Hoy nos permitimos reproducir fragmentos del texto publicado por Elena Poniatowska el 9 de agosto de 2013 en el marco del homenaje del 45 aniversario de la generación de 1968 y a Raúl Álvarez Garín en la sala Miguel Covarrubias de la Universidad Nacional Autónoma de México:
“Hace 45 años que conozco a Raúl y soy su deudora. Sin él no habría La noche de Tlatelolco. Sin él no habría ese líder valiente y justiciero, capaz de permanecer meses, semanas y días en huelga de hambre. Sin él, jamás se habría dado el juicio que lo hizo llevar a Luis Echeverría al banquillo de los acusados. Sin él no sabríamos qué son la continuidad y la constancia de la lucha; sin él no habría Estela de Tlatelolco; sin él jamás habríamos leído Punto crítico; sin él no habría una constancia escrita de los infames procesos que el solo se preocupó en publicar; sin él el Politécnico sería distinto, porque Raúl está ligado al Poli de por vida (al menos en mi cabeza). Sin él tampoco habría camarones gigantes a la vinagreta preparados entre carcajadas.
Raúl entonces era un muchacho delgadito y nervioso que se acuclillaba en su pequeña celda para que otros pudieran sentarse en la litera, en el escusado de hierro, en el primer butaquito, en lo que fuera. Su autoridad era indiscutible. Todos acudían a su llamado. Por eso pude escribir La noche de Tlatelolco.
Manuela Garín de Álvarez, madre de Raúl, jamás imaginó que su hijo pudiera caer preso. Sabía que Raúl pertenecía al Consejo Nacional de Huelga, porque así era él, aguerrido y defensor de las causas justas. Su espíritu de pelea se manifestó desde que era niño. Tania, su hermana, fue más dócil, obedecía, pero Raúl quería una explicación para cada una de las órdenes que le daban sus padres. Manuela, matemática, intentaba domar su rebeldía. El 2 de octubre a Manuela la llamó su marido, también Raúl: No salgas, porque esto está horrible. El Ejército tomó la plaza. Esa misma noche, su hijo Raúl desapareció y a partir de ese momento Manuela y Raúl padre sacaron desplegados durante más de un mes en El Día, que decían: Han pasado cinco días y no sabemos nada de nuestro hijo Raúl Álvarez Garín. Cuando Manuela por fin logró verlo en su celda, en Lecumberri, no hubo lágrimas ni lamentaciones. Raúl, muy serio la saludó con una frase que 40 años después no olvida: “Mamá, hay muchos muchachos que no tienen quién los defienda, hay que buscarles un abogado…”. También le advirtió: Mamá, por favor, no vayas a traer nada que esté prohibido para no tener que pedirles nunca nada a estos carceleros. Tráeme una cazuela grande para cocinar para varios, fue lo único que Raúl sí pidió y Manuela tuvo que sacar el permiso en la dirección del penal.
Raúl Álvarez Garín y su inseparable Félix Lucio Hernández Gamundi, Daniel Molina y muchos otros,… enjuiciaron y consiguieron que a Luis Echeverría, entonces secretario de gobernación, le dieran su casa en San Jerónimo como cárcel. A la gran puerta de madera en San Jerónimo acudieron Rosario Ibarra de Piedra y Jesusa Rodríguez y le aventaron cubetazos de pintura roja”.
Raúl Álvarez Garín se involucró en el gran movimiento político de 1988 encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, que dio origen al PRD, siendo miembro de su Comité Ejecutivo nacional y diputado federal del 91 al 94. Igual que muchos intelectuales y dirigentes políticos y sociales fundadores de ese partido, como Arnaldo Córdova, fue relegado con el accionar de las facciones que hoy dominan ese partido. Pero su estatura es la de un gigante que hoy todo México reconoce.
■ Uno de los problemas que recibe mayor atención por parte del oganismo es el de corrupción
■ Hasta agosto de 2014 se reportan 10 mil 535 denuncias en el MP; 9 mil 918 en 2013, señala
La corrupción y la violencia ejercida por los actores estatales, los delitos callejeros y los cometidos por y contra los jóvenes, así como las agresiones de género y la delincuencia organizada son las amenazas papables que en América Latina merman la posibilidad de hacer efectiva una seguridad ciudadana real.
Esta conclusión se plasma en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El organismo internacional asegura que precisamente la seguridad ciudadana “es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de América Latina”.
Asimismo, especifica que este tipo de seguridad se relaciona con diversos ámbitos como el de la salud, la educación y la alimentación, así como con el respecto a derechos básicos como la vida, y la integridad física y material.
Además, expone que, aparte de las amenazas ya mencionadas, también hay otros obstáculos “directos” para garantizar la seguridad ciudadana como la falta de empleo, la pobreza, la inequidad y la carencia de libertades.
La situación en Zacatecas, en cuanto a los problemas que impiden un desarrollo humano óptimo por no garantizarse la seguridad ciudadana, se ha dado a conocer tanto a través de estadísticas como de declaraciones de los funcionarios estatales.
En este sentido, en relación al incremento de la participación de los jóvenes en actos delictivos es notable. El procurador general de Justicia del estado, Arturo Nahle García, ha asegurado en diversas entrevistas que en 90 por ciento de los delitos que se denuncian ante la PGJEZ los responsables, es decir, quienes cometieron el acto ilícito, fueron jóvenes.
De igual forma, es reflejo de esta situación la necesidad de construir un nuevo Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ), debido a que las actuales instalaciones han quedado pequeñas para el número de menores que han ingresado para cumplir una sentencia o mientras se lleva a cabo su proceso.
En torno a esta misma amenaza que involucra al sector juvenil de la población, el PNUD menciona que también son cada vez más los jóvenes víctimas de delitos. Al respecto se publicaron las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) para Zacatecas.
En este documento hecho público el año pasado se advertía que durante 2011 hubo un aumento de 93.3 por ciento en los daños a la salud provocados por actos violentos entre los niños y jóvenes de 10 a 19 años del estado.
Además, en el mismo apartado de daños a la salud por accidentes y violencia se señala en la Ensanut el tema de los intentos de suicidio entre los adolescentes. Al respecto, destaca que Zacatecas se encuentra ligeramente por encima de la media nacional con un porcentaje de 2.9, mientras que en México la media fue de 2.7 por ciento.
Otra de las amenazas que, según el PNUD, atentan contra la seguridad ciudadana es la de la violencia ejercida por los actores estatales. Un indicador sobre este ámbito en Zacatecas es el que puede encontrarse en las quejas interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y, en concreto, en el número de recomendaciones que este organismo ha realizado en contra de autoridades.
En este sentido, cabe subrayar el incremento que se dio de 2012 a 2013. En ese periodo se triplicó el número de recomendaciones emitidas, pues se pasó de 4 a 12. Mientras tanto, en lo que va de 2014, a falta todavía de más de tres meses para que concluya el año, ya se han registrado 7 advertencias de este tipo por parte de la CDHEZ a instancias gubernamentales.
Por otro lado, el PNUD también destaca que los delitos callejeros son una amenaza para la sociedad, sobre todo en relación a la protección del derecho a la vida, y a la integridad física y material.
Para evidenciar este peligro en Zacatecas existe la base de datos oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). En estas estadísticas se advierte que, por el momento, el total de delitos denunciados ante las agencias del Ministerio Público del estado es mayor que en 2013.
Al mes de agosto de 2014 se han registrado 10 mil 535 denuncias, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra fue de 9 mil 918. Entre los aumentos que destacan se encuentran el robo, pasando de 4 mil 966 a 5 mil 106, y en concreto los hurtos cometidos con violencia, que registran un incremento cercano a 40 por ciento.
En ese tenor, la violencia de género también es un factor de riesgo que atenta contra la seguridad humana. Entre las agresiones de las que son víctimas las mujeres se mencionan las violaciones. En este punto, también los datos del SNSP reflejan un aumento de 2013 al presente año de 25 por ciento, al pasar de 76 a 95 casos denunciados.
No obstante, una de las amenazas que recibe mayor atención por parte del PNUD es la de corrupción, definida en el informe como “la apropiación indebida de los bienes públicos” y calificada como “una amenaza grave y extendida para la seguridad ciudadana en América Latina”, junto con la impunidad.
El organismo internacional hace referencia al impacto económico de este fenómeno y, al respecto, sostiene que el Banco Mundial ha estimado que la corrupción en América Latina absorbe alrededor de 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
De esta forma, se expone que “un dato significativo que ilustra el grave problema de impunidad asociada a la corrupción de cuello blanco es que más de la mitad de los reclusos entrevistados en todos los países afirman que si hubiesen tenido el dinero suficiente, a través del pago de sobornos, hubiesen podido evitar la detención y el procesamiento”.
En México, el porcentaje de reos que hizo esta afirmación fue de 66 por ciento, además de que destaca que en 10 por ciento de los delitos cometidos en el país hubo participación de alguna autoridad como policías, militares, fiscales o jueces.
Al respecto, en Zacatecas ha habido denuncias en materia de corrupción. De las más recientes, destaca la demanda que la diputada local Soledad Luévano realizó en contra del secretario de Administración, Le Roy Barragán Ocampo, por los delitos de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.
Sin embargo, también cabe mencionar que, aunque no se han concluido las investigaciones a 100 por ciento, el procurador de Justicia del estado, Arturo Nahle García, ya adelantó que “todo indica que no hay elementos para proceder” en contra del funcionario.
Asimismo, también resalta el escándalo que se produjo tras la publicación de un audio anónimo en redes sociales, en el que se evidenciaba con una grabación el supuesto pago de 100 mil pesos a varios ex diputados locales por parte de Gobierno del Estado, para la aprobación del presupuesto de 2013.
Este presunto delito motivó el inicio de una investigación de oficio en la PGJEZ, además de que se presentaron dos denuncias ciudadanos en su contra. No obstante, tras varios meses en los que la procuraduría estatal aseguró estar dando seguimiento al caso, éste se concluyó “por falta de pruebas”.
No obstante, en el mes de mayo de este año una juez de garantías, a raíz de una solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ordenó que se reabriera la investigación, por lo que aún está en proceso.
En cuanto a la corrupción a nivel nacional, el PNUD no aporta datos halagüeños. Según lo expuesto en el informe, entre los países seleccionados para la muestra, México registró la mayor frecuencia de petición de soborno por parte de un policía. En concreto fue 20.5 por ciento de los ciudadanos consultados los que aseguraron haber recibido una solicitud de este tipo en el último año. La frecuencia en cuanto a otros servidores públicos en este mismo ámbito fue de 9.8 por ciento.
También se destaca en el informe que los mexicanos, con 21.8 por ciento, son los que más justifican este tipo de prácticas de acuerdo a “como están las cosas” en el país actualmente.
El organismo internacional no sólo menciona las amenazas que actualmente existen en contra de la seguridad ciudadana, sino que también enumera una serie de recomendaciones para que el Estado pueda cumplir con su responsabilidad y garantizar este aspecto.
En el tema de la corrupción, se expone como medida necesaria la participación de la sociedad, es decir, se advierte que “el papel de la ciudadanía para la auditoría de estas instituciones y de su acción, así como de los organismos de derechos humanos y de los centros académicos que producen información respecto de la policía es también fundamental”.
El PNUD hace un listado de 10 recomendaciones generales para garantizar la seguridad humana. Sin embargo, dentro de cada categoría precisa acciones concretas como la de fortalecer el monitoreo, la evaluación y la contraloría social a través, por ejemplo, de introducir incentivos para que las universidades y centros de investigación realicen evaluaciones independientes y con pleno acceso a los datos de las acciones del estado.
El PNUD concluye que los Estados latinoamericanos, entre los que se incluye México y se concreta en los gobierno locales como el de Zacatecas, “no han estado a la altura del desafío de la inseguridad”, principalmente por los actos de corrupción, la elevada tasa de impunidad y la “falta de proporcionalidad en las sanciones”, ya que estos elementos han mermado la efectividad y legitimidad de las autoridades.
■ Dice que gracias a las políticas implementadas se está entre los primeros lugares en producción
■ Se ha avanzado a pesar de la sequía de 2011, una de las más devastadoras que se han registrado
Pese a la peor sequía que Zacatecas enfrentó en los últimos 70 años y que tuvo sus impactos más devastadores en 2011, el esfuerzo de los productores agropecuarios y las políticas gubernamentales implementadas, han permitido la recuperación de este sector económico, dijo el gobernador Miguel Alonso Reyes.
Como ejemplo, indicó, en materia agroalimentaria el estado ha logrado posicionarse en el primer lugar a nivel nacional en producción de frijol, zanahoria, chile seco y ajo; segundo lugar en producción de lechuga, tuna y uva, así como tercer lugar en producción de tomatillo y durazno.
Además, explicó, hasta 2012 el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario del estado tuvo un promedio de 10 mil millones de pesos, pero en 2013 el valor de la producción agropecuaria alcanzó 16 mil 202 millones de pesos y se espera que para 2014 esta cifra se supere 12 por ciento.
El mandatario estatal detalló que en el presente año se sembraron un millón 65 mil hectáreas de temporal y más de 128 mil de riego, lo que habla de la importancia del sector primario, el cual ocupa a un promedio de 129 mil 500 personas, que representan 24.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del estado.
No obstante, también deja en evidencia que la agricultura zacatecana se encuentra condicionada por restricciones ambientales como baja precipitación, la presencia de heladas y vientos fuertes, refirió.
Agregó que a estos problemas se suman otros que son inducidos por el hombre como la erosión, el agotamiento y contaminación del agua, así como la pérdida de biodiversidad animal y vegetal.
Debido a esta situación, detalló, se establecieron en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 las líneas para lograr un desarrollo rural sustentable y fomento agroindustrial mediante cuatro estrategias.
Estas consisten en instaurar un sistema integral de planeación de las actividades económicas del sector para su modernización y fortalecimiento competitivo, así como generar valor agregado a la producción primaria.
Además, precisó Alonso Reyes, apoyar los canales de comercialización oportuna de los productos agropecuarios e implementar políticas públicas integrales de diversificación y modernización productiva, con esquemas respetuosos de medio ambiente y recursos naturales.
Expuso que debido a la naturaleza de los problemas que se han enfrentado en el sector agrario, ha sido sumamente responsable a la hora de canalizar los recursos gestionados ante Gobierno Federal, mediante un esquema integral en el que caminen de la mano productores y autoridades gubernamentales.
Como ejemplo citó el otorgamiento de un incentivo directo a los productores de frijol de 2 mil pesos por tonelada comercializada, lo que implicó una derrama económica de 210 millones de pesos, en beneficio de 12 mil productores que ingresaron 105 mil toneladas de frijol al esquema de comercialización.
También, se promovió la integración de más de 40 mil 500 hectáreas de temporal al esquema de agricultura por contrato para incentivar la reconversión productiva con productos como trigo, girasol, maíz y cebada maltera.
Adicional al apoyo para mejorar la rentabilidad y productividad del campo zacatecano, se han implementado acciones de carácter social para acabar con problemas históricos, como el adeudo de productores con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con este fin, se firmó un convenio mediante el cual Gobierno Federal y estatal subsidiarán entre 80 y 90 por ciento de los adeudos, dependiendo de la cantidad y los productores pagarán el resto en un plazo de 60 meses sin intereses.
■ Algunos de los recursos se destinarán al DIF y a AMANC, señalan
Durante el periodo de la Feria Nacional de Zacatecas (2014), los estacionamientos ubicados en recintos deportivos recaudaron cerca de 800 mil pesos, los cuales serán utilizados para realizar donaciones al DIF, AMANC y para equipar con equipo de fortalecimiento físico al Centro Acuático Centenario.
Lo anterior lo dio a conocer Martín Barraza Luna, director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), al mencionar que se usaron 4 espacios como estacionamientos, el del Centro Acuático Centenario, del Gimnasio Marcelino González, del Estadio Francisco Villa y la parte de atrás de la Unidad Deportiva Benito Juárez.
El funcionario estatal dijo que de los aproximadamente 800 mil pesos que se recaudaron, se tendrá que realizar el pago por los servicios de los cuidadores y cobradores, pero el resto será utilizado para apoyar a instituciones de asistencia social y para la compra de equipamiento físico.
Martín Barraza detalló que se donarán entre 50 y 100 mil pesos al DIF, para que esta institución invierta el recurso en alguno de sus programas de asistencia social, además se destinarán 50 mil pesos para la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer (AMANC), pues se viene su carrera anual durante el mes de octubre.
Asimismo un recurso cercano a los 400 mil pesos será utilizado para la compra de equipo de fortalecimiento físico, el cual será instalado en el Centro Acuático Centenario.
Finalmente Barraza Luna precisó que lo que se recaudó en el Gimnasio Marcelino González irá directamente a las arcas de las asociaciones deportivas estatales, previo al inicio de la feria se hizo un sorteo y cada asociación afiliada obtuvo un día para manejar el estacionamiento de este recinto, lo recaudado por cada una se lo quedarán para invertirlo en el desarrollo de sus atletas.
■ Una de las razones es que los culpables se van y es muy difícil localizarlos, explica Luis Acosta
■ Se hicieron modificaciones para que sea la Secretaría de Finanzas la que cobre los créditos fiscales
Aunque se han hecho modificaciones de ley para evitar más impunidad en el cobro de créditos fiscales derivados de sanciones hechas a ex funcionarios municipales que en su momento desviaron recursos, aún sigue sin recuperarse la mayoría del dinero, e incluso hay pocos expectativas de hacerlo por diversos factores, como el que muchos implicados se van y después es imposible encontrarlos, dijo el presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia, Luis Acosta Jaime.
Recordó en entrevista que recientemente se hizo una modificación a la Ley de Fiscalización para que sea la Secretaría de Finanzas (Sefin) la que cobre los créditos fiscales a los responsables y no las tesorerías municipales, porque entre los propios funcionarios de los ayuntamientos se protegían y no los cobraban.
Ahora al ser la Sefi, hay menos posibilidad de impunidad, pues incluso con el dinero recabado, 50 por ciento es para capacitación de personas de la ASE y el otro 50 para el personal de la Legislatura en términos de fiscalización y revisión de cuentas públicas.
Se busca entonces mejorar la ejecución y el cobro de sanciones fincadas a ex funcionarios, sin embargo no ha sido tan sencillo por el poco presupuesto que tienen los ayuntamientos, con lo cual no tienen los ejecutores fiscales necesarios.
Por ejemplo, refirió, en el pago de impuestos como el predial difícilmente alguien del municipio va y obliga a los contribuyentes a ponerse al corriente, a diferencia del Sistema de Administración Tributaria (SAT), donde si hay un adeudo van y lo cobran.
Es así que en las sanciones resarcitorias de ex funcionario castigados por haber desviado dinero público, no siempre tienen los bienes para pagar. También ha habido casos en que ex presidentes huyen del municipio y es imposible localizarlos. Son una serie de cosas que en la división de poderes y respeto a la autonomía de los municipios no nos podemos meter y eso dificulta que se recupere el dinero.
Acosta Jaime comentó que las sanciones resarcitorias no prescriben, si bien la acción penal sí tiene plazos perentorios, el cobro de los créditos fiscales se puede hacer en cualquier momento, no obstante, insistió hasta el momento hay muchos casos que siguen impunes. Desconoció cuántos por el cúmulo que hubiera en los años anteriores, pero sí puedo decir que son varios.
El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) tiene argumentos para haber recortado un millón 86 mil pesos de las prerrogativas de este año al PRD, PT, MC, Panal, PRI, PVEM y PAN a fin de repartirlo entre los tres nuevos partidos políticos con registro, dijo la consejera presidenta, Leticia Soto Acosta, en respuesta a la reciente impugnación que presentó el PT en contra de esa decisión, ya que le reducirán a partir de septiembre 47 mil 699 pesos cada mes y hasta finalizar el año.
Con motivo de la creación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social y Partido Humanista, el Consejo General aprobó disminuir el presupuesto ya asignado para los siete partidos y dar de esa bolsa a los nuevos, puesto que así lo determina la Ley General de Partidos Políticos. No obstante el PT impugnó la decisión ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijeez).
Al respecto, Leticia Soto reiteró que la decisión se tomó con base en dos criterios: el primero es que son partidos de nueva creación con derecho a financiamiento público a partir del momento en que surtió efecto su registro nacional y eso fue en agosto. Un segundo criterio es que la Ley General de Partidos Políticos estable que en caso de nuevos partidos se les debe dar el financiamiento del mismo presupuesto ya existente de los otros institutos políticos.
Con el cruce de esas dos situaciones es que el IEEZ decidió asignar a los nuevos 362 mil pesos a cada uno a partir de septiembre y hasta diciembre de este año. Con ello el Partido Acción Nacional (PAN) cada mes tendrá 38 mil 244 pesos menos; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 81 mil 903 pesos; al Partido de la Revolución Democrática (PRD) se le quitarán 41 mil 519 pesos; al Partido del Trabajo (PT) 47 mil 699 pesos; 35 mil pesos menos para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); a Movimiento Ciudadano 24 mil 704 pesos y al Partido Nueva Alianza (Panal) 26 mil 481 pesos menos.
No obstante los consejeros estarán pendientes de la decisión de los magistrados del Trijeez respecto de la impugnación del PT, e inclusive de la posibilidad de que el caso se lleve al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se investiga al PRI por fiesta de cumpleaños del gobernador
Por otro lado, en cuanto a la queja presentada por el PRD en contra del PRI por el presunto uso de sus prerogativas para realizar una fiesta al gobernador Miguel Alonso Reyes con motivo de su cumpleaños, Leticia Soto dijo que se ha dado curso a la denuncia y el secretario ejecutivo deberá decidir en los próximos días si se radica el procedimiento o existe alguna causar de desecho. En caso de ser aceptada se iniciará el procedimiento de investigación.
Aunque también refirió que la fiscalización de los recursos ya es una facultad del Instituto Nacional Electoral (INE), y el reporte de los gastos realizados por los partidos es a través de informes trimestrales por lo cual deberán esperan a que concluya ese periodo.
De entrada Soto Acosta dijo que no es posible utilizar recursos públicos para la realización de fiestas privadas, si bien el presidente del PRI, José Olvera ha señalado que no es el caso, esperarán el informe financiero.
■ Persisten los altos salarios y el cobro indebido de diversas prestaciones, asevera
■ Afirman que el Spauaz está abierto a una evaluación administrativa y académica
La presencia de asesores de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (Dgesu-SEP), en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para evaluarla en el ámbito administrativo y académico, podría ayudar a evidenciar los excesos en que incurren los funcionarios de la Rectoría, entre ellos los altos salarios y el cobro indebido de diversas prestaciones.
Crecenciano Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), afirmó que en la Máxima Casa de Estudios de la entidad “no tenemos cosas qué esconder. Los docentes, los trabajadores y los alumnos ahí están. Crecimos indebidamente y contratamos más personal del que requeríamos, pero está trabajando”, indicó Sánchez Pérez.
Respecto a esa evaluación que se realiza, expuso que el Spauaz tiene conocimiento de auditorías que ha realizado el gobierno estatal y federal en la Universidad, “pero no nos han dicho ni cuándo empezaron o si ya hay resultados, y no veo la razón por la que la autoridad de la Universidad nos oculte información”.
Reiteró la necesidad que el Rector Armando Silva Cháirez explique a detalle toda la información que ha entregado a la SEP, a lo que se comprometió con esa dependencia, y lo que ésta le ha solicitado a la Universidad para poder avanzar en la solución de la problemática.
Por su parte Pedro Martínez Arteaga, titular de la cartera de Asuntos Laborales en el Spauaz, manifestó que esa evaluación podría arrojar resultados sobre personas “que han administrado mal a la institución”.
Señaló entonces que el Spauaz está dispuesto a que se realice una evaluación administrativa y académica en la UAZ, y “la gente que no cumple el perfil, que no esté trabajando, que sea aviador o que tenga cuatro chambas, tiene que ser tratada como tal”.
Precisó que Gobierno Federal puede llevar a cabo esas evaluaciones pero sin entrometerse en aspectos de la autonomía universitaria, pero si es la Federación la que otorga el recurso, tiene el derecho de revisar en qué se utiliza.
En ese sentido, el funcionario sindical señaló que entre los funcionarios de la administración central hay salarios “exorbitantes” y primas de antigüedad de más de 600 mil pesos, de forma que esa evaluación podría obligarles a reducirse sus salarios.
“Qué bueno que esa información salga en esa evaluación. Bienvenida. El sindicato y muchos profesores no tenemos nada qué ocultar porque hemos dejado nuestro proyecto de vida en esta institución, y aquél que haya hecho las cosas mal, que sea sancionado por el instrumento federal”, dijo Martínez Arteaga.
■ Normatividad inserta a la víctima en el enfoque del sistema de impartición de justicia
Luego de un proceso difícil para su aprobación, que incluyó debates en torno a su constitucionalidad y reticencias, pero tuvo como factor fundamental la movilización de organizaciones de la sociedad civil y las propias víctimas para presionar su aprobación, finalmente fue concretada por unanimidad hace poco más de un año en el Congreso de la Unión, la Ley General de Víctimas, misma a la que recientemente se ha adherido Zacatecas.
La normatividad inserta un nuevo enfoque en el sistema de impartición de justicia, el derecho victimológico, que visibiliza a las víctimas, antes un factor no tomado en cuenta en los procesos judiciales donde toda la atención se enfocaba en el ejecutor del delito.
El siguiente reto en el entorno local, tanto para el sistema de justicia como para la propia sociedad civil, es la implementación de esta Ley, además única en el concierto mundial en sus características, pues pretende garantizar el derecho a la reparación integral del daño, a la verdad y a la justicia, tanto de las víctimas de violaciones a los derechos humanos como de los delitos del fuero común y federal.
El proceso requerirá recursos económicos y humanos, éstos últimos conscientes y sensibles a la problemática que se detonó como “una emergencia nacional” luego del inicio de la guerra contra el narcotráfico por Felipe Calderón, que entre otros saldos, ha dejado alrededor de 27 mil desaparecidos en el país.
Lo anterior fue expuesto en la reciente emisión de Synergia, en voz de Ricardo Bermeo Padilla, representante de Zacatecanos por la Paz, organización vinculada al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una de las organizaciones que encabezada por Javier Sicilia, fueron protagonistas de este proceso, y José Carlos Galván Klein, presidente en Zacatecas de la organización Con tu voz no más silencio y representante de Abuso sexual nunca más.
Un país victimizado y una ley por probar
Para iniciar el análisis, Marco Antonio Torres Inguanzo, conductor de la serie, dijo según cifras del Inegi en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe), uno de cada tres hogares en México tiene entre sus integrantes a una víctima directa de delitos de la delincuencia organizada, común o violaciones a derechos humanos.
La guerra contra el narco de Calderón Hinojosa replicó Ricardo Bermeo, hizo crecer la violencia de una manera desmesurada en México. Su estrategia dejó de lado las causas detrás del fenómeno, cuando lo necesario era atender la prevención de la misma con acciones contra la pobreza y falta de empleo.
“En ese contexto comienza a crecer muchísimo el número de desapariciones de personas, de asesinatos y crímenes”.
Ante el escenario, la sociedad civil empezó a plantear la necesidad de abordar estrategias alternativas.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y un grupo de víctimas ligado a Emilio Álvarez Icaza, junto con otras organizaciones, lograron conformar una red. Lo importante a resaltar, dijo Bermeo Padilla, es que la LGV surgió de la propia sociedad civil con la participación protagónica de las propias víctimas.
Las dificultades para que una víctima del delito fuera tomada en cuenta por las autoridades, terció Galván Klein, era aún mayor en el contexto de las localidades ubicadas fuera del Distrito Federal.
En su opinión, sin embargo, la principal preocupación ahora, es la capacitación del Ministerio Público en la nueva lógica del sistema judicial, pues luego del agresor, es la propia autoridad competente la que revictimiza.
Agregó luego Torres Inguanzo al respecto: “cuando se le recibe (a la víctima) con sospecha, ignorancia o no se le atiende”.
Leyes de víctimas en el mundo y los retos para Zacatecas
Las leyes de víctimas de España como de Colombia con respecto a la mexicana son distintas. En el país sudamericano se formuló una normatividad que se dedica sólo a las víctimas de violación de derechos humanos, dijo Torres Inguanzo.
Ricardo Bermeo agregó que aunque la normatividad en la materia colombiana es un referente obligado, su ley ha tenido muchos problemas para su implementación. Entre éstos la imposibilidad de garantizar el retorno a sus localidades de origen de alrededor de 6 mil desplazados y restituir sus bienes.
“Porque quienes usurparon y robaron ya están ahí instalados y amenazan de nuevo a las víctimas. Es un problema complejo y difícil de resolver, sigue abierto…”.
De tal manera expuso, que la Ley General de Víctimas mexicana, aun en el proceso de su discusión en el seno de las organizaciones civiles que le dieron origen, fue vista como un avance en el concierto internacional en la materia.
En atención a la importancia de la sociedad civil en este proceso, preguntó Torres Inguanzo a los panelistas la situación respecto del monitoreo de la aplicación de la ley en Zacatecas.
Galván Klein mencionó sobre el estado de la violencia en el estado, no sólo no está “calmado” sino que “las cosas están hirviendo y el miedo…todavía no se desborda el agua de la olla pero va en proceso de…”.
Al respecto criticó que todo se le quiere dejar al gobierno y agregó, “no podemos hacerlo así si pensamos como sociedad civil”.
La problemática suma pasividad de la sociedad, temor, ignorancia y falta de conciencia del problema. Existe por ello necesidad de que las organizaciones no gubernamentales sean apoyadas económicamente para coadyuvar en que “la gente abra los ojos”, dijo.
Bermeo Padilla agregó, las víctimas están prácticamente aisladas viviendo su proceso sin apoyos. Por eso es una prioridad “trabajar de manera muy fuerte y enfocar todas las baterías” en hacerles llegar la información y buscar se organicen o en su defecto acudan y participen.
Un aspecto fundamental de la Ley agregó Marco Antonio Torres, es la construcción de un sistema de acompañamiento de la víctima respaldado por un concejo victimal, donde abogados especializados en la materia le guíen para asegurar que reciba la atención adecuada.
Este beneficio legal no obstante, se topa con la realidad de la falta de presupuesto para ello, que habría sido señalada ya por el procurador general de Justicia del estado de Zacatecas en reciente foro sobre la materia.
El problema de la asesoría jurídica entonces, comentó por su parte el presidente en Zacatecas de Con tu voz no más silencio, debe recaer en las organizaciones de la sociedad civil, que pudieran acreditar abogados victimales ante la Procuraduría de Justicia o el Concejo.
La cifra negra; desaliento a denunciar
Torres Inguanzo, luego de fijarse la estadística oficial de uno de cada tres hogares victimizados por el crimen, agregó existe una cifra negra que arroja el que en el país, 92 por ciento de los delitos no se denuncian, misma que en Zacatecas llega a 89 por ciento.
Además, solo 8.7 de los delitos son investigados para que finalmente sea el dos por ciento de ellos los que resulten en la consignación del agresor.
Ante este escenario fue planteada la posibilidad de que la aplicación en Zacatecas de la Ley General de Víctimas aliente a la denuncia.
Pero para ello insistió Galván Klein, se requiere la capacitación de los funcionarios del sistema judicial.
Se agregó por parte de Ricardo Bermeo, derivado de la aprobación de la Ley General de Víctimas, se requerirá una diferenciación para la atención según la competencia y gravedad de los delitos contra las personas, de tal manera que se buscan generar marcos legales para ello en los ámbitos municipal y estatal.
La Ley General de Víctimas también amplía el espectro de violaciones a los derechos humanos, e incluso ante el incumplimiento en las funciones de los comisionados en esta materia o funcionarios del sistema de impartición de justicia, pueden ahora interponerse denuncias.
Esto fue dicho por Ricardo Bermeo en respuesta al comentario de Torres Inguanzo sobre la coyuntura de crisis de confianza en los ombudsman, que ha significado incluso se pida la destitución por parte de organizaciones no gubernamentales del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por omisiones graves en su actuación contextualizadas en crímenes de lesa humanidad.
En este tema se expuso otro campo para la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de conformar una contraloría social que dé seguimiento a estos procesos e involucre dijo Bermeo, a la Iglesia católica en la difusión de la información hacia las víctimas para que éstas puedan exigir sus derechos.
Por otro lado agregó, está muy bien cuidado en el articulado de la Ley Estatal de Víctimas próxima a votarse, la posibilidad de interponer denuncias ante la violación de derechos humanos por incumplimiento de la Ley General, contra entre otros actores, el Ministerio Público y la Policía.
Vacíos y esperanzas
Como vacíos sin resolver, fueron mencionados el tema de las víctimas como sujetos colectivos, que ejemplificó Marco Torres Inguanzo en las comunidades de desplazados del país o los grupos de migrantes centroamericanos.
Y con énfasis especial agregó Carlos Galván Klein, el caso de los denominados “daños colaterales”, que enfatizó en el caso de las familias y aun los vecinos de una víctima, que propuso en el contexto de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Sobre la designación de los integrantes de una Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, Ricardo Bermeo apuntó la necesidad de que más allá de que el sistema sea colegiado o unipersonal, el tema es que el responsable de la misma esté capacitado, tenga trayectoria clara de atención y apoyo a víctimas o dentro de organizaciones en defensa de derechos humanos.
En voz de Galván Klein se agregó, que más importante que el área jurídica que dijo ya está nombrada, la atención debe ponerse en la social, “porque es la que está de mano con la problemática”.
La adhesión de Zacatecas a la Ley General de Víctimas y la próxima votación de la ley estatal en la materia, dijo por último Marco Torres Inguanzo, genera esperanzas y expectativas para un tema que no ha concluido y deberá seguirse con atención en su implementación.
La inminente redacción y presentación de una reforma al campo por parte del Ejecutivo Federal, debe llevarnos a ajustar las realidades y mentalidad de los campesinos nacionales para emprender, de manera seria, una organización integral para elevar la producción.
Ante el desplome de los precios internacionales del maíz, provocado por la sobreproducción mundial en el presente año, urge que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), atienda la problemática de los productores nacionales del básico por la volatilidad de los costos en el mercado.
En un punto de acuerdo presentado el pasado mes de agosto por el secretario de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo ante la Comisión Permanente, se pidió que el gobierno federal realice “una gestión de riesgo oportuna que permita paliar el embate de la caída de precios del maíz”.
Estos mecanismos de defensa pueden aplicarse antes que la volatilidad se produzca, a fin de contemplar soluciones específicas que más se adapten a las circunstancias de cada entidad federativa, y proteger el ingreso de los productores mexicanos.
La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) ha observado en el último año una tendencia a la alza en los inventarios de maíz a nivel mundial.
Por otro lado, el último Reporte Trimestral de Inventarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), precisa que los inventarios totalizaron 178.1 millones de toneladas al 1 de marzo del presente año, equivalente a 30 por ciento más de lo captado en la misma fecha de 2013.
Esa situación “ha repercutido en la tendencia a la baja de los precios futuros de la bolsa de Chicago. Los datos presentados por ASERCA y USDA demuestran que el precio del maíz ha mostrado el peor desplome con respecto al año pasado”.
Este panorama ha originado que los productores mexicanos bajen las expectativas en la comercialización del grano básico, ya que resienten un alto impacto por el comportamiento del mercado, y a la vez, ha provocado incertidumbre respecto al precio justo que debieran captar por el maíz.
Debido a que la adquisición y la liquidación de las coberturas de riesgo se pagan en dólares, y el éxito de utilizar una de estas opciones que aseguren el precio al que se venderá el grano en el futuro, dependerá no sólo del comportamiento de los costos en el mercado mundial en el corto plazo, sino también de la cotización del peso frente al dólar.
En las reglas de operación del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados de la SAGARPA para 2014, se contemplan los Incentivos para la Administración de Riesgos de Mercado; instrumentos institucionales para enfrentar los problemas del mercado que puedan perjudicar a los productores del maíz.
Por ello, la necesidad de que el titular de esa dependencia, Enrique Martínez y Martínez, tome medidas pertinentes dentro del marco de sus atribuciones para que intervenga en la problemática de volatilidad de los precios, ya que la información sobre las tendencias y pronósticos hace necesario enfrentar estas contingencias.
José Luís Pinedo Vega, docente investigador del Centro Regional de Estudios Nucleares (CREN) y la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), denunció que en el programa de Ingeniería Química, donde se ha presentado la inconformidad de estudiantes debido a actitudes de prepotencia del responsable, prevalecen prácticas de coerción por parte de sus directivos.
A través de un documento que se distribuyó entre los estudiantes, el académico señala: “Por supuesto que había problemas de conducción del programa de IQ; problemas, que algunos desde su esfera de comodidad podían darse el lujo de subestimar y que otros simplemente teníamos que soportar. Cierto, muchos puede decirse son superfluos, otros están fuera de reglamento, pero independientemente de todo había que tratarlos”.
Para resolver el problema sugirió que Juan Manuel García González, responsable del programa, “reconozca que no tuvo y no tiene capacidad para dirigir un programa y que renuncie”, o bien, que el director lo destituya.
Aunque se cuestiona que los estudiantes están inducidos por egresados, el profesor manifestó su agrado de que sean ellos los que llamen la atención sobre los problemas, porque “por si no lo saben, en Harvard el Rector es nombrado por los egresados. ¿Por qué? Justamente porque son ellos quienes tienen la mejor perspectiva, de quién es quién en su universidad; y son ellos los que necesitan que su universidad no pierda prestigio”.
Durante mucho tiempo, dijo Pinedo Vega, mediante coerción se evitó que se dieran a conocer y se hicieran valer las firmas de los estudiantes que denunciaban problemas hace ya dos años.
Recordó que la coerción, en términos de ley, es motivo de despido y es tan grave como el acoso del tipo que sea. Por tal motivo, independientemente de la forma en que se resuelva el conflicto, exigió que no haya represalias, o bien, que en caso de que ocurra, que se atenga la ley, pero ya no el reglamento, sino la ley laboral.
Respecto a señalamientos que la protesta de los alumnos es impulsada por “fósiles”, y que ellos por reglamento deberían estar fuera de la Universidad, dijo que antes de eso deben atenderse problemas más preocupantes, porque de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, que tiene más validez legal que el reglamento, varios de los exámenes de evaluación de nuevos profesores no cumplen con las exigencias, ya que se hicieron con jurados arreglados, algunos que no pertenecen ni al programa ni a la academia, y además no hay evidencia de que los aspirantes cumplieron con los requisitos.
“Es preferible y sobre todo es responsable que haya fósiles en lugar que se les regale la calificación; cosa que finalmente se ha hecho, pero solo con estudiantes predilectos. Otro tema espinoso, los estudiantes predilectos que todos tenemos”, indicó Pinedo Vega.
Mientras tanto, los alumnos inconformes mantuvieron tomado el campus UAZ Siglo 21 durante el fin de semana, sin embargo fue liberado este domingo.
