegó a este mundo el primero de noviembre de 1905, en Rancho Cargo, Matamoros, Coahuila, fue el segundo de seis vástagos, sus padres: Pedro Valdés Rosales, peón de hacienda en las propiedades de los Madero y Cristina García de León, profundamente católica y abnegada madre.

A escasos cinco años de edad comenzó a labrar la tierra junto a su padre, aprendiendo lo duro de la vida del campo. Con él aprendió las primeras protestas y un orgullo de clase que lo mantuvo firme en sus días de peón y la insolencia de los capataces, así como de afrentas vividas los primeros años magisteriales.

En 1920 ingresó a la escuela que le enseñaría, de la mano de maestros como Apolonio M. Avilés y Federico Berrueto Ramón, la mística que encierra el magisterio y la importancia de sustituir los monólogos disciplinarios decimonónicos basados en el derecho de autoridad por una interpretación educativa democrática.

Ideológicamente nace y nutre su ideario en las sendas de la izquierda de los años veinte y treinta, bajo la dirección del pensamiento marxista y el Sexto Congreso de la Tercera Internacional Comunista.

Promotor de la masificación educativa del México rural, defendió sin parangón la práctica cabal del artículo 3, 27 y 123, por su activismo político fue expulsado de los estados de Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Durango; estuvo al frente de más de una docena de misiones culturales rurales y algunas urbanas.

Su reingreso en Normales Rurales, en San Marcos, Zacatecas, cobra especial brío, pues en ella pone en práctica su ideario de educación democrática, entendida como una práctica social. Promueve un modelo disciplinario gestado en 1932 en la Central Agrícola de Tamatán, Tamaulipas, lo madura en Galeana, Nuevo León en 1938 y lo perfecciona en San Marcos a partir de 1948, consolidando lo que hoy día se conoce como época de oro (1948-1955).

Reconoció que lo difícil en una comunidad escolar es “conservar la admiración, el afecto, el respeto afectuoso de los jóvenes cuando comprenderlos no [es] alcahuetearlos, sino orientarlos, aconsejarlos, ayudarlos por la vía del estudio, del esfuerzo y de una inconformidad moralmente digna, a encontrar la solución a problemas individuales y colectivos. En el desarrollo de una acción que exige organización, disciplina, claridad en los propósitos y alteza de miras y por lo mismo esfuerzo, sacrificios, es donde está la mano del educador auténtico: estimular lo que es decencia y decoro humano y reprimir con mano firme todo lo que le niega al hombre su humana dignidad”.

En asamblea de comunidad escolar analizaban problemas de toda índole, comúnmente presentes en todas las Normales Rurales. Surgieron órganos paritarios como Honor y Justicia, integrados por maestros y alumnos, clubs de teatro, deportivo, trovadores, escritura, exploradores, de Orientación Política e Ideológica, fotografía, danza, pintura, de lectores, atletismo, entre otros.

Consiguió el entendimiento armónico de intereses del Sutesc (Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza Superior Campesina) y de la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México), consolidó la idea de un proyecto escolar e institucional sobre los de sector, generó el surgimiento de un sentido de pertenencia e identidad en el cotidiano hacer puntual de una colmena sanmarqueña. Su modelo se diseminó por el sistema normal del país.

Se retira definitivamente del sistema educativo público en 1970 a los 44 años de servicio educativo, escribió más de una docena de libros, más de una veintena de ensayos y folletos abocados al estudio de la educación, la historia y la sociedad mexicana.

Hombre austero hasta parecer puritano, era un maestro con dotes intelectuales extraordinarias, cualidad que lo presentó auténticamente como un educador revolucionario, siempre congruente, con permiso de Ortiz Tejeda puedo decir que Santos Valdés formó parte del “grupo de militantes aguerridos en las trincheras de la soberanía de la nación, la vida democrática, la equidad y las libertades, intransigente defensor de la laicidad y la vida secular. Antimperialista, patriota, mexicano, nomás”.

El merecido homenaje brindado al maestro José Santos Valdés es una oportunidad para acercarnosa su obra plasmada en 16 tomos y rescatar su pensamiento, tan necesario en tiempos en que tambores de desprestigio suenan sobre la educación pública y el magisterio nacional. ■

@HallierMorales

[email protected]

La comunicación de gobierno en México, es un tema amplio que requiere de compromiso por informar con oportunidad, sensibilidad y criterio. No es desconocido que se invierten altas sumas de dinero, para trabajar en la mejora y posicionamiento de instituciones y personajes políticos, sin que esto implique un resultado positivo.

El reto constante a vencer es la mala imagen que tienen los políticos y algunas instituciones, sumado a la falta de interés de la sociedad por muchos temas que inciden en la vida del país.

En el caso de Gobierno Federal, la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, se construyó desde la campaña al gobierno del Estado de México y se reforzó durante su gestión como gobernador, plataforma que lo mantuvo posicionado hasta su postulación como candidato a la Presidencia de la República y actualmente como Presidente de México.

Sin embargo, el índice de aprobación de la gestión del presidente Peña Nieto, al pasado mes de abril fue de 47 por ciento situación que refleja que hay gran camino por recorrer e invita a explorar otras opciones de comunicación, con el objetivo de dar a conocer oportunamente las acciones de gobierno, a través de las cuales se estreche la relación gobierno-sociedad.

En el caso del Poder Legislativo que corresponde a la Cámara de Diputados y Senadores, el escenario no es alentador, la mala imagen, la falta compromiso y la opacidad en el trabajo son barreras que no se han logrado vencer.

No es necesario citar datos duros, basta con leer todos los días la opinión de ciudadanos en los medios impresos, electrónicos redes sociales, escuchar en la radio y ver en la televisión la consigna de todos los días, no están haciendo bien su trabajo, que es representar a los ciudadanos que les dieron su voto.

Otro termómetro es salir a la calle y ver que todo sigue igual, que los cambios son imperceptibles y los que se notan son en beneficio de unos cuantos. Sin duda esto abre más la brecha en la relación de diputados y senadores con la sociedad. Las excepciones existen desde luego.

Lo anterior supone un escenario desafiante para las áreas de comunicación, las cuáles enfrentan una sociedad sobreexpuesta a información la mayor parte del tiempo y de la cual tomarán únicamente la que es de su interés o bien aquella que llame la atención.

La clave es no sólo invertir recursos, hay que ir más lejos y romper con el esquema de comunicación tradicional basado en spots que hablan y enaltecen todo lo bueno que se ha hecho, pero que en realidad pocos ven o entienden.

La opción es la ruptura de paradigmas. Ejemplos: las redes sociales haciendo justicia contra actos de corrupción y frivolidades, tanto del mundo empresarial como del servicio público.

La idea es trabajar en ideas y contenidos novedosos a difundir por diversos canales de comunicación, usando un leguaje sencillo para que la gente entienda qué es lo que se quiere comunicar. Trabajar en la planeación y difusión de iniciativas que inviten a la participación ciudadana y al trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, quizá suena utópico pero es lo que verdaderamente la gente espera y que en la realidad no sucede.

Hacer uso eficiente de los medios de comunicación para difundir propuestas con verdadero valor y a los promotores de éstas. Hoy más que nunca la sociedad está esperando a un genuino líder que lleve por buen camino al país, que vea la unidad en cada persona y no a una masa social que se puede manipular. En este supuesto los medios y las oficinas de comunicación juegan un papel importante.

Apostar por hacer más con menos recursos, empleando el capital en lo que verdaderamente se necesita y dar resultados. Todo esto parte de una correcta planeación, ejecución y difusión de contenidos. Para ello, es indispensable contar siempre con el análisis interno como indicador para la toma de decisiones.

Ir siempre un paso adelante permite prever escenarios de todo tipo y calcular el impacto que tendrá; ofrecer siempre una comunicación de gobierno, fresca, cercana y novedosa. El anterior aserto podría ser la clave para incrementar el capital político y social que acompañe a servidores públicos o bien a instituciones hacia la consolidación de objetivos. Esto arrastra prestigio de cara a la sociedad y no aceptaría una espalda como respuesta a su pago de impuestos. ■

[email protected]

E el imaginario social mexicano, la reelección se vincula a un régimen dictatorial y no con la Democracia. En nuestro país todavía permanece profundamente arraigado en la gran mayoría de los mexicanos “el rechazo a la reelección”.

Hasta 1911, la sucesión presidencial en nuestro país era un asunto que se resolvía por medio de la coacción y no por la vía de la elección. Fue hasta esta fecha, con la elección de don Francisco I. Madero para Presidente de la República que se inició por primera vez la celebración de las elecciones pacíficas y libres, que permitieron un tránsito hacia el cambio democrático del gobierno y dieron paso a nuevos programas, en donde se hablaba de la expresión de la voluntad de las mayorías.

Los principios del “Sufragio Efectivo, No Reelección”, poseen un alto valor simbólico entre los mexicanos, no sólo por la memoria histórica sobre el ejercicio del poder en el siglo pasado y como principios básicos de la ideología de la Revolución Mexicana que funda el moderno Estado Mexicano, sino que, en especial, el principio de la “No Reelección” en México se ha percibido, en parte, como la estabilidad del régimen y ambos principios, “Sufragio Efectivo, No Reelección”, se perciben como elementos base para la construcción de la Democracia en nuestro país.

El total desacuerdo sobre la reelección de senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos y regidores en nuestra entidad, se relaciona con las percepciones negativas que los ciudadanos tenemos sobre la conducta de éstos.

Ahora bien; con motivo de las reformas que el Senado de la República hizo al artículo 59 constitucional, relativas a la reelección en nuestro país de los citados entes políticos, con ese motivo, en nuestra entidad, estaban dadas todas las condiciones para que ustedes, diputados de nuestra 61 Legislatura, al homologar nuestra Constitución local, así como nuestras leyes electorales para hacerlas compatibles con las nuevas reglas, hubieran aprovechado tal coyuntura para aprobar la “Revocación de Mandato”, en razón de que nuestro Estado es Libre y Soberano en lo que concierne a su régimen interior, como lo hizo en su oportunidad el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, según lo establece su Constitución vigente:

“Es revocable el mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto. La solicitud de revocación del mandato deberá ser suscrita cuando menos por 10 por ciento de los ciudadanos del estado, municipio o distrito según sea el caso y podrá presentarse una vez transcurrido una tercera parte del periodo para el cual fue electo el funcionario. Quedan comprendidos en la categoría de funcionarios públicos el gobernador, los diputados (los legisladores), presidentes municipales, regidores y síndicos. La ley establecerá las bases y procedimientos para la revocación. Así como los medios de impugnación”.

Señores legisladores; lo anterior es un fuerte reclamo social y de urgente necesidad el establecimiento de la “Revocación de Mandato” en nuestra entidad, con la finalidad de poder quitar de su cargo a cuanto servidor público no esté cumpliendo con los deberes que le marca la ley; ¡pero no!, ustedes le apostaron a que en nuestro estado siguiera imperando la corrupción y la impunidad, a través del saqueo indiscriminado que por décadas se ha hecho del erario público en nuestro estado, que son dineros del pueblo, independientemente de otras linduras que se les achacan a ustedes.

La “Revocación de Mandato” consiste en entregarle el poder al pueblo para quitar a un servidor público que no esté cumpliendo con sus obligaciones o que éste haga uso indebido del puesto que se le confirió y en su lugar, poner a alguien que tenga interés y mayor capacidad para dicho puesto.

Esta figura jurídica nos brinda las herramientas necesarias para exigir la rendición de cuentas, supervisar y calificar el trabajo no sólo de nuestros representantes populares, sino también de los funcionarios públicos elegidos o designados.

La “Revocación de Mandato” tiene, entre otras, las siguientes ventajas:

a).- Satisface una demanda ciudadana;

b).- Apoya el descontento social, imponiendo límites y vínculos a los excesos de poder ilimitados de algunos gobernantes, representantes populares y/o servidores públicos;

c).- Expande los derechos fundamentales de carácter político-electoral de los ciudadanos;

d).- Permite recordarle a las autoridades que la ineficacia puede ser sancionada por medio de la remoción;

e).- Involucra al ciudadano en los asuntos públicos, porque les permite participar de manera directa en la toma de decisiones políticas; y

f).- Es un mecanismo más eficiente contra la corrupción, aun y cuando existen diversos controles que pretenden erradicarla.

Como todos sabemos, la Revocatoria de Mandato se fundamenta en el principio de la Soberanía Popular, y para que entre en funciones este procedimiento, sólo existe la necesidad de emitir una ley para darle operatividad, situación que en sus manos está señores legisladores.

Abundando: la “Revocación de Mandato” es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un servidor público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido, a través del mismo cuerpo electoral que lo designó y esto no supone ninguna acción judicial que exige las garantías del debido proceso. ■